Opinion | 18 Dic En las últimas horas se supo que la Suprema Corte de Justicia decidió, por medio del voto unánime de sus cinco ministros, formular un “llamado de atención” a la jueza Mariana Mota por entender que sus declaraciones, cuestionando el pedido de procesamiento que realizó el fiscal Gustavo Zubía por la asonada al Palacio de Justicia Piria, violaron el Código de Ética Judicial Iberoamericano.
Según indica El País, en entrevista con este matutino realizada en setiembre, Mota cuestionó: “Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve todo el tiempo adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que vi, no se configuró, porque no hubo impedimento para que se desarrollara el juramento. Es horrible que se criminalice algo que no generó resultado lesivo para nadie (…) Me parece lastimoso que se haga tanta historia por un episodio que si bien fue algo fuera de lo normal, no hubo ninguna persona lesionada”.
Debe tenerse presente que la jueza se encargaba de varios casos relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y fue trasladada de la justicia penal a la civil por decisión de la Suprema Corte de Justicia, que argumentó razones de mejor servicio, en una medida que naturalmente está dentro de sus competencias y que es además habitual en el sistema judicial.
En el acto en el que el traslado se hizo efectivo, el 15 de febrero de 2013, tuvo lugar una asonada en la que resultaron procesados sin prisión siete manifestantes. Respecto a la decisión de los ministros, uno de ellos explicó que se trata de “un tirón de orejas: No corresponde que una magistrada opine sobre un dictamen de un fiscal, en función de lo que prevé el Código de Ética Judicial Iberoamericano”.
Es decir que la magistrada, que actúa ahora en la órbita del derecho civil, recibió una observación que igualmente no se incorpora a su legajo y que no afectaría su carrera, pero el punto es que no estamos ante un hecho aislado sino que forma parte de una cadena de presiones, cuestionamientos y acusaciones veladas o encubiertas desde diversos sectores que pretenden poner en tela de juicio su imparcialidad.
Ocurre que el Poder Judicial es asediado desde sectores del sistema político y recibe presiones de grupos radicales de izquierda que están embanderados con causas en las que no se está buscando justicia en base a la normativa vigente, sino que se lanzan consignas y se registran hechos como la citada asonada en la sede de la Suprema Corte de Justicia por lo que se dice querer hacer justicia, precisamente llevándose por delante la ley.
Es que el razonamiento de estos grupos radicales es que, como se sienten dueños de la verdad, todo lo que obstaculice su causa lo enmarcan en una conspiración o acción del “enemigo” constituido o en connivencia con la derecha “oligarca”.
Ergo, asumen que todo lo que se haga en favor de su causa, aún en claro atropello a la ley, es de recibo, porque separan el mundo entre los “buenos” (ellos) y los “malos” (todos los demás), que se oponen por acción o por omisión a sus reivindicaciones, aunque éstas no se atengan a las formalidades de la ley.
En el caso de la jueza Mariana Mota, es notorio que su actuación ha ido más allá de lo que debe esperarse de un juez, y en su momento hasta se la vio participando en una marcha reivindicativa por los derechos humanos, sobre lo que recibió una observación, lo que por supuesto no es una buena señal de imparcialidad para una jueza que precisamente se ha especializado para actuar en los casos de violaciones a los derechos humanos.
El punto es que un juez debe siempre ser un instrumento de imparcialidad por sobre todas las cosas, y cuando en las decisiones se es permeable a la influencia de la ideología e inclinaciones políticas, o por lo menos todo indica que se está perdiendo objetividad, nos encontramos ante una justicia influenciada políticamente, y una prueba de este desvío sobre lo que establece la ley es el intento de minimizar los graves incidentes registrados en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Es que la Justicia es mucho más que lanzar consignas y pretender manipular a la opinión pública para hacer creer que las “pruebas” son incontrastables, sino que todo debe demostrarse ante la ley, sin desconocer pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia y mucho menos lo que ha decidido la ciudadanía en sendos plebiscitos, aunque no guste el pronunciamiento popular.