Opinion | 22 Ene En los últimos meses del año pasado, en una de sus habituales reflexiones filosóficas, el presidente José Mujica alertó que en el futuro los jóvenes van a tener que afrontar una mayor carga tributaria y dedicar una creciente porción de sus ingresos a pagar la jubilación y seguridad social de las siguientes generaciones, tal como viene la tendencia tanto nacional como mundial.
Y no le falta razón al mandatario, aunque lamentablemente en nuestro país todavía no se ha elaborado un diagnóstico y menos aún un debate bien sustentado sobre eventuales acciones para enfrentar la contingencia dentro de parámetros que no resulten traumáticos y no en la tesitura, tan común a nuestra idiosincrasia, de salir a apagar incendios que debieron haberse previsto con mucha antelación.
El economista Alvaro Forteza, experto en seguridad social, dijo a El Observador el pasado fin de semana que será “inevitable” hacer “ajustes a la baja” en el nivel de beneficios que ofrece el actual régimen jubilatorio uruguayo para asegurar su estabilidad financiera.
Consideró que debe incluirse, entre otras cosas, un aumento de la edad de retiro, y explicó que en sistemas de reparto o solidaridad intergeneracional y beneficios definidos, como es el sistema que administra en el país el BPS y los servicios de retiros policial y militar, no está garantizada la sostenibilidad financiera del sistema y que deben hacerse estudios frecuentes y ajustes periódicos de los parámetros para asegurarla.
Igualmente, no hay recetas mágicas en esta materia, y así debemos tener presente que el envejecimiento poblacional mundial tiene una diversidad de grados que depende del país de que se trate, y por ejemplo, mientras en Europa y Japón, así como en otras naciones desarrolladas, ya es una problemática que tiene connotaciones no solo respecto al futuro cercano, sino que forma parte de una actualidad insoslayable, en el caso del Tercer Mundo se percibe como un escenario más lejano por la composición más joven de sus franjas etarias.
De todas formas tiene proyección en una diversidad de áreas, y expresa un condicionamiento en las políticas de cada país, desde que este envejecimiento conlleva además sostener un esquema de prestaciones sociales muy bien estructurado para atender la calidad de vida de los grupos de mayor edad, e implica desafíos para sostener un esquema previsional cada vez más exigido.
En nuestro país el tema ha figurado en la agenda del denominado Diálogo Nacional de Seguridad Social y un aspecto que sin dudas será motivo de arduo debate es la sustentabilidad financiera de la seguridad social, como señala Forteza, en tiempos en que la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente y ya hay ejemplos de países europeos en los que funcionan sistemas de seguridad social muy generosos que han llegado al término de su sustentabilidad.
Así, con matices pero con la misma fundamentación y argumentos se está instrumentando un aumento de la edad mínima de retiro por encima de los 65 años, en tanto en el Uruguay se mantiene en 60, con estímulos para ir “estirando” el pasaje a la pasividad.
Ocurre que un sinceramiento de la situación conlleva tragos amargos y costos políticos que ningún partido por sí solo está dispuesto a pagar, como regla general.
Forteza subrayó que los ajustes que se instrumentan “con frecuencia llegan tarde, usualmente porque generan mucha resistencia política. Es bastante natural la resistencia, dado que los ajustes usualmente son a la baja, para cerrar las cuentas se reducen los beneficios y o se aumentan las contribuciones. Además, por lo general los ajustes no se limitan a quienes todavía no ingresaron al sistema, sino que afectan a muchos de los que están en actividad y han aportado entonces bajo reglas que luego se ven modificadas”.
Estas reflexiones vienen a cuento sobre todo cuando subsiste, aunque con sombras, la bonanza económica que vive el país que ha permitido que haya mayores aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y ha mejorado la relación activo-pasivo por un mayor empleo y formalización del trabajo, lo que implica mejorar la situación financiera del BPS, en tanto hay amplios sectores cubiertos por las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) que vierten ahorros a sus propias cuentas personales para asegurar un retiro en mejores condiciones.
Sin dudas que en el Uruguay su sistema político, los actores directamente involucrados, deben dejar de solo mencionar el tema y tenerlo presente para encarar decididamente respuestas en un futuro no muy lejano, y sentarse desde ya en torno a una mesa para contribuir a las soluciones que impliquen el menor trauma posible para enfrentar realidades muy complejas.
Sobre todo, ante conflictos de intereses donde cada uno debe poner de su parte a efectos de que las respuestas contemplen las situaciones posibles y pueda conciliarse la limitación de recursos con un sistema provisional y de seguridad social acorde a las exigencias que conlleva el envejecimiento poblacional.