Nacionales | 10 Ene El empresario Matías Campiani y sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez quieren empezar a dar clases de inglés a sus compañeros de la cárcel de Campanero, según dijeron a El Observador allegados a los exdirectivos de Pluna y confirmaron fuentes del sistema carcelario. Para eso presentaron un proyecto que será evaluado en las próximas semanas por las autoridades, para ver si es aceptado. De conseguir la autorización, los socios de Leadgate podrán reducir su pena. La ley de Humanización del Sistema Carcelario establece en su artículo 13 que “el juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad”. La ley también sostiene que “la autoridad carcelaria determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro penitenciario” y que “para los efectos de la evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta asesora”.
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), inspector Luis Mendoza, dijo a El Observador que Campiani y sus socios están recibiendo el mismo tratamiento que todos los presos y que se encuentran en un “período de observación” de su conducta. Señaló que el empresario pidió para realizar algunas actividades en la prisión pero que esa solicitud será analizada luego de que pase por una “junta de tratamiento”.
Fuentes de la cárcel de Campanero explicaron a El Observador que allí la mayoría de los presos realizan trabajos o estudian. Campiani, Hirsch y Álvarez han tenido un buen comportamiento en estas dos semanas que llevan recluidos, según los informantes.

DEROGAR ABUSO IGUAL BENEFICIA A LORENZO
La alternativa planteada por la senadora Lucía Topolansky para derogar sin retroactividad el delito de abuso de funciones terminará interfiriendo en el proceso que enfrenta el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, según dijo a El Observador el experto en derecho penal, Pedro Montano. El abogado, que integró la Comisión de Reforma del Código Penal creada por la Ley de Humanización Carcelaria, sostuvo que la eliminación del delito, sea en las condiciones que sea, alivianaría la pena que pueda recaer sobre el exjerarca.
Uno de los principios generales del derecho consagra que la ley penal más benigna siempre es retroactiva. Pese a esa norma básica, existe la posibilidad, si los parlamentarios lo desean, de legislar para que una norma no sea retroactiva. Más allá de esa posibilidad, el abogado advirtió sobre la existencia de recursos jurídicos para que en la práctica esa variable pierda consistencia.
“Existe una disposición que permite la aplicación de la analogía para que puedan ser también utilizadas otras normas, que son dictadas con posterioridad, para que puedan tener también eficacia retroactiva por la vía analógica como causa atenuante de la pena”, dijo.
De ese modo el experto argumentó que, en caso de consagrarse la derogación del delito, tendrá de cualquier manera efectos sobre la causa de Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por irregularidades en torno a la ex Pluna. “Si se deroga el delito, podría alivianar la pena porque podría ser manejado como doctrina más recibida, a pesar de que sea sin retroactividad”, afirmó.
Aunque la legisladora propuso que los efectos a la eliminación del artículo 162 del Código Penal sean posteriores a la promulgación de la ley, los principios jurídicos determinarían que la nueva legislación actúe como atenuante del delito por el que el fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento de Lorenzo. “Habría un beneficio por la vía analógica, porque podría considerarse como un atenuante de la responsabilidad, por lo tanto de la pena”, afirmó Montano.
El penalista Miguel Langón se mostró contrario a la derogación sin retroactividad de un delito. “Los principios generales no se pueden hacer un chicle. La opción es: o se deroga y es retroacticvo, o no se deroga”, dijo a El Observador el profesor Grado 5 de Derecho Penal en la Universidad de la República. “Es una innovación que no me parece una buena cosa. Si se deroga un delito se hace y punto”, sostuvo al ser consultado sobre eliminar el delito sin retroactividad. Topolansky dijo a El Espectador que el artículo 162 del Código Penal, que habla del delito de abuso de funciones, debería derogarse sin retroactividad para no beneficiar a nadie y así evitar “suspicacias”.

MUJER MURIÓ ATROPELLADA; SE DIERON A LA FUGA
Una uruguaya fue atropellada próximo a la ciudad de Chuy, en Brasil, por una camioneta de color marrón matriculada en Argentina ocupada por tres personas. La mujer fue identificada como Carmen Guerra, de 46 años. Quienes se desplazaban en el vehículo, dos hombres y una mujer, quisieron ocultar el cuerpo de la víctima tapándolo con hojas, en tanto, tres testigos vieron cuando las personas trataban de deshacerse del cadáver.
Posteriormente, intentaron fugar hacia Uruguay, pero las autoridades de la Policía Federal les informaron a sus colegas de Rocha que la camioneta había retornado a territorio brasileño.

EN CARLOS REYLES, JÓVENES NO PUEDEN SALIR DE NOCHE
Desde el lunes pasado la Policía de la localidad duraznense de Carlos Reyles o Molles envía a sus casas a los menores de edad que circulen en las calles luego de la medianoche para evitar desmanes y ruidos molestos. La decisión tomada por la comisaría local busca frenar los incidentes, molestias e incluso robos en fincas particulares, registrados últimamente en los que han participado algunos adolescentes. Algunos espacios públicos, como el Parque del Rosedal, resultó dañado.
“No tomé ninguna resolución judicial, ni por escrito, ni verbal y me indigna que se me haya atribuido el término ‘toque de queda’. Simplemente a mí me piden apoyo”, aclaró el juez de la tercera sección, Juan Marrero. Varios pobladores consultados por El País apoyaron la medida, en tanto unos pocos disienten. “Está bien, apoyo, yo vivo acá enfrente (a la plaza) y todos los días era un griterío constante, música alta”, dijo Shirley Custodio, madre de cinco menores.
Marrero, que lleva un año y tres meses como juez en Carlos Reyles, y en poco más de un mes se acoge a los beneficios jubilatorios, aclaró sobre el tema que en ningún momento tomó decisiones respecto a que los menores no podían estar en la calle, a excepción de que, si cometen alguna infracción, actuará la Policía. “La Policía precisaba mi apoyo supuestamente cuando hacían un patrullaje y se encontraban menores que de repente no estaban bien, había que llamarles la atención y darle cuenta a los padres. Los padres tienen que tener conocimiento de dónde están sus hijos y hay normas legales que están establecidas en el Código del Niño y de la Adolescencia”, afirmó el juez.

OPERATIVOS EN PUNTA DEL ESTE
La Policía de Maldonado decidió intervenir en la rambla del Puerto de Punta del Este ante el incremento en el descontrol de los jóvenes que todas las noches de la temporada se juntan allí para beber alcohol y escuchar música a todo volumen.
Un grupo de vecinos que representan a la casi totalidad de los edificios de la zona hicieron denuncias escritas a la alcaldía de Punta del Este, a la Intendencia de Maldonado, a INAU y Jefatura de Policía de Maldonado, además de haber convocado a varios medios de prensa para alertar de esta situación. Lo más grave sucedió el 1° de enero, cuando varios jóvenes alcoholizados ingresaron a un lujoso edificio de la zona y coparon dos piscinas del edificio, se bañaron durante la madrugada y luego orinaron y defecaron adentro del agua. Por esa razón el consorcio del edificio optó por colocar un servicio de guardia privada nocturna. En esta misma zona, otro guardia de seguridad contó a El Observador que constantemente debe estar retirando parejas jóvenes que ingresan al parque del edificio a mantener relaciones sexuales sobre la zona de la calle.

PROCESAMIENTO POR HOMICIDIO DE COMERCIANTE
La jueza de Tacuarembó Elisa Zurbrück procesó con prisión al delincuente capturado el miércoles cerca de Curtina, que había participado en el homicidio del comerciante Oscar Acosta, asesinado el pasado 2 de enero en el kilómetro 312 de la Ruta 5, en Tacuarembó, cuando detuvo su vehículo para auxiliar en lo que creyó un accidente carretero. Además, se conoció el auto de procesamiento de los tres imputados, a quienes la magistrada les tipificó dos delitos de rapiña, uno en grado de tentativa, ambos en régimen de reiteración real, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio en calidad de autores.
De la declaración de los imputados se desprende, además, que el autor material del homicidio de Acosta habría sido el hombre apodado "el Canario", que se suicidó.