Opinion | 15 Ene De acuerdo a la información oficial, desde la aprobación de la nueva ley de vivienda de interés social, a fines de 2011, se han presentado 252 proyectos, que implican 8.400 unidades habitacionales en zonas no costeras de Montevideo y el interior del país.
Del informe de Presidencia se desprende que 195 de estos proyectos ya fueron promovidos por el Poder Ejecutivo y equivalen a unas 6.000 viviendas con destino a venta y arrendamiento, de las cuales están en obra unas 4.000.
De estos 252 proyectos, 184 corresponden a Montevideo y 68 al interior del país. Fuera de la capital, los proyectos se localizan en los departamentos de Maldonado principalmente, con 29 iniciativas y Canelones con 14, (es decir más de la mitad de los proyectos radicados en el Interior) y también hay en Colonia, Florida, Paysandú, Soriano, Salto, Durazno, San José y Cerro Largo.
Debe tenerse presente que la ley de vivienda de interés social promueve la inversión privada para la construcción de unidades a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias, y está dirigida a contemplar sectores de ingresos medios, en tanto otros programas que tienen apoyo directo del Estado son canalizados hacia sectores de la población de menores ingresos en una diversidad de áreas, posibilidades y subsidios parciales de cuotas, entre otras alternativas. El contexto en el que se promueven estos proyectos, más allá de sus objetivos, responde a una coyuntura de encarecimiento, si se tiene en cuenta que nuevamente en 2013 el aumento en el costo de construcción de la vivienda se ha situado por encima de la inflación, del aumento promedio de salarios y naturalmente, de la evolución del dólar. Es así que para el ciudadano promedio asumir el costo de levantar su propia vivienda se coloca cada vez más lejos, teniendo en cuenta la relación entre los ingresos promedio y el costo de esta inversión.
Ello da la pauta de la realidad a la que se ve enfrentado el interesado en acceder al techo propio, y no solo por el encarecimiento de materiales y mano de obra, sino también por las serias dificultades en poder acceder a un terreno para construir, y entre los costos debe incluirse naturalmente lo oneroso de los impuestos y cargas sociales que aplica el Estado.
El punto es que el costo de una unidad habitacional modesta, de unos 56 metros cuadrados, de no menos de 55.000 dólares y hasta los 70.000, de acuerdo a la calidad constructiva, pone de relieve que no es porque sí que la problemática del techo propio sigue vigente, y que lejos de tender a solucionarse, el déficit habitacional se agrava en nuestro país. Y en el caso del Interior y quizás en mayor medida en Paysandú, es fácil concluir que en los últimos años o incluso décadas todo lo que se ha hecho en construcción está basado en las viviendas por ayuda mutua o cooperativas, que aunque es una opción válida en realidad se da en tal proporción porque el trabajador no tiene posibilidades de acceder a un techo decoroso de otra manera.
El problema sigue presentándose por lo tanto en toda su magnitud, y es común ver en todo el país construcciones en las que conviven dos o tres generaciones, por lo que los costos prohibitivos condicionan a la clase media a depender del apoyo del Estado para adquirir una propiedad, promoviendo acciones directas o como se está intentando actualmente, apoyando créditos para la compra de vivienda usada, a lo que deberían agregarse planes específicos para construir unidades económicas, más allá de las posibilidades que ofrece el sistema cooperativo.
Los altos costos, además, no refieren solo a la construcción de una unidad habitacional nueva, sino que debe evaluarse que también es onerosa la reparación, mantenimiento, ampliación y reciclaje de inmuebles, aprovechando por ejemplo construcciones de muchos años que cuentan con todos los servicios y se encuentran en plena zona urbana, por cuanto no solo se aplica el encarecimiento de los materiales en la ecuación económica, sino también los aportes al BPS y otros costos aplicados por el Estado.
Ello determina que como regla general quien tenga que enfrentarse a la disyuntiva de pagar o quedarse con lo que está, opta por la construcción en negro, es decir por fuera de las normas legales, como alternativa para poder construir, por lo que como suele acontecer en todos los órdenes de la vida, los excesos en la voracidad fiscal hacen que en los hechos se recaude menos y a la vez se desestimula que se actúe dentro de la legalidad.