Policiales | 17 Ene El subjefe de Policía de Paysandú, inspector mayor Héctor Muñoz, confirmó en conferencia de prensa los detalles del operativo a raíz del cual –tal como informara EL TELEGRAFO en la víspera-- procesaron con prisión a cuatro hombres poseedores de antecedentes penales y sin prisión a una escribana --sin antecedentes-- de Montevideo, por varios delitos de hurto de vehículos, falsificación de documentos y receptación. Todos ellos integraban una organización para delinquir en la que un sanducero fue señalado como principal ideólogo.
El inspector Muñoz detalló también que “el procedimiento comenzó hace aproximadamente seis meses, al identificar una camioneta de procedencia argentina, que circulaba en nuestra ciudad de forma ilegal”. Posteriormente, a raíz de varias investigaciones y allanamientos en domicilios y en una automotora local, se incautaron tres vehículos de dudosa procedencia, cuya documentación había sido adulterada, agregando que “ahí determinamos que estábamos frente a una maniobra por parte de una organización que involucraba a otros departamentos, por lo que se solicitó la autorización de la jueza Adriana de los Santos, del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, para continuar trabajando”.
Confirmó también que “la maniobra consistía en hurtar vehículos a los que luego se les colocaba una chapa matrícula robada a otro de similares características, adulterando las libretas de propiedad para luego venderlos a ciudadanos que los compraban en buena fe”. En primera instancia fueron incautados once vehículos, por un valor aproximado a los 500.000 dólares. Asimismo, aclaró que “paralelo a este procedimiento se descubrió el hurto de una caja fuerte en jurisdicción de la Seccional del barrio Peñarol, en Montevideo. En esa caja fuerte habían bonos por valor de 25.000 dólares americanos, los que la escribana --que estaba relacionada con uno de los procesados-- introdujo al mercado a un precio mucho menor”.
El subjefe de Policía añadió que “los delincuentes generaban documentos y libretas en nombre de diferentes municipios del Interior, pero no se pudo comprobar ni relacionar a las municipalidades en los hechos delictivos”, por lo que “todavía sigue en curso la investigación para saber qué conexión tenían los procesados con los funcionarios municipales en cuestión. Las actuaciones no están finalizadas, por lo que puede haber alguno que otro implicado que no haya sido identificado hasta el momento”.