Opinion | 05 Ene En el Segundo Foro Social sobre contaminantes químicos que se hizo en el año 2005 en Montevideo, el entonces director de OSE, Carlos Colacce, había reconocido que el organismo estaba en conocimiento de la existencia de las cianobacterias desde la década del ‘70. Esa reflexión era la respuesta a un cuestionamiento del coordinador del Postgrado de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario, ante la inacción de las autoridades del organismo que --sabiendo de la existencia de los mencionados contaminantes-- no hicieron nada para solucionarlo. Es más, “ni siquiera alertaron a la población” sobre los efectos nocivos de la microsystina, una toxina que despiden las algas y que se eliminan a través de filtros de carbono instaladas en las plantas potabilizadoras, según el docente universitario.
Sin embargo, según Panario, “filtrar el agua de medio Uruguay es muy caro”, por lo tanto el científico reclamaba una mayor información a la población.
Por aquellos días, el experto decía que el país estaba enfrentado a una toxina cancerígena, bioacumulativa y por tanto, se trataba de un problema serio.
Panario también dijo en aquella oportunidad que “acá en Uruguay el temor es a la alarma pública y no se comprende que el pueblo uruguayo es muy maduro y quiere tener confianza en las autoridades”.
Varios años después se vuelve a hablar del tema a raíz de los contaminantes encontrados en el río Santa Lucía y las alertas establecidas en un entorno agropecuario acostumbrado a un modelo de producción. Pero del río Uruguay, bien gracias.
Ahora surge como una novedad la existencia de estas algas en algunas playas de Montevideo, razón por la cual se recomienda no tomar baños ante la aparición de manchas verdosas.
Claro que este asunto ambiental uruguayo responde a un problema mundial, donde los cambios climáticos, aumentos sostenidos de temperatura y largas sequías contribuyen a la aparición de estos fenómenos.
No obstante, se deberá quitar presión a un único ente y reconocer --de una vez por todas-- que el responsable político de lo que acontece es el Ministerio de Medio Ambiente, que deberá asegurar un correcto funcionamiento de los organismos con injerencia en el tema, como la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El problema que se repite, demuestra además la inexistencia de una política de estado al respecto.
En realidad, ha ocurrido exactamente al revés y se ha debilitado políticamente a una cartera, en la que parece dedicarse básicamente a la inauguración de viviendas. Al menos, eso se observa desde el norte del Santa Lucía.