Opinion | 29 Dic En tanto para enero se anuncia la firma del contrato entre el gobierno y la empresa Aratirí para la explotación de hierro en la zona de Valentines, todo indica que la construcción del puerto de aguas profundas al que el gobierno apuesta fuertemente se ha retrasado. El plan director que elabora la empresa española Axiona iba a estar pronto para este mes pero se postergó a abril, mientras se acaba de contratar a la empresa Deloitte para realizar un estudio de viabilidad financiera. Por lo tanto las obras podrían comenzar recién en 2015, y por ese motivo la minera Aratirí busca financiamiento para contar con una terminal propia a efectos de comenzar a exportar el importante volumen de hierro que extraería de la zona de Valentines.
En este sentido el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, adelantó a El País que “se hará una terminal chica dentro del diseño general del puerto, en el mismo lugar donde se instalará el puerto (de aguas profundas) y corre por cuenta de Aratirí; ellos tienen que terminar de conseguir el financiamiento”.
De todas formas, el prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa, aclaró que en ningún caso la empresa comenzará a exportar hierro sin contar con autorizaciones ambientales que se están procesando por una vía separada. Confirmó que se negocia el financiamiento del Fondo Estructural del Mercosur para la construcción del puerto que no se ha concretado al no haberse suscripto el contrato todavía.
Como es sabido, este emprendimiento choca con cuestionamientos de organizaciones de ambientalistas y productores de la zona, por considerar que la extracción de hierro y el movimiento de apoyo generarán serios trastornos medioambientales en una zona productiva, y ponen como ejemplo que los emprendimientos de hierro en otros países están enclavados en zonas áridas, donde evidentemente no hay afectación significativa de un entorno de por sí agreste y sin otras producciones a la vista.
Precisamente, debe ponderarse con criterio y sentido común, además de una visión a mediano y largo plazo, los pro y los contra de este tipo de explotaciones, que son inéditas en el Uruguay, sobre todo porque el sentido común indica que si hay tanta riqueza subterránea, no es cuestión de dejarla ahí sin explotar solo por un tema estético o porque molesta a algún vecino.
Refiriéndose a la oposición que genera esta actividad, Kreimerman comentó que “hay encuestas que se difunden donde hay un porcentaje importante de aprobación y algún porcentaje de personas --que se mantiene en el 20%-- de desaprobación; habrá personas que no cambiarán de opinión pero se trata de dar la mayor información posible. Está bien que las organizaciones sociales den su opinión”.
El Ministerio de Industria entregó cedulones en centenares de predios de los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno que establecen el interés de Aratirí en explotar hierro en ellos.
A su vez el 2 de diciembre se lanzó una campaña de recolección de firmas para que con las elecciones nacionales se vote una reforma constitucional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto.
Si bien el acto en sí es positivo, porque estamos en un país en el que felizmente rige la democracia y todo el mundo tiene derecho a expresarse según su leal saber y entender, no quiere decir todos tengan que abrazarse o compartir estos planteos, que algunas veces llegan el delirio.
Y es poco menos que un delirio oponerse a rajatabla a cualquier producción que signifique alguna afectación al medio ambiente, como evidentemente siempre ocurren en mayor o menor medida. En definitiva todo se reduce a una ecuación donde se deben ponderar tanto los aspectos ambientales como productivos, sociales y económicos. De otra forma viviríamos en taparrabos buscando qué comer de lo que nos proporcione la naturaleza, porque es sabido que toda la riqueza de este país está en la producción agrícola-ganadera, de tremendo impacto ambiental. Sin embargo a nadie se le ocurre hacer una ley que prohíba sembrar, producir madera o eliminar la ganadería, todos basados en animales y plantas foráneas que destruyen --y de hecho aniquilaron en muchos casos-- casi todo el ecosistema autóctono.
Y tiene razón el presidente José Mujica, al señalar que “es idiota tener una riqueza y no tratar de multiplicarla para hoy”, haciendo referencia a la aprobación parlamentaria del proyecto de ley de megaminería, que contó solo con el respaldo del oficialismo, porque en este tipo de emprendimientos no corresponde tener una posición absoluta, sino siempre relativa en lo que refiere a la relación costo- beneficio para un país.
No creemos que las cosas sean tan simples ni que deban ponerse en blanco y negro, pero sí que más allá de lo episódico y atribuir intenciones, surge que un país necesita no solo explotar sus recursos naturales, sino sobre todo hacerlo en forma racional y en el marco de una visión estratégica de desarrollo. Pero tampoco debemos situarnos en la tesitura extremista de la vaca sagrada, porque es ilógico y un contrasentido seguir pasando junto a una montaña de hierro para extraer, y seguir apostando en esa zona solo a las explotaciones agropecuarias tradicionales. El punto es el promover una explotación inteligente del recurso, con el menor perjuicio posible y mitigando los efectos negativos que puedan surgir de la explotación, de forma de que el país pueda contar con esta riqueza y aprovechar los recursos que genere para reinvertir en infraestructura en pro del desarrollo en áreas sustentables.