Opinion | 19 Dic Por tercera vez se concretó un llamado a sala a ministros de Estado en relación con el espinoso tema de Pluna, y por cierto que el ingrediente adicional en esta oportunidad tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley por la Suprema Corte de Justicia, que ha dejado en fojas cero todo el proceso iniciado con las instancias previas a la aprobación de la propia norma.
Nuevamente, las mayorías parlamentarias regimentadas del partido de gobierno dieron por satisfactorias las explicaciones de los titulares de las carteras de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, desde que ya antes de lo que se dijera en sala había intención manifiesta de hacerlo, en la tesitura de que a esta altura ya las posiciones son inamovibles y lo que se hizo, hecho está.
Sobre todo, hay reticencia a reconocer errores y mucho más a desandar lo que pueda retrotraerse a la situación anterior sin pagar costos políticos, que los hay naturalmente, y muchos, tan pronto se analiza desapasionadamente el proceso y los argumentos manejados.
Además, cuando estamos ingresando en el año electoral, en el que las pasiones se exacerban y nadie quiere tener la culpa, cuando llueven acusaciones desde la oposición que apuntan también a sacar réditos políticos del traspié del equipo económico, se crea asimismo un mecanismo de autodefensa que intenta cerrar a cal y canto las brechas por las que pueden herir las críticas y los cuestionamientos que puedan tener impacto negativo en la opinión pública.
El punto es que más allá de los errores, marchas y contramarchas en este desprolijo proceso, el mayor error del Frente Amplio fue cerrar en su momento la posibilidad de la creación de una comisión investigadora en el Parlamento acerca del tema Pluna, cuando siendo oposición había promovido y apoyado numerosas comisiones investigadoras sobre diversos temas, porque es una forma de hacer más transparente la gestión de los organismos del Estado ante la ciudadanía, y porque además en estos casos es tan importante el ser como el parecer.
Por lo tanto esta reticencia ha alentado especulaciones, trascendidos, cuestionamientos, informaciones confusas y versiones sobre eventuales acciones irregulares, y por lo tanto el partido de gobierno está recibiendo de su propia medicina, apelando en todo momento a minimizar riesgos a través de las mayorías parlamentarias “de yeso” con que cuenta.
En esta última interpelación, Fernando Lorenzo dijo que “aquí está el ministro de Economía para hacerse cargo de los resultados”, desafiante y enfático, según indican observadores del ámbito parlamentario.
Nunca antes este dirigente astorista, afectado notoriamente por las consecuencias de este proceso, había dicho de forma tan clara que está dispuesto a afrontar las consecuencias. “Acá está el ministro, aunque los resultados no son los que esperaba”, insistió con gesticulaciones, de cara a los legisladores del Partido Nacional, que una vez más lo llevaron a él, junto al titular de Transporte, Enrique Pintado, a enfrentarse al Parlamento por el fracaso de Pluna. Para Lorenzo, asumir las responsabilidades políticas también implica seguir trabajando para lograr los objetivos. “Pero esto no nos hace infalibles”, aclaró el titular de Economía.
La oposición, con el senador Carlos Moreira a la cabeza, insistió con que jerarcas del gobierno, desde el vicepresidente Danilo Astori hasta otros funcionarios de segunda línea de los ministerios, deben asumir, de forma personal, las pérdidas millonarias por el tema Pluna, que se estima no menores a los 300 millones de dólares, es decir mucho más que los doscientos millones de dólares que insumió el plan de emergencia social llevado adelante por el gobierno.
Moreira, incluso, le dijo directamente a Astori que tenía que sacar plata de su bolsillo para reparar el daño económico de la garantía de los aviones que él mismo aceptó y firmó con Leadgate en 2007. “Que Astori baje a este recinto para dar explicaciones sobre este tema con la brillantez que lo caracteriza”, dijo.
A su vez el presidente del Banco República, Fernando Calloia, otra vez eludió el llamado a la interpelación, cuando su institución aseguró una garantía “perfecta” que no era tal ni por asomo, a la empresa Cosmo.
Pero más allá de los extremismos, la realidad es que hay errores y errores. Porque pasar por arriba a la Constitución –desatendiendo con soberbia las advertencias desde la oposición--, ignorar los pasos que se deben seguir en un remate tan importante como el de Pluna, prácticamente digitando la venta al punto que terminó en nada y cobrando en cuatro años y en cuotas una garantía que debía pagarse al contado y al instante, regalar los aviones que no les pertenecen al Estado sino a los acreedores de la empresa fundida, a una cooperativa de exempleados en formación, entre un sinnúmero de barrabasadas, deja de ser un simple error. Son demasiado gruesos para que “se les pasen” a un ministro de Economía o a un director del principal banco del Uruguay. Y no alcanza con cometer estos “errores” con buenas intenciones, apostando a que las cosas salgan tan bien que no importe si hubo que pisotear las normas para lograrlo. Sin embargo, como era de suponer, al igual que en los estados totalitarios de partido único, todo terminó sin consecuencias.
En suma, con marchas y contramarchas, el tema no solo no está claro, sino que está aún lejos de cerrarse.
Lo que sí es seguro que a los uruguayos nadie nos va a devolver los 300 millones de dólares que hemos perdido por seguir sosteniendo y luego liquidar Pluna, y sobre todo para terminar financiando de una forma o de otra una nueva aventura por una línea aérea de bandera nacional que nadie necesita. Pero para sostenerla siempre habrá que poner nuevamente mucha plata, como si ésta brotara de las piedras y no del bolsillo de los sacrificados uruguayos.