Opinion | 17 Dic Prácticamente se ha consumido el 80 por ciento de la Administración Mujica --mucho más en lo que refiere a la posibilidad de gobierno efectivo, teniendo en cuenta que el próximo año ya tenemos encima la campaña electoral-- y ha quedado nuevamente postergada la reforma del Estado, la “Madre de Todas las Reformas” que había proclamado al comienzo de su mandato el expresidente Tabaré Vázquez, hace ya ocho años.
Durante su administración las acciones en este sentido solo se limitaron a los anuncios, porque en cuanto el exmandatario intentó mover un dedo al respecto, se encontró con el rechazo unánime de los sindicatos de funcionarios públicos y de todo el Pit Cnt en realidad, así como la resistencia indisimulada de sectores de su propio gobierno que hacen causa común con los sindicatos.
Estos, por supuesto, no tienen ningún interés en cambiar cosas que les son ampliamente favorables, como las condiciones de trabajo livianas, horarios muy cómodos, inamovilidad y una serie de beneficios en cuanto a días de asueto y otras condiciones que no tienen ni por asomo los asalariados del sector privado.
Pero el gobierno debería ser otra cosa, es decir contemplar los intereses generales y no los sectoriales. Pero los sindicatos a través del Pit Cnt han estado en primera línea en el apoyo para que el Frente Amplio llegara al poder, e incluso hay legisladores sindicalistas y una interrelación muy profunda, que hace que el movimiento sindical le haya doblado el brazo a todo intento de siquiera arañar la reforma del Estado.
A Mujica no le ha ido distinto en cuanto a resultados e intenciones, por cuanto salvo dichos del mandatario en cuanto a la escasa disposición al trabajo de los funcionarios públicos, en los hechos solo se ha tratado de reflexiones filosóficas, que no se han traducido en acciones.
Se han perdido ya casi nueve años, por lo tanto, desde el anuncio de la Madre de Todas las Reformas, que sigue en la nada, postergada sin tiempo y en cambio lo que se observa es desinterés en torno al tema.
El vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, al ser preguntado por El País al respecto, indicó que “más que dejarla de lado, estamos atrasadísimos. Es una reforma que tiene diversas velocidades porque encuentra posibilidades de avance distintas según la institución. Y muchas veces es la propia institución a reformar la que genera resistencias al cambio. Y aquí tenemos que aplicar lo de las conductas corporativas. Hubo conductas corporativas que obstaculizaron avances que iban claramente en la dirección de la modernización institucional. Por ejemplo, es notorio que en el área de los transportes, los trabajadores del ferrocarril no empujaron la reforma que hubiera necesitado el país. Hay cuatro categorías de temas muy importantes. Primero, las instituciones. La reforma del Estado implica cambios en las instituciones, siempre tendientes a la modernización, la especialización. Segundo, los recursos humanos: su ingreso, su promoción, su capacitación, su formación como funcionarios públicos. Tercero, la incorporación de tecnología. Pero este es un problema tremendo porque no es una tecnología, son muchas. Y, finalmente, la gestión. Hemos avanzado en algunas normas sobre los funcionarios. La tarea de modernización institucional va a distintas velocidades y la incorporación de tecnología también. Y en la gestión, veo desequilibrios importantes”.
Pero el punto es que este tema no ha ocupado la agenda de la coalición de izquierdas. En cambio sí se ha dado prioridad tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo al tratamiento de leyes propias de estados nórdicos, porque se ha distraído un tiempo valiosísimo en el gobierno en promover, tratar y aprobar la norma sobre la unión concubinaria para prácticamente sustituir el matrimonio civil, así como permitir el matrimonio homosexual, como si en ello le fuera la vida al país, al igual que la ley que legaliza la venta de marihuana; leyes estas que seguramente son discutibles, pero que involucran a menos del 0,5 por ciento de la población, y ni siquiera son populares.
Es decir que se ha postergado lo importante, para no chocar con los sindicatos y otros sectores que se oponen a los cambios, tratándose de una actitud netamente conservadora que no permite siquiera iniciar los cambios que el país necesita para modernizarse, lo que por cierto dista un abismo de la mentalidad “progresista” que tanto se pregona desde el oficialismo.