Opinion | 08 Ene Desde los últimos días de diciembre el Banco de la República publicó el llamado a licitación pública para la ejecución de las obras del “Proyecto edificio BROU-Ciudad Vieja”, cuya apertura de ofertas tendrá lugar el 13 de marzo venidero, de forma de poner posteriormente en marcha el proceso ejecutivo del emprendimiento a levantarse en Montevideo.
La construcción se ubicará más precisamente en la manzana ubicada entre las calles Zabala, Piedras, Solís y la Rambla 25 de Agosto, en lo que sin dudas, más allá de la anunciada intención del proyecto de ampliar y hacer más funcional el funcionamiento de esa dependencia de la institución oficial, contribuirá a realzar esa zona de Montevideo, en aras de un plan de recuperación urbanística que la intendencia capitalina viene desarrollando desde hace más de una década.
Por lo pronto a primera vista aparece como una iniciativa montevideana más, entre las tantas que han caracterizado a los sucesivos gobiernos nacionales, y de las cuales el Frente Amplio no solo no ha sido una excepción, sino que en muchos aspectos ha profundizado esta visión centralista del Uruguay, por encima de las declamaciones y los anuncios de intenciones “descentralizadoras”.
Pero en este caso particular se agrega un ingrediente adicional: en su momento el presidente José Mujica había vetado este proyecto por considerarlo inoportuno y de corte faraónico para un país en el que naturalmente hay prioridades a cubrir con recursos que siempre son finitos y que son producto del esfuerzo de toda la sociedad. Más precisamente, el proyecto había estado congelado durante el actual período de gobierno porque una y otra vez la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dirigida por Gabriel Frugoni, objetó su inclusión en los presupuestos del Banco de la República de 2011, 2012 y 2013, alegando la necesidad de mantener prudencia con el gasto público.
Pero algo ha cambiado desde entonces, seguramente, y la pista la da el semanario Búsqueda al indicar que “atendiendo el resultado de una negociación que mantuvo el presidente José Mujica con Fernando Calloia, presidente del BROU, durante los primeros meses de 2013, la OPP finalmente avaló el presupuesto para 2014 del banco, que incluyó partidas de inversiones que se destinarán a la obra. Eso se ratificó mediante un decreto firmado el 21 de octubre que lleva la firma del entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y del presidente José Mujica”.
En resumen, se prevé volcar unos 20 millones de dólares para “ir avanzando” en la construcción del nuevo edificio, pero naturalmente, la construcción podrá requerir más recursos, que deberán preverse en los siguientes presupuestos anuales del banco. Uno de los argumentos manejados para dar luz verde a la construcción es que además de mejorar la infraestructura edilicia del banco, también se mejora la imagen de la ciudad costera para los turistas que arriban en barco al puerto capitalino.
Por supuesto, una inversión de esta magnitud para la institución que supuestamente es abanderada en el fomento de la producción y asistencia financiera a pequeños productores y créditos ya de por sí merece reparos, porque no aporta nada desde el punto de vista de infraestructura productiva y es dinero que se va en ladrillos para gloria de la propia institución –y de su presidente--, cuando podría destinarse por ejemplo a bajar las tasas de interés para los sectores de menores ingresos de la población, y así contribuir a reciclar más dinero en el tramado socioeconómico, a la vez de tender a mejorar la calidad de vida.
Es decir, algo que debería encajar mejor en los eslóganes del Uruguay “progresista” de los que hace gala el oficialismo, y que hizo que precisamente en su momento se mandara parar el proyecto. Pero éste se relanza nuevamente en un momento que de todas formas es poco favorable; primero, porque nunca se sabe cuánto más va a durar el entorno favorable que ha permitido fortalecer el desenvolvimiento de la economía del país, y segundo, porque en un año electoral las cosas van a pasar a teñirse cada vez más de subjetividad político partidaria.
Pero seguramente más que cualquier atisbo de prudencia puede el afán de algunos burócratas --muy capitalinos todos ellos-- de pasar a la historia como los “hacedores” de determinada obra que contribuya a enriquecer el acervo de la República de Montevideo, al fin de cuentas, como lo ha sido la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, el auditorio Adela Reta del Sodre y el proyecto en marcha del denominado Antel Arena, todas obras para la capital, que solo serán utilizadas y disfrutadas por los montevideanos, pero a través del aporte de todos los uruguayos. Por lo pronto, si sólo se destinase lo que se piensa dilapidar en estos dos últimos monumentos al centralismo planificados --o sea el estadio de Antel y el mamotreto del BROU--, para reparar la caminería rural, no sería necesario inventar ningún ICIR o impuesto equivalente, porque sobraría plata en relación a lo que se pensaba generar con el “Impuesto a las Concentraciones de Inmuebles Rurales”.
Y si bien es cierto que la plata que piensan gastar son las “ganancias” de esas empresas, también lo es que el Estado esgrime que no tiene recursos para recuperar para todos los uruguayos el predio histórico donde estuvo Purificación, para ayudar a restaurar la Basílica sanducera, o el teatro Florencio Sánchez, por nombrar solo tres cosas prioritarias que están en nuestro departamento.
Por lo tanto los gobiernos ya sea “neoliberales” como presuntamente “progresistas” siguen en la misma, jugando en y para Montevideo, cualquiera sea el momento y la situación del país, porque los delirios centralistas siguen tan vigentes como siempre.