Opinion | 04 Ene A través de un comunicado, la Comisión Asesora de Seguridad Rural de Paysandú expresó su “profunda desazón por los resultados finales a nivel de la Justicia”, a raíz de los hechos de abigeato ocurridos recientemente en la zona de Constancia, así como “por los escasos procesamientos ante la cantidad de involucrados que actuaban a distinto nivel en forma combinada”.
La postura de este grupo de trabajo responde al episodio de que diera cuenta oportunamente EL TELEGRAFO, en el que el administrador de una estancia, su capataz y el de otro establecimiento de la zona de Constancia fueron procesados sin prisión por la Justicia Penal tras comprobarse su participación en el robo y la comercialización de al menos 13 vacunos, en tanto también fueron identificadas otras personas involucradas que efectuaron la compra de animales. Pero el juez Penal de Segundo Turno, Fernando Islas, resolvió el procesamiento sin prisión del administrador de la estancia por tres delitos de receptación, imponiéndole como medida sustitutiva a la prisión la obligación de presentarse tres veces por semana en la comisaría correspondiente a su domicilio en la ciudad. También dispuso el procesamiento sin prisión de los dos capataces por un delito de abigeato especialmente agravado.
El corolario en la justicia de este hecho, en cuya investigación tuvo destacada actuación la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) y la Policía, por cierto que dista de conformar a productores que son afectados sistemáticamente por delincuentes así como verdaderas organizaciones criminales en muchos lugares de nuestra campaña.
Por cierto que también la Policía, por falta de efectivos suficientes en las áreas rurales, como el propio Bepra, que encara sus tareas con notoria limitación de recursos materiales y humanos, deben redoblar esfuerzos para poder actuar eficazmente en la detección y represión de los ilícitos, pero lo menos que puede esperarse es que se aplique todo el rigor que prevé la normativa vigente hacia los autores de los abigeatos, los que contrariamente a lo que puede creerse popularmente, en su mayoría no son personas que carnean o hurtan animales para alimentarse ni nada que se parezca, sino que estamos ante organizaciones y delincuentes consumados que llevan cabo tales prácticas muchas veces con total impunidad.
Se requiere por lo tanto que los esfuerzos en la represión de los abigeatos tengan su correspondencia en los procedimientos judiciales, no haciendo otra cosa que aplicar la ley sin la extrema benevolencia con que hasta ahora se ha actuado, como regla general.