Opinion | 12 Dic Finalmente, y como se esperaba, solo con los votos del oficialismo, fue aprobada en el Senado la ley de regulación de la venta de marihuana, la que ha sido calificada como un “experimento” de proyección mundial por el propio presidente José Mujica, pero con una eventual “marcha atrás” si las cosas no salen bien.
Se ha dicho y escrito mucho sobre esta norma en la que el gobierno se presenta como visionario y ejemplo a seguir en la lucha contra el narcotráfico, donde la marihuana es uno de los primeros escalones para quienes asoman al mundo de la drogadicción.
Debe recordarse que en su momento el gobierno presentó esta propuesta en el marco de una serie de medidas para luchar contra la inseguridad. Sin embargo es notorio que el gran problema en este aspecto es fundamentalmente la pasta base. De todas formas desde el Poder Ejecutivo se acomodó el cuerpo para llevarla al terreno de la marihuana, dejando para más adelante --suponemos-- el combatir las drogas que tienen directa incidencia en hechos de violencia irracionales protagonizados por delincuentes.
Aunque en su momento el mandatario que no iba a llevar adelante esta iniciativa si la población no la aprobaba, sin embargo Mujica siguió adelante con el proyecto pese a que unánimemente las encuestas dan a los dos tercios de la población uruguaya en contra de la legalización de la marihuana.
“La gente no nos entiende”, ha sido la razón para de todas formas promover la norma sancionada por el Senado, con la idea que si las cosas salen como esperan la ciudadanía les terminará dando la razón, y si salen mal, es decir con efectos contrarios a los que se dice promover, también el presidente consideró que habría una “marcha atrás” en el experimento en que nos asomamos al Primer Mundo como innovadores.
La nueva legislación establece la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), como una persona jurídica de derecho público no estatal. Las funciones de esta nueva institución serán fiscalizar que se cumpla la ley, otorgar y llevar el registro de licencias a los productores y vendedores, así como aplicar sanciones en caso de que la ley no se cumpla, entre los aspectos a destacar.
A la vez, se permite la plantación, cultivo y cosecha con fines no médicos, así como la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos destinados al consumo personal o compartido en el hogar, de hasta seis plantas y un máximo de 480 gramos anuales de producto recolectado.
Cualquier plantación no autorizada deberá ser destruida con la autorización del juez competente.
Se permite el uso de la marihuana con fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica. En ese caso, el organismo encargado de autorizarlo y controlarlo es el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, si se tratara exclusivamente del cannabis, quien lo controlará y autorizará será el Instituto Nacional del Cannabis.
Por otro lado se autorizarán clubes, que deberán tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios. Podrán plantar hasta 99 plantas de uso psicoactivo y obtener como producto de la recolección de esas plantas un máximo anual proporcional al número de socios (480 gramos por persona, por año). Serán controlados por el IRICCA y deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo el gran problema que evidentemente enfrentaremos los uruguayos es que el Estado es incapaz de controlar nada. De hecho, quedó demostrado que ni siquiera puede hacerlo en el caso de la prostitución infantil, donde el INAU aparece cuando surge un escándalo como el de la “Casita del Parque” para, después que la bomba le estalló en la cara, salir a denunciar supuestas confabulaciones, mientras jamás ve lo que ocurre en la propia calle a la vista de todos, o hasta en sus propias instalaciones, desde donde los “clientes” sacaban a las “víctimas” del abuso. Tampoco ha podido controlar el consumo de alcohol en espacios públicos o por menores de edad, en “previas” --encuentros de jóvenes antes de salir-- o hasta conduciendo temerariamente en motos u automóviles mientras continúan ingiriendo bebidas alcohólicas. Y aunque hasta ahora el consumo de cannabis era ilegal, ni aun así se controlaba a los conductores que estuvieran bajo los efectos de esta droga, aunque sí se pone énfasis en la “tolerancia cero” al alcohol.
Por otra parte, el Gobierno aseguró que la marihuana “oficial” será identificable porque se trata de un “clon” --según palabras del presidente Mujica--, lo que sugiere que se trata de un transgénico, a lo que cabe preguntarse si este será apto para consumo humano, más allá que no existe marihuana saludable. De todas formas, es absurdo pensar que la policía o cualquier organismo del Estado vaya a detener a un consumidor para determinar ipso facto si el porro que está fumando es “legal” o no.
Con estos argumentos entre un infinito cúmulo de interrogantes que surgen, da para pensar que hay demasiada improvisación en la propuesta, y que las respuestas que ensaya el gobierno apuntan a tapar el ojo de la ciudadanía, con la esperanza que los beneficios de la liberalización de la droga, tanto en un aumento de la seguridad pública como en disminución de la violencia, así como probablemente un incremento en la recaudación a través de impuestos y alguna cosa más, sean más convincentes que los posibles efectos indeseados.
Por el bien del Uruguay, esperemos que les salga bien la apuesta al “todo o nada” a la que nos están obligando a jugar. Y que si efectivamente las cosas empiezan a irse de las manos, el presidente cumpla sin demoras su palabra y “dé marcha atrás”. Por ahora, nos guste o no, las cartas están echadas.