Opinion | 16 Dic Más allá de que se compartan o no los objetivos y la motivación de la recientemente aprobada Ley de Legalización de la Marihuana, entre los elementos planteados por la oposición durante el tratamiento parlamentario de la norma figuraron posibles inconstitucionalidades referidas al monopolio estatal y la creación de un instituto con cargos en pleno año electoral, entre otras observaciones de este tipo.
El punto es que, llegado el caso, pueden plantearse ante la Suprema corte de Justicia los referidos recursos de inconstitucionalidad por opositores a la norma, y eventualmente contarse con un pronunciamiento favorable del máximo órgano de justicia del país, y por lo tanto poner en un tembladeral toda la ley trabajosamente negociada en la interna de la propia fuerza de gobierno.
La pérdida de tiempo y la discusión interna, así como el debate que se ha desatado al respecto en toda la sociedad y sectores representativos del quehacer nacional, sería lo de menos, al fin de cuentas, porque lo medular del tema es que el gobierno recae una y otra vez en estas prácticas ajenas al estado de derecho, porque ya se registraron varios casos de este tipo durante el gobierno de izquierda.
No es un aspecto menor, sino que justamente una de las preocupaciones de empresarios, de inversores extranjeros, de asesores jurídicos de compañías multinacionales que han apostado a Uruguay, está referida a los inconvenientes con las reglas de juego, a confusiones que se generan por decretos que chocan con leyes, y a leyes que chocan con la Constitución durante los dos últimos gobiernos.
Ultimamente se han registrado varios casos de problemas en las reglas de juego, porque fundamentalmente se han aprobado leyes por la mayoría oficialista que la Corte declara posteriormente como inconstitucionales, así como también decretos que conllevan la idea de sustituir una futura ley hasta que ésta se apruebe.
Lo que se genera en realidad es una gran incertidumbre, una inseguridad jurídica que en los hechos conspira contra la propia intención que se tiene al aprobarse la norma en cuestión. Se pierde tiempo y esfuerzo y se tiende a crear la sensación de duda que conspira contra lo que se quiere llevar adelante contra viento y marea.Es decir que los legisladores de gobierno miden solo la intención, cierran los ojos y van para adelante, atropellando la Constitución y las leyes porque “está bien” lo que se aprueba, ignorándose que hay un marco constitucional que debe respetarse porque es el que ofrece garantías a todos los ciudadanos, durante cualquier gobierno, tanto los “buenos” como los “malos” en la particular óptica de sectores radicales que ponen las cosas en blanco y negro con tal de arrimar agua para su molino.
Y el aspecto que debe tenerse en cuenta es que tal como se perfila ahora con la Ley de la Marihuana, no se trata de una “sorpresa” la declaración de inconstitucionalidad, sino que el gobierno ha sido advertido varias veces al respecto, pero igual se continuó adelante para “ver que pasa”.
Lo que no solo está mal, sobre todo porque el gobierno debe ser el primero en respetar la Constitución, y en crear la seguridad jurídica, sino porque además, cuando surge la declaración de inconstitucionalidad inevitable por la Suprema Corte, sectores del gobierno se “victimizan” y dicen que son objeto de una campaña desde la derecha que es prohijada por la Suprema Corte de Justicia, cuando de lo que se trata no es de considerar si una ley es buena o es mala, sino si respeta el ordenamiento establecido en la Constitución desde el punto de vista técnico y despojándose de las consideraciones políticas.
Es decir que resulta fácil echarle la culpa a otro --en este caso a la Suprema Corte-- de poner “palos en la rueda”, pero no es tan sencillo aceptar que todos los constitucionalistas, sean de derecha, centro o de izquierda, piensan lo mismo sobre algunas leyes, porque violan el ABC de lo establecido en la Carta Magna.
De nada sirve crear luego teorías conspirativas para tratar de explicar lo que se entiende solo por la tesis expresada por el presidente José Mujica de que lo político está por encima de lo jurídico, porque hay un “corsé” institucional que molesta, como si solo fuera un formalismo sin importancia, y no lo que verdaderamente es: el pilar que da garantías para que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, más allá de quien ejerza circunstancialmente el poder.