Nacionales | 24 Dic El senador del Partido Nacional, Segrio Abreu, tiene decidido ampliar la denuncia por el caso Pluna para que la Justicia investigue, como indagado, al empresario argentino Juan Carlos López Mena, propietario de la naviera Buquebus y la aerolínea BQB.
Abreu dijo a El Observador que planteará su decisión al resto del Partido Nacional para que haga suya la denuncia. Consultado por Subrayado Abreu aseguró que si sus compañeros de partido no lo acompañan, presentará por su cuenta la denuncia contra López Mena.
“López Mena declaró como testigo pero debe ser citado como indagado. Él fue quien trajo al empresario que cambiaba su nombre, el representante de Cosmo, fue su maniobra al punto tal que después se hizo cargo del aval ante el Banco República”, explicó Abreu a Sub rayado.
Según el senador y precandidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, “López Mena debe ser denunciado por estafa. Él estaba detrás de todo”, apuntó.
El fiscal del caso Pluna, Juan Gómez, anunció que continuará con las indagatorias y que probablemente amplíe las responsabilidades penales a otras personas.
Lo escribió en el último párrafo de su dictamen, en el que pidió el procesamiento con prisión de los exdirectores de Leadgate Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, además del procesamiento sin prisión del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Calloia.
El dueño de Buquebus y BQB presentó al gobierno a Hernán Antonio Calvo Sánchez, representante de la aerolínea española Cosmo, quien resultó ser el único oferente por los aviones de Pluna en la subasta pública de octubre de 2012.
Aunque no lo dijo, luego se supo que Calvo Sánchez había sido empleado de López Mena en Buquebus, y que es padrino de uno de sus nietos. Los dueños de Cosmo en España desconocían que Calvo Sánchez se había presentado al remate y que había comprado siete aviones de Pluna por U$S 137 millones. Cosmo no tenía dinero ni para pagar la garantía de mantenimiento de la oferta, que eran U$S 13,6 millones.
Finalmente, ni Cosmo ni Calvo Sánchez pagaron el aval que recibieron del Banco República y López Mena se hizo cargo, comprometiéndose a pagar los U$S 13,6 millones. “Insisto, López Mena estaba atrás de toda la maniobra y debe ser indagado por la Justicia”, concluyó el senador Abreu.
Ocho ómnibus en
apoyo a Lorenzo
El principal dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, anunció que se contrataron dos ómnibus para que trabajadores de varios sectores participen en la caravana que se hará en apoyo al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. El grupo Banderas de Líber, del Frente Líber Seregni, confirmó que otros seis ómnibus partirán desde Montevideo hacia Araminda.
Según informó Read a El Observador, los trabajadores “de la bebida, de la carne, de la pesca, de metalúrgicos y del Sunca”, contrataron dos ómnibus para participar en la marcha que se realizará el próximo jueves para apoyar a Lorenzo, luego de que haya renunciado a su cartera el sábado pasado, para declarar ante la Justicia.
“Él tuvo un gesto que pocas veces se ha visto en la política uruguaya. Un ministro renuncia a su investidura para presentarse como un ciudadano corriente ante la Justicia. La falta de ética lleva a que normalmente sea al revés”, dijo el dirigente y agregó que “merece todo el respaldo, el apoyo y el orgullo de tener un político de estas características”.
Por su parte, Banderas de Líber, del Frente Líber Seregni, emitió un comunicado en el que afirma que ya son seis los ómnibus contratados para la caravana, que saldrán desde diferentes puntos de Montevideo. En el comunicado, el grupo anuncia su “solidaridad por la situación que está pasando” Lorenzo, y recuerda que el dictamen del fiscal de la causa, Juan Gómez, indica que “no evidencia una intención de enriquecimiento personal” por parte del exministro, ni del presidente del BROU, Fernando Calloia.
“En el decurso de toda la investigación cumplida no emergen siquiera indicios de que las diversas conductas cumplidas por funcionarios públicos estuvieran motivadas en propósitos espurios, en la búsqueda de provechos indebidos”, cita el texto, en referencia a la vista fiscal. La caravana fue impulsada por el director de Casinos del Estado, Javier Cha.

SENADO APROBÓ INTERNACIÓN COMPULSIVA
El Senado de la República aprobó por 17 votos en 22 el proyecto de ley que propone la internación compulsiva a personas adictas, en tanto, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
El texto sufrió varios cambios en su redacción, pero las modificaciones efectuadas por el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, que permite a padres de hijos adictos ordenar la internación por el nuevo organismo público especializado, resultaron aprobadas por los legisladores.
La propuesta inicial del Poder Ejecutivo proponía aplicar el procedimiento de internación solo a quien fuera encontrado en vía pública, espacios públicos o privados no habitados. La nueva versión prevé la internación de quien presente un estado grave de “alteración psíquica”, producida por drogas, en un ámbito privado.
Entre otros puntos, la bancada del Frente Amplio plantea la creación de un consorcio público en la órbita de la Presidencia, integrado por Salud Pública, Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Dicho centro será un lugar donde especialistas en psicología, psiquiatría, médicina general y asistentes sociales, brindarán el apoyo profesional necesario para el tratamiento de los adictos.

URUGUAYO ATRAPADO EN LOS ANDES SEGUIRÁ PRESO
El uruguayo Raúl Gómez Cincunegui, quien sobrevivió cuatro meses en el corazón de la Cordillera de Los Andes, no logró juntar los $ 50.000 argentinos de caución impuesto por un juez federal y seguirá preso hasta el 7 de enero, cuando quede firme la negativa de extraditarlo a Chile, según informa Tiempo de San Juan.
“Se le pidió al juez que redujera la caución a 10.000 pesos, pero lo negó argumentando que él se había fugado de Chile y que había riesgo de fuga de nuestro país. Como la familia no tiene ese dinero, seguirá preso hasta el 7 de enero, que es cuando quedará firme la resolución del juez Rago Gallo”, dijo el defensor público oficial, Horacio Garcete.
El juez federal de la ciudad argentina de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, rechazó la solicitud de extradición del gobierno chileno que pesaba contra el uruguayo Raúl Gómez Cincunegui, de 58 años, quien sobrevivió cuatro meses, el pasado invierno, en el corazón de la Cordillera de Los Andes. Gómez Cincunegui estaba acusado de haber abusado de un sobrino, durante su estancia en Chile, antes de su desaparición en la cordillera.
El hombre, funcionario de OSE en Artigas desde hace 30 años, quien además trabajaba como plomero, inició una travesía en motocicleta hacia Chile, en abril de este año, para visitar a algunos familiares. Las últimas noticias que se tuvieron de él, antes de su desaparición, fueron el 11 de mayo, cuando pretendía regresar a Uruguay y se le averió la moto en la que viajaba.
Entonces comenzó una travesía a pie, sin ropa adecuada para estar en la cordillera en temporada de nieve. Cuatro meses después de su desaparición, el 9 de setiembre, el uruguayo fue hallado en un refugio de la cordillera, del lado argentino. Tras ser rescatado, se supo que Gómez era buscado por la Justicia chilena, por una denuncia de abuso de menores.

INVESTIGADORA CONFIRMÓ ERRORES DE GESTIÓN
La comisión investigadora nominada dentro del Pit Cnt para analizar las irregularidades dentro del plan de vivienda sindical avaló un informe en el que se señala que hubo errores en la gestión.
El integrante del Secretariado Ejecutivo y de la comisión, Eduardo Oyenart, dijo a El Espectador que el jueves se aprobará el informe definitivo en el que se descarta el dolo de parte de los integrantes de la comisión de vivienda.
“En ese informe, dejamos claramente establecidos que se cometieron errores. Los errores cometidos son importantes en cuanto al funcionamiento, pero dejamos claramente establecido que no tenemos una sola prueba para hablar de que desde el movimiento sindical y de los compañeros del movimiento sindical intervenidos haya habido una actitud de dolo o soborno. Los empresarios dijeron que no se les había pedido nada, que había sido una relación totalmente honesta. Al día de hoy seguimos en esta posición” aseguró Oyenart.
El integrante del Secretariado Ejecutivo admitió que se firmó un documento de parte de la central con quienes fueron denunciados por parte de empresarios pero descartó que esto haya configurado una irregularidad.
Oyenart señaló que le llama la atención "que alguien haya entregado 300.000 dólares solamente porque hay una carta con un cierto aval. Hay cosas difíciles de entender. Nosotros no tenemos ningún problema en que sean investigadas porque no nos corresponden y no tenemos nada que ver con eso. Además, no tenemos ninguna prueba, y si existiese una sola, la decisión por unanimidad es expulsar al que haya cometido el más mínimo ilícito".