Opinion | 24 Dic Seguramente el país todo se vio sorprendido y sacudido el sábado ante el anuncio de la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, tras haber sido convocado a declarar por el sonado caso Pluna y el consecuente pedido del fiscal actuante de su procesamiento y el del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por su actuación en el mismo caso.
Por cierto que tal vez la sorpresa no ha sido tal para quienes hayan seguido de cerca las respectivas instancias del affaire, tanto en el Parlamento como su más reciente en el plano judicial, por cuanto las “inconsistencias”, por ser benignos con el término de lo actuado por ambos jerarcas y otros actores en este proceso, ha distado de ser un dechado de prolijidad y por el contrario, es sabido que se cometieron groseras irregularidades ante la premura por terminar con el dolor de cabeza que resultaba la empresa para el gobierno. Un brete en el que él mismo se metió para demostrar que “era posible” mantener la aerolínea de bandera, y que no sería un gobierno de izquierda el que le cortaría las alas.
Ahora, antes de dirigirse a la sede judicial, Lorenzo presentó su dimisión para “no hacerle pagar al Frente Amplio el costo de tener un ministro procesado” y “concurrir ante la Justicia como un ciudadano común”, dijeron a El País fuentes del astorismo, algo que es coherente con la calidad de “fusible” de los ministros y que en este caso queda de manifiesto claramente, por cuanto es obvio que sólo se trata de un eslabón intermedio de una cadena de mando que definió el camino que él tuvo que seguir.
Sin embargo su renuncia llegó tarde porque en buena medida dejó que la sangre agua llegara al río, cuando el fiscal del crimen especializado Juan Gómez ya había solicitado su procesamiento y ante el eventual dictamen en este sentido por la juez actuante, hecho este que fue impedido por una “chicana” legal del abogado defensor de Lorenzo, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad de la ley, cuya dilucidación insumiría unos meses. Al dar a conocer la renuncia, con rostro adusto y voz monótona, el presidente José Mujica leyó una declaración que no le llevó más de cinco minutos. Tras resumir los esfuerzos del Estado en sostener una línea aérea, Mujica dijo que el Poder Ejecutivo pidió a las carteras involucradas extremar los recursos para no perder la conectividad para el país --que en definitiva igual se recobró en los meses siguientes a la desaparición de Pluna--, conservar la mayor cantidad de puestos laborales para los funcionarios de la empresa en crisis y recuperar el máximo posible de recursos financieros para hacer frente a la deuda comprometida con un banco internacional.
“Para estos fines se contrató a un técnico muy calificado en derecho comercial que finalmente indicó el camino que luego se aplicó. Es obvio que los resultados para nada fueron satisfactorios y la Justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales, además”, señaló el mandatario.
“En lo que no tenemos dudas es en la integridad ética y el compromiso positivo con el interés nacional del ministro Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia”, sostuvo.
Pero el quid de la cuestión y el consecuente trance está en la forma de actuar del equipo económico, del gobierno en general y la bancada parlamentaria en este tema --al igual que en mucho de lo que han llevado adelante en los últimos dos períodos--, y es la gran soberbia de los dirigentes y de todo el equipo de gobierno, que también se puso de manifiesto cuando durante la Administración Vázquez, en 2007, hicieron oídos sordos a las advertencias sobre la asociación con el ahora procesado Campiani y otros empresarios que corrieron la misma suerte, por “estafa” en el manejo de la empresa Pluna. Incluso en aquella oportunidad el por entonces senador Mujica, había advertido que tenía serias reservas sobre un Campiani metido a ganadero y luego a titular de una empresa aérea.
Sin embargo, ya en el gobierno, cuando la crisis, sin dudas ha respaldado todo este proceso y no es creíble que ni siquiera estuviera al tanto de las presiones sobre el presidente del BROU, Fernando Calloia, para que otorgara el aval como fuera, violando todos los protocolos y requisitos establecidos por la propia institución financiera oficial.
Ergo, es notorio que el desenlace de este proceso es consecuencia de las propias falencias del gobierno al encarar un tema en forma desprolija y plena de voluntarismo; aunque difícilmente se les pueda llamar errores a los cometidos, por cuanto la justicia no sanciona errores sino delitos, que es de lo que se trata al fin de cuentas.
Lamentablemente, la soberbia del gobierno los llevó a cometer semejantes desprolijidades prescindiendo de la opinión de los demás, al punto de hacer caudal con la “honestidad” de procederes, pero siempre negándose por ejemplo a que se creara una comisión investigadora en el ámbito parlamentario, donde el partido de gobierno es dueño de la verdad al contar con los brazos enyesados de la mayoría parlamentaria.
Es posible que el ministro actuara pensando que todo se hacía en bien del país y de la fuerza política que integra, al fin de cuentas, por lo que podía justificarse dejar “alguna prenda del apero por el camino” desde el punto de vista de los procedimientos. Por lo pronto, el Frente Amplio ya no puede hacer gala de fuerza impoluta y quizás haya aprendido muy duramente que en el ejercicio del poder las buenas intenciones no alcanzan, sino que también hay que ajustarse a las leyes y la Constitución, aunque tengan la certeza de los votos para tapar lo que sea en el Parlamento.
Ahora les queda recurrir a la “inconstitucionalidad” del abuso de poder, una herramienta que tanto el senador Rafael Michelini como el partido de gobierno en general consideraron adecuada para sentenciar a muchos dirigentes de la actual oposición, pero que ahora la ven como claramente contraria a la Carta Magna, cuando les tocó “caer en la volteada”.