Opinion | 13 Ene Entre los últimos meses de 2011 y los primeros días de 2012 se gestaba en Uruguay una reunión entre el presidente José Mujica y altos dirigentes de la oposición para sellar un acuerdo educativo que lograra quitar peso político a los sindicatos. Esos encuentros –a solicitud del mandatario-- se llevaron adelante en la residencia de Suárez y Reyes, con el cometido de obtener por la oposición el apoyo para que los presidentes de los directorios de organismos que conducen la enseñanza tuvieran un “voto doble” o “voto ponderado”, que sirviera de herramienta para tomar decisiones.
En la mesa estuvo la necesidad de revisar la Ley de Educación aprobada en 2008 durante la administración de Tabaré Vázquez; un asunto sobre el cual Mujica no se opuso.
La oposición y el gobierno salieron conformes de aquellas reuniones, tras haber arribado a un “acuerdo nacional” sobre la educación que modificaba aspectos representativos y políticos que eran referenciales para los protagonistas en los respectivos encuentros.
Sin embargo, avanzaron los años y el acuerdo no se cumplió. En vez de revisar y fortalecer los organismos de conducción con el “voto ponderado” comenzaron a rodar cabezas.
Pilar Ubilla y Fernando Tomeo fueron removidos –según Mujica-- porque “son personas que han tenido una trayectoria sindical y les cuesta mucho discrepar con sus compañeros”, en referencia a las dificultades impuestas por la aplicación del programa Promejora, ampliamente rechazado por la dirigencia sindical.
Después “volarían” a José Seoane y Nora Castro –presidente y vice del Codicen-- por los actuales titulares Wilson Netto y Javier Landoni. Para ese entonces, el mandatario reconocía la rotura del acuerdo. “El primero que perdió en el acuerdo fui yo, porque me tuve que ir al mazo. No es ningún misterio que propuse la autonomía total para la UTU y no me la llevaron”, señalaba. En aquella oportunidad también demostraba las grandes diferencias internas existentes y la imposibilidad de tocar una ley establecida en el gobierno de un protagonista que hasta ahora permanece indemne, como Vázquez.
A la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, María Simón, también le solicitaron la renuncia y su lugar fue ocupado por Oscar Gómez.
Finalmente le llegó la hora a Juan Pedro Tinetto y fue removido por diversas razones, entre las que se destaca un viaje a Canadá en medio de un largo conflicto docente y los magros resultados educativos. Incluso se habla que pende de un hilo el cargo de la consejera Ema Zaffaroni, quien asumiera junto a Tinetto.
Un cambio de figuritas constante no garantizó en su momento ni garantizará en los pocos meses que restan al gobierno de Mujica, la solución necesaria y reclamada desde diversos sectores.
Son consecuencias que dejan claramente definido quiénes son los que mandan en la educación uruguaya.