Opinion | 21 Dic Entre los entuertos generados en el marco del proceso de liquidación de Pluna y acciones para crear una nueva empresa en manos de los ex funcionarios del ente, con dinero o garantía del Estado, figuró sin dudas la ley en la que se apoyó el gobierno para llevarlo a cabo, la que fue declarada inconstitucional posteriormente por la Suprema Corte de Justicia.
En las últimas horas el presidente José Mujica dijo que no se explica por qué el abogado Ricardo Olivera García, redactor de esa ley, continúa trabajando para el fideicomiso de Pluna SA, y consideró que no se entendieron “los hechos ocurridos”.
En la reciente interpelación a los ministros de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y de Economía y Finanzas, Enrique Pintado, la oposición cuestionó que el profesional continuara trabajando luego de que la ley que redactó y que estableció la liquidación especial para Pluna S.A. fuera declarada inconstitucional. Incluso desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se promovió una moción para “exhortar al Poder Ejecutivo” a terminar la vinculación con Olivera García.
En diálogo con el semanario Búsqueda sobre este tema, el mandatario expresó que “tengo mi respeto por el señor Olivera García. No es un asunto personal, es una cuestión de Estado, de gobierno. De eso se trata, pero la verdad sea dicha creo que no hemos entendido los hechos ocurridos. No entiendo qué hace aún el señor trabajando para el fideicomiso y antes trabajando de los dos lados del mostrador. No tengo problema en reiterar que nos comimos la pastilla con este señor”.
Es que en su momento el presidente también había señalado que “nos comimos la pastilla” al adherir y llevar adelante con apoyo en la normativa redactada por Oliveira el proceso de liquidación de la ex empresa estatal, el que ha dejado pérdidas del orden de los trescientos millones de dólares para el Estado.
Ocurre que si bien efectivamente se creyó a pie juntillas por hombres de gobierno que la ley iba a permitir liquidar definitivamente el asunto desde el punto de vista legal, durante el proceso surgieron numerosas voces, incluyendo a destacados juristas que advirtieron que la ley iba a ser declarada inconstitucional, teniendo en cuenta sus alcances.
Pero además, una vez se pronunciara la Suprema Corte de Justicia, cuando el mandatario reconoció que “nos comimos la pastilla”, lo dijo como si fuera un observador de afuera y no el presidente, aparentemente, porque no tomó ninguna medida consecuente.
Y no es de recibo que ahora diga no entender “qué hace aún este señor trabajando para el fideicomiso”, cuando debió haber instruido inmediatamente a sus colaboradores para que cesara en funciones el asesor legal que había protagonizado un trabajo deficiente desde el punto de vista profesional.