Opinion | 27 Dic En las últimas horas el presidente José Mujica se declaró responsable de la “línea general” de la fallida salida que el Gobierno instrumentó en torno al caso Pluna SA, aunque aclaró que no estuvo al tanto “de los detalles finos de la instrumentación”, por ejemplo la forma como se concedió el aval del BROU a la empresa Cosmo para que participara en la subasta de siete aviones.
Este reconocimiento presidencial no solo no puede sorprender a nadie, sino que es impensable que un mandatario no solo no estuviera al tanto de la situación, por cuanto se trata de un tema en el que la coalición de izquierdas había formulado una gran apuesta y hasta tenía como buque insignia el mantener como fuera una línea aérea de bandera nacional, sino que no condujera detrás de bambalinas, aunque se expusieran sus ministros y otros colaboradores en forma pública, el proceso que desembocara en los hechos por todos conocidos, sobre todo a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la fuerza de gobierno para liquidar la línea aérea estatal-privada.
Mujica agregó que hubo otras salidas a la situación pero que no fueron consideradas, y que una de ellas era propuesta por el exdirector de secretaría de Ministerio de Transporte, Pablo Ferrer, pero que las discrepancias de Ferrer sobre la fórmula que finalmente se implementó derivaron en su renuncia.
Más adelante, el presidente admitió que el camino jurídico estuvo “viciado de ilegalidad” y que hubo “errores importantes en la instrumentación de los detalles”.
En todos estos aspectos podrá coincidirse o discreparse con el mandatario, quien sin embargo tiene la virtud de manejarse con habilidad y cintura para mantener su imagen ante un importante sector de la ciudadanía --naturalmente, en mayor medida ante aquellos que lo votaron en la última consulta electoral-- aun teniendo en cuenta que es el gran responsable del fracaso de la última etapa de este proceso, aunque lo traicionara la “letra chica” de la salida buscada, y tanto la salida legal como el episodio de la “garantía” relámpago que no fue tal, sean un claro ejemplo de la tesis cultivada por el jefe de Estado de que lo político está por encima de lo jurídico.
Ahora, la amplitud de los elementos involucrados en el denominado “Plunagate” es muy vasta, desde que sin dudas además de los voluntarismos y decisiones políticas cuestionables, están en juego aspectos jurídicos que se han soslayado y atropellado directamente, con tal de sacar las cosas adelante, aun cuando lo que se hizo fuese para tratar de mantener a cualquier costo la aerolínea de bandera y en un segundo plano, la fuente laboral.
Y lamentablemente, cuando se ponen en juego intereses partidarios y electorales, salen a luz distorsiones, visiones parciales y juicios hasta caricaturescos en clara demostración de doble discurso, porque prima la camiseta por encima de un juicio objetivo de la realidad.
Por ejemplo, es notorio que a los empresarios involucrados durante el gobierno de Tabaré Vázquez se les dio la mayoría en Pluna, y por tanto se dejó en minoría al Estado, y sin embargo en la compra de los aviones Bombardier, éste salió de garantía por el cien por ciento de la deuda. Con todas las consecuencias que ello ha implicado, todo en aras de seguir embarcados en una aerolínea de bandera nacional como si al país le fuera la vida en tenerla, más tarde surge el caso de las garantías otorgadas a la empresa fantasma Cosmo.
Aunque desde la fuerza de gobierno se han mantenido ocultos los entretelones de este proceso, es notorio que el presidente José Mujica le ofreció Pluna a Juan Carlos López Mena, quien la rechazó, pero que éste a la vez accedió a presentarle algún interesado para el remate, que resultó ser el “hombre de la derecha”, exempleado y padrino de uno de sus nietos, y que además no contaba con solvencia para comprar ningún avión y ni siquiera para pagar la garantía de 13,5 millones de dólares del remate.
El punto es que se le otorgó una garantía relámpago por el Banco de la República, sin cumplir con ninguna de los requisitos internos de la institución ni el Banco Central, y tanto es así que en base a este episodio el fiscal pidió el procesamiento del exministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del BROU, Fernando Calloia, por “abuso innominado de funciones”; una figura difusa en nuestro ordenamiento jurídico, pero que ha sido aplicada en más de un centenar de casos, incluyendo a gobernantes de los partidos tradicionales a los que se les procesó en su momento, por lo que mal puede argumentarse, como sostienen algunos dirigentes recalcitrantes de izquierda, de que se trata de una “maniobra de la derecha” contra el gobierno del Frente Amplio.
Es así que durante su momento se festejó por la izquierda, entonces oposición, que se procesara a estas personas por este delito que ahora es “inconstitucional” y un “atropello”, de acuerdo a legisladores como el senador Rafael Michelini, cuando desde hace por lo menos ocho años está esperando aprobación parlamentaria un proyecto de ley del exsenador Julio María Sanguinetti para derogar la figura del “abuso de funciones”.
En su momento Michelini cuestionó que se intentara derogar esta figura delictiva, porque entendió que era una buena herramienta para castigar a los gobernantes que abusaban del uso de sus competencias, y es así que pese a tener mayorías parlamentarias, al Frente Amplio no le parecía buena idea derogarla.
Pero ahora, en cuestión de días ya hay un movimiento en la izquierda, que integra el propio Michelini, para derogar sin más el “abuso de funciones”, que consideran inconstitucional, vago, y un arma peligrosa, evidentemente porque le ha tocado a figuras del gobierno que integra.
Estamos claramente ante un doble discurso, por lo tanto, del que lamentablemente hacen gala muchos políticos, y que ilustra sobre cómo se retuercen groseramente los conceptos para el lado que conviene, burlándose de la inteligencia de la ciudadanía. Por supuesto, lo que menos hay en juego son principios, sino que estamos ante intereses político electorales que pretenden hacer pasar gato por liebre ante la ciudadanía, a la que se considera como un rebaño fácil de llevar para el lado que convenga.