Nacionales | 16 Dic El Ejecutivo destinó de enero a noviembre tres millones de dólares en misiones oficiales al exterior. Entre ministros y subsecretarios realizaron 141 viajes y hay funcionarios que recibieron US$ 5.000 de viático para unos pocos días en Buenos Aires, según El País.
El presidente José Mujica está preocupado porque los ministros redoblen esfuerzos y concreten todos los planes previstos antes del final del mandato. De hecho, en uno de los últimos Consejos de Ministros les dijo a los secretarios de Estado “nada de vacaciones” porque “hay mucho para hacer”.
Mujica les pidió también, según informó el semanario Búsqueda, que prioricen los viajes al interior del país, en lugar de al exterior, para acercarse al “país real” porque “afuera no votan”. Integrantes del Poder Ejecutivo han pasado este año varias días afuera del país y de enero a noviembre, solo los ministros realizaron en total 76 viajes. El canciller Luis Almagro, para quien los viajes son frecuentes por su tarea específica, salió del país en 20 oportunidades a compromisos en los distintos continentes, en los que gastó US$ 40.363.
Almagro es seguido por el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, con once viajes y US$ 25.321 gastados; el de Vivienda, Francisco Beltrame, con ocho y US$ 9.152; la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, con siete y US$ 13.778; y los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, e Interior, Eduardo Bonomi, con seis viajes cada uno y US$ 6.322 y US$ 9.007 de gastos, respectivamente.
Los ministros gastaron en total por viajes al exterior al menos US$ 200.000. En algunos casos no especifican gasto de pasaje o viáticos y en otros, los jerarcas explicaron que el gasto de pasaje o viático corren por cuenta de la organización del evento al que asiste la autoridad.
Hay subsecretarios que viajan más que sus ministros. Tal es el caso del subsecretario de Transporte, Pablo Genta, o el de Industria, Edgardo Ortuño. En total los subsecretarios de las distintas carteras acumulan 65 viajes en los que se destinó US$ 198.649, casi la misma cifra que los ministros.
El presidente Mujica viajó menos que el año pasado pero hizo más kilómetros y gastó más dinero. Hizo siete viajes y, aunque la mayoría fueron en la región (Venezuela, Chile, Perú y Paraguay), realizó una megagira por China y Europa y estuvo en Nueva York para la Asamblea Anual de la ONU. En total, Mujica junto a la delegación fija que lo acompaña gastaron unos US$ 144.000 en las misiones oficiales durante 2013.
Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori viajó bastante menos que en 2012. El año pasado hizo nueve viajes y este año solo cuatro, visitando Roma para la asunción del papa Francisco, Colombia, Brasil y recientemente Israel. En estos viajes gastó US$ 27.116.
Sin embargo, Astori, al igual que Mujica, no suele viajar solo. Su comitiva, en cambio, se reduce a un edecán. Si se suman los gastos de la comitiva, Astori gastó en total US$ 35.339.
En total, de enero a noviembre, el Poder Ejecutivo realizó 1.003 viajes a distintas partes del mundo, en los que destinó casi tres millones de dólares, según las resoluciones oficiales que están publicadas en la página web de la Presidencia de la República. Las del mes de noviembre aún no están todas procesadas, y solamente figuran unas pocas.

PREOCUPA CALIDAD DEL AGUA EN CANELONES
El secretario general de la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que en la comuna canaria existe preocupación por la calidad del agua y propuso “apretar un poco las clavijas” a la industria y el sector agrícola.
El área metropolitana se abastece de agua potable en la cuenca del río Santa Lucía y según Orsi, “precisamos ajustar un poco más o apretar un poco más las clavijas en el tema de la responsabilidad a la hora de relacionarse con el ambiente. Estoy hablando de la industria, de la producción agrícola, de cómo nuestras ciudades tratan los cursos de agua”, agregó el funcionario a radio Montecarlo.
En este sentido dijo que la comuna tiene “planes concretos” para mitigar los vertidos y uno de ellos es un “plan de medidas cautelares en las márgenes de ríos y arroyos” para “poner reglas de juego claras de qué se puede hacer y qué no”.
En marzo pasado, el mal olor del agua potable y la presencia de “algas” potencialmente tóxicas en la cuenca del río Santa Lucía llevó a que OSE decida ejecutar un plan global que implica millonarias inversiones.
En agosto, el plan para prevenir la contaminación del río Santa Lucía comenzó a concretar plazos y hubo intimaciones directas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a OSE y a 24 empresas para que presenten medidas y respuestas.

MEGAOPERACIÓN ANTIDROGA NO PROBÓ LAVADO
Millonarios bienes embargados en la megaoperación contra el narcotráfico denominada Campanita retornarán a sus dueños porque la Justicia no pudo probar el delito de lavado de activos y uno de ellos es la torre Tamaro en Punta del Este.
La jueza penal de 14º turno, María Helena Mainard, levantó días atrás el embargo que pesaba sobre la torre Tamaro de Punta del Este, una de las tantas propiedades intervenidas durante la investigación judicial del megaoperativo “Campanita”. Fue el más grande de los procedimientos realizados contra el narcotráfico hasta 2006, con la incautación de 350 kilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades, entre ellas un laboratorio en Parque Batlle. Hubo decenas de detenidos y unos 30 procesados, entre ellos el abogado Carlos Curbelo Tamaro. La lujosa torre Tamaro en Punta del Este fue embargada a pedido del entonces fiscal Diego Pérez por la anterior titular del referido juzgado, la magistrada Adriana de los Santos, hoy al frente de uno de los dos juzgados anticorrupción.
Pérez solicitó a De los Santos que trabara embargo sobre este complejo edilicio por la presunta vinculación que tenía el inversor con la banda de narcotraficantes y fundamentó su pedido a partir del testimonio brindado por uno de los narcos, quien al ser interrogado en sede judicial dudó del origen de los fondos manejados por el inversor. Sin embargo, los abogados del inversor argentino demostraron que su cliente no tenía vinculación alguna con los narcos. Por lo tanto, la jueza Mainard dispuso el levantamiento del embargo de la misma forma que ocurrirá con otros edificios y apartamentos embargados a partir del testimonio de los narcotraficantes. La situación deja expuesto al Estado a demandas millonarias por daños y perjuicios ya que no se encontró prueba que justificara el embargo durante dos años de al menos una sociedad anónima y decenas de inmuebles.

LEY PARA 30 MIL EMPRESAS DEUDORAS
Unas 22.000 empresas adeudan US$ 94 millones al Banco de Previsión Social (BPS) por reclamos de trabajadores, convenios incumplidos y declaraciones juradas de no pago, según datos estadísticos oficiales a los que tuvo acceso El País.
En Uruguay operan unas 130 mil micro y pequeñas empresas de Industria y Comercio, de las cuales unas 22.000 tienen algún tipo de deudas con el BPS, según señalaron representantes del gobierno en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.
A esa lista de empresas se incluye clubes de fútbol de Primera y Segunda División que adeudan aportes personales al BPS, lo cual expuso a dirigentes de fútbol a denuncias penales por apropiación indebida. Los dirigentes firmaron declaraciones juradas de no pago y de esa forma dejaron constancia escrita que retuvieron aportes que retiraron de los salarios de los futbolistas y no los volcaron al BPS. Para solucionar estas situaciones, el Senado tratará el próximo miércoles un proyecto de ley que extiende facilidades de pagos dispuestas por dos leyes (17.963 y 18.607). La iniciativa cuenta con media sanción en Diputados y fue votada en forma afirmativa en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado el jueves 12.
Las micro y pequeñas empresas deudoras podrán acogerse a facilidades de pago de hasta 36 y 72 cuotas, mientras que las entidades deportivas se beneficiarán con planes de hasta 120 cuotas.
La iniciativa de ley innova en tres aspectos. Señala que los trabajadores no dependientes deudores no podrán acogerse a la prescripción --un modo de extinción de las obligaciones-- y, por ende, sus jubilaciones se verán afectadas por dichas deudas. El segundo aspecto innovador es que permite que a los monotributistas se les reconozca hasta cinco años no aportados y el tercero, habilita al BPS a dictaminar la clausura de empresas por casos que no están estrictamente incluidos adentro de la defraudación fiscal.
También habilita al BPS por mayoría de sus miembros a otorgar facilidades de pago en forma especial a un grupo de empresas medianas y grandes.