Opinion | 06 Ene Las políticas de subsidios a través del Estado son evidentemente instrumentos muy discutibles en cuanto a su oportunidad, objetivo y destinatarios, como regla general, desde que en esencia significa volcar recursos que aporta toda la sociedad, a través de tasas e impuestos, en beneficio de sectores e incluso entidades y personas que a juicio del gobierno de turno requieren de este apoyo para superar situaciones puntuales, con la perspectiva de que una vez superadas las dificultades que motivaron el requerimiento del subsidio, se pueda dejar sin efecto total o gradualmente.
Por lo tanto, más allá de reglas de juego claras a través de normas que lo habiliten específicamente, el subsidio tiene mucho de discrecionalidad del gobernante de turno, pero básicamente lo importante es que ambas partes, quien da y quien recibe, tengan claro que la coyuntura o el valor estratégico ameritan esta ayuda y que no corresponde que toda la sociedad lleve sobre sus hombros el sostener indefinidamente al beneficiario, desde que de otra forma se generarían condiciones para trastocar el equilibrio y sobre todo la justicia en la trama socioeconómica. Tenemos el ejemplo cercano de la Argentina, donde por políticas voluntaristas y un populismo exacerbado, basado naturalmente en intereses político electorales para no sincerar la economía y que no queden por lo tanto al desnudo los graves problemas de viabilidad de las políticas económicas en marcha, se ha tenido un esquema de subsidios cruzados que disfrazan precios y hacen que el sistema productivo esté absolutamente distorsionado.
En nuestro país la figura del subsidio fue muy utilizada hace ya muchos años, pero no ha sido desmantelada totalmente y peor aún, de vez en cuando reaparece como instrumento que funciona como tabla de salvación para determinadas situaciones, y si bien opera como palanca para sostener temporalmente a los beneficiarios --por lo menos en teoría--, la realidad indica que en suma se trata de un factor diferencial que conlleva injusticias y una carga adicional para quienes se valen por sus propios medios para subsistir y avanzar en la vida.
Ello indica la necesidad de ser especialmente cuidadosos con el destino de estos recursos, en el área que sea.
A propósito del tema, en una entrevista con el diario El País, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, habló de controlar los subsidios que vuelca el Estado a los empresarios. “Así como es legítimo que alguien se pregunte si los pobres gastan bien los subsidios del Estado, es legítimo que se cuestione si las empresas utilizan bien los subsidios que reciben”, dijo.
Lo que es compartible --aun cuando por lejos los mayores subsidios en el país los reciben empresas del propio Estado, como es el caso de ALUR o Portland Ancap--, porque los subsidios son dinero de todos y lo mínimo que puede esperarse del Estado que dispone discrecionalmente de lo que aportamos trabajosamente todos los uruguayos, es que controle si el dinero que se transfiere efectivamente se destina a cumplir con los objetivos que ameritaron este apoyo.
Claro, no se trata solo de controlar, sino que el beneficiario sepa que si no respeta las reglas de juego, se quedará de un día para el otro sin el recurso que requiriera, y este es precisamente uno de los aspectos más delicados en juego en esta problemática.
Pero hay subsidios y subsidios, y más allá de los objetivos y los destinatarios, el punto es que quien se beneficia asuma que no se trata de una obligación de la sociedad, de quienes se esfuerzan para generar estos recursos, sino de una concesión condicionada a que quien lo reciba cumpla con su contrapartida, y ese es el aspecto en cuestión cuando se instrumentan políticas sociales que por regla general son asistencialistas y no sujetas a resultados.
El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Javier Carrau, señaló al matutino que los subsidios estatales que se devuelven a los empresarios anualmente “son apenas una parte de los costos elevados” que estos deben pagar al Estado.
“Básicamente estoy de acuerdo con el señor Olesker, pero evidentemente lo que tiene que tener en cuenta es que los impuestos los generamos los industriales y los empresarios en general.
Esa gran cantidad de subsidios que nos devuelven es apenas una parte de lo que estamos pagando de costos elevados que nos han quitado la competitividad”, sostuvo Carrau, aunque omitió decir que no lo generan solo los empresarios, sino la asociación capital-trabajo, que es la que genera la riqueza, en cualquier país, desde el fondo de la historia, aunque como gremialista defienda su parte.
Opinó también Carrau que el dólar bajo le quita competitividad al sector. “En el mundo y la región no somos competitivos, busquemos solucionar los problemas ahí y no hablando de los subsidios”, argumentó.
Y este es precisamente el punto que no debe soslayarse por quienes tienen la responsabilidad de gobernar: si realmente se bajaran costos reduciendo el tamaño y lo que gasta el Estado, en calidad y cantidad, no habría necesidad de subsidios a sectores productivo, porque estarían en condiciones de bajar precios de bienes y servicios y competir en mejores condiciones con otras producciones del exterior.
Y las políticas sociales, entre otros rubros, forman parte de este costo exacerbado, pese a los ingresos adicionales por la bonanza que ha generado el entorno favorable de la economía mundial para nuestras producciones primarias, por lo que estamos ante una problemática mucho más vasta que la que señala el titular del Mides, a lo que no es ajena precisamente esta secretaría de Estado, cuando no controla adecuadamente el destino y retorno de los recursos que aporta la sociedad, con la expectativa de una inclusión social que también significa promover hábitos de trabajo y no estar siempre con la mano extendida esperando que otros paguen la cuenta.