Opinion | 14 Ene De acuerdo a recientes expresiones del presidente José Mujica, el Mercosur “debe ajustar lo jurídico en lo posible a lo que somos y no a lo que soñamos que deberíamos ser; creo que esto merece una discusión”, para acotar que “el Mercosur tiene un problema interno, y tiene que revisar, que revisarse a sí mismo qué es lo que sigue vigente y qué es lo que no sigue vigente”.
Consideró asimismo el jefe de Estado que “tenemos sistemas establecidos jurídicamente de dirimir nuestras diferencias y conflictos que en realidad no funcionan y no podemos aplicar. Sería mejor que nos sinceremos, y si esos mecanismos no sirven tratemos de construir otros que sean posibles, que respondan más a la época actual”, y apuntó que “lo que no podemos seguir es en una especie de mentira institucional, tenemos una letra pero vamos por otro camino”.
Las reflexiones del mandatario uruguayo reflejan un notorio desencanto ante las expectativas que se habían creado en cuanto al bloque regional, y es así que el gobierno ha reafirmado ya desde la presidencia de Tabaré Vázquez, que Uruguay debe apostar a “más y mejor Mercosur”.
La realidad indica que no solo no hemos tenido más y mejor Mercosur, sino que ha sido un cada vez peor Mercosur, y más aún, teniendo en cuenta lo que sostiene Mujica, debe tenerse presente que el acuerdo regional no funciona no porque no haya institucionalidad, sino que no se respeta, sobre todo por la Argentina (actualmente), y no hay establecidos mecanismos sancionatorios reales --por lo menos que se cumplan-- para quien no se atenga a este ordenamiento institucional.
Pero en el pecado está la penitencia, desde que uno de los mayores problemas en el bloque radica en que Uruguay, Argentina y Brasil han llevado a que el Mercosur funcione como un club de amigos, pisoteando el ordenamiento jurídico en función de afinidades ideológicas. Por lo tanto, mal puede sostener ahora el titular del gobierno uruguayo que el Mercosur debe “ajustar lo jurídico”, cuando en cada oportunidad que se le cruzó fue él precisamente quien puso en claro su propia consigna de “lo político está por encima de lo jurídico”. Sobre esa base precisamente fue que el bloque inventó una sanción para Paraguay que derivó en una suspensión, de forma de permitir que Venezuela pudiera integrarse como socio, violando la letra y el espíritu del Mercosur, que exige que el ingreso de todo nuevo socio debe ser refrendado por los parlamentos de los asociados.
A ello debe agregarse naturalmente la actitud de la Argentina, que no solo avasalló todas las reglas del Mercosur, los derechos de libre circulación y cuanto tratado internacional existe, cuando permitió y fomentó el bloqueo a los puentes internacionales con Uruguay, al tiempo que ahora sigue trabando sistemáticamente las importaciones de nuestros productos y practica un proteccionismo desembozado, sin olvidar las prohibiciones de trasbordar mercadería hacia Argentina en los puertos uruguayos.
Por todo esto no caben las excusas de Mujica: el Mercosur no existe y el gobierno que él encabeza también es culpable de su aniquilación. Entonces, no se trata de ver qué sigue vigente y qué no, sino de refundarlo. Así como vamos, lo único que puede funcionar es lo que la voluntad de Argentina y Brasil estén dispuestos a dejar hacer a los miembros menores. El Mercosur nunca llegó a funcionar como un instrumento de desarrollo del intercambio comercial, la integración y la complementación entre producciones de la región, pese a las expectativas iniciales, y mucho menos lo ha hecho en los últimos años, desde que comenzó a instrumentarse como una alianza de las izquierdas sudamericanas pensando que así se ayudarían para el desarrollo regional.
Ergo, ante un Mercosur maniatado en sus contradicciones e incongruencias, y encerrado en visiones autocomplacientes de los gobiernos de Uruguay, Brasil y Argentina, la apuesta debe fundarse primero y sobre todo en la formulación de una autocrítica profunda de los socios, así como impulsar las negociaciones entre bloques de una buena vez, a la vez de liberar de las ataduras a la diversificación de mercados que impone a los integrantes del acuerdo, que resulta funesta para países como Uruguay.