Opinion | 28 Dic Una encuesta de la consultora Equipos indica que el 64 por ciento de los uruguayos está a favor de bajar la edad de imputabilidad, es decir la edad límite en la que los menores “infractores” deben responder por sus actos delictivos y debe mantenerse el registro de sus antecedentes penales, en tanto en el caso de la Ley sobre la Regulación de la Marihuana, el 66 por ciento de los ciudadanos consultados expresó estar en contra de la norma aprobada recientemente por el Parlamento.
En los dos casos, aunque los porcentajes varían, ciudadanos de los tres partidos se han manifestado en contra, por lo que incluso dentro de los votantes del oficialismo se discrepa con la postura de la fuerza de gobierno en torno a los dos temas.
El punto es que por ejemplo, en el caso de la marihuana, la idea que comenzó como una alternativa para combatir la delincuencia haciendo que los consumidores de pasta base “se pasaran” a la marihuana, se fue transformando en una especie de cruzada uruguaya como abanderado en el mundo en la legalización, pasando de la certeza que se decía inicialmente a ser un “experimento” para ver qué pasa, y según señalara el presidente José Mujica, se puede dar marcha atrás si la realidad indica que las cosas no salen como se esperaba.
Sin embargo no debe perderse de vista que acerca de este tema el mandatario había adelantado que no seguiría adelante con su proyecto si no contaba con la adhesión de la mayoría de los uruguayos. por lo que legítimamente cabe preguntarse si efectivamente dará marcha atrás en caso de que las cosas no salgan como piensa el gobierno.
En el caso de la baja de la edad de imputabilidad naturalmente la problemática involucrada es muy distinta, pero también existe una gran mayoría de ciudadanos que se ha manifestado contra la postura oficial de exceso de protección a los menores infractores, porque el gobierno sigue insistiendo en que esa inseguridad no es tal y que es un invento de los medios de información.
Por supuesto, insistir con esta tesitura desde el oficialismo es asumir que los uruguayos somos poco menos que idiotas, por lo que tienen que venir los iluminados voceros del gobierno a aclararnos cómo debemos pensar y evaluar los acontecimientos.
Pero en ambos casos, estamos ante datos de encuestas que indican que los ciudadanos pueden pensar y razonar, y que no es fácil encandilarlos con cantos de sirena por quienes creen que pueden pensar por todos.