Locales | 22 Dic La jueza Adriana de los Santos accedió al pedido del fiscal Juan Gómez y procesó con prisión al expresidente del directorio de Pluna SA y CEO de Leadgate, Matías Campiani, y sus socios en Leadgate, Sebastián Hisch y Arturo Álvarez Demalde, por el delito continuado de estafa especialmente agravado.
Lorenzo y Calloia tienen pedido de procesamiento solicitado por el fiscal suspendido, hasta que la Suprema Corte decida sobre el recurso de inconstitucionalidad. En tanto, el escribano Pablo Seitún fue procesado sin prisión por certificación falsa. Campiani y sus socios permanecerán una semana en el Centro de Diagnóstico, donde funcionaba cárcel Central y luego serán enviados a un centro penitenciario del Interior.
La defensa de Fernando Lorenzo, que encabeza el abogado Amadeo Otatti, logró aplazar el pronunciamiento de la Justicia sobre el renunciante ministro de Economía, al igual que lo hizo la defensa del presidente del BROU, Fernando Calloia. Si bien ninguno de los dos tiene cierre de fronteras, deben estar a la orden del juzgado.
Ambos defensores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones que el fiscal pidió tipificarles. El expediente deberá ir a la Suprema Corte de Justicia, por lo que el fallo con respecto a Lorenzo y Calloia demorará varios meses.
Al momento de retirarse del juzgado, Lorenzo dijo que estaba tranquilo, aunque le temblaba notoriamente la voz y tenía los ojos llorosos. “Me voy como llegué, caminando como cualquier ciudadano a encontrarme con mi familia”, agregó. Incluso tuvo palabras de agradecimiento para el presidente José Mujica por el apoyo que le dio y dijo que “autocríticas ya hice. Y seguramente no necesite hacer más”.
Por su parte, Otatti cargó las tintas contra el delito de abuso de funciones y explicó por qué planteó la inconstitucionalidad. “Tiene determinadas características que hacen que sea una norma absolutamente imprecisa. Es una suerte de cajón de turco, donde puede entrar prácticamente cualquier cosa”, consignó. A la salida del juzgado, Calloia apenas hizo declaraciones y aclaró que no renunció a su cargo, sino que salía “optimista”.

EL CASO
A instancias de una denuncia del Partido Nacional, Campiani enfrentó una serie de acusaciones sobre irregularidades en el desarrollo de su gestión como gerenciador de Pluna entre 2007 y 2012.
Hace unos días Campiani advirtió en entrevista con El País que todos los ejercicios de la asociación Leadgate-Pluna fueron aprobados por el gobierno uruguayo. La justicia interrogó sobre los detalles de la compra de los aviones a Bombardier --propiedad de Scotiabank, uno de sus principales acreedores-- y otras operaciones que están bajo sospecha.
El legislador blanco Carlos Moreira aseguró que existen actos de corrupción en torno al cierre de la aerolínea y dijo que la cláusula de indemnidad civil firmada entre el gobierno y Campiani es una “suerte de pacto de silencio”. Los tres ejecutivos fueron relacionados en la operación que terminó con el cierre de la aerolínea de bandera uruguaya.
A mediados de junio de 2012, las acciones de la empresa fueron devueltas a Pluna 14 días antes que el gobierno decidiera el cierre de la aerolínea. El pasivo fue estimado en 301 millones de dólares, en tanto que el activo alcanzó los 290 millones, según información oficial.