Opinion | 31 Dic El gobierno acaba de aprobar la Ley N° 19.175, que establece el régimen legal de la pesca y acuicultura y declara de interés general la conservación, investigación, desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen.
Asimismo, establece que el Estado implementará las acciones para asegurar el suministro de productos pesqueros a la población en cantidad, calidad, oportunidad y precio.
Las disposiciones de esta ley se aplican a la captura o extracción y a las demás operaciones pesqueras y acuícolas, al procesamiento, al transporte y al comercio de los productos hidrobiológicos, así como a la investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura. Se aplican igualmente a las embarcaciones pesqueras de bandera uruguaya que operen en aguas fuera de su jurisdicción, de conformidad con los acuerdos y convenios internacionales.
Contar con esta normativa resulta doblemente beneficioso, por un lado, por el apoyo que significará para la producción referida a la acuicultura, pero también es de esperar que cree instrumentos eficaces para que toda la población del país pueda acceder más fácilmente y a precios económicos al consumo de pescado.
No se trata de señalar aquí los beneficios de este alimento para la salud puesto que son ampliamente conocidos, sino de consignar la dificultad que tiene buena parte de la población -especialmente en el interior del país- para acceder al mismo. La distancia geográfica hace que no todas las ciudades del país puedan acceder a pescado de mar, en tanto que, con la excepción de la actividad de los pescadores artesanales, es casi inexistente la comercialización de pescado de río para el consumo masivo.
Por otra parte, el establecimiento de un régimen legal para la pesca, lo que incluye a todas las actividades vinculadas al sector y detalla permisos, autorizaciones y concesiones determinando los cometidos de cada uno de los órganos involucrados y las atribuciones que le corresponden, debería ser un paso hacia la mejora real de las actividades de contralor de la pesca tanto en nuestro frente marítimo como los ríos y lagunas interiores.
En lo que hace a la pesca marítima, sabido es que existe el fenómeno de la pesca ilegal, ejercida por barcos de otros países que usurpan nuestra riqueza ictícola. En tanto, en ríos como el Uruguay y otros, actividades de pesca industrial --como las sabalerías-- son muy poco controladas y muchas veces están al borde de la depredación, no disponiéndose por las prefecturas de los medios, recursos y equipamiento necesario para el contralor.
En definitiva, bienvenida la nueva legislación, porque contar con normas es fundamental para respaldar las acciones, pero es evidente que además se necesita destinar recursos y establecer acciones específicas por los organismos para solucionar los problemas señalados.