Opinion | 18 Ene Es notorio que a medida que vamos avanzando hacia las próximas contiendas electorales, el escenario político se va tiñendo con los intereses partidarios, más allá de que en un país como Uruguay es muy difícil encontrar temas de dilucidación en un ámbito político que no estén contaminados del componente ideológico o partidario, pensando en código de costos en respaldo popular antes que en atender las posibles soluciones a los problemas del país.
Y cuando hemos ingresado ya a 2014, pese a la tradicional quietud del severo verano uruguayo, no puede perderse de vista que cada movimiento o decisión tanto en el gobierno como en la oposición va acompañado de cuidadosas evaluaciones en la percepción del ciudadano que se pueda traducir en ganar o perder votos.
Pero existen igualmente grandes temas en carpeta que deberían trascender estas fronteras, y pasar a formar parte de las políticas de Estado que debe darse un país para asegurar reglas de juego claras a los operadores por encima del partido que ocupe el poder, superando los intereses político electorales que es puramente espuma que se disipa --o debería-- una vez pasadas las elecciones.
Uno de los temas que precisamente debería estar por encima de este juego perverso es el de la minería de gran porte, tomado en la ley de megaminería que fuera aprobada solo con votos del oficialismo, lamentablemente, que impuso su mayoría propia tras el debate parlamentario y atendiendo a la vez plazos muy condicionados por el proyecto de los inversores de la minera Aratiri, la principal interesada en esta norma y motivo por el cual la oposición señala se legisló con nombre propio.
En los hechos, tanto una como otra parte fueron presa de sus propias posturas y convicciones y no hubo espacio suficiente para llegar a un consenso o por lo menos amplias mayorías que respalden la ley, lo que deja espacio para especulaciones, reproches y seguramente pase de facturas en el futuro, de acuerdo a como se desarrollen las cosas.
Pero como en todos los casos, está de por medio la evaluación del costo-beneficio de todo emprendimiento y su proyección en el mediano y largo plazo, y en el caso concreto de Aratirí, choca con cuestionamientos de organizaciones de ambientalistas y productores de la zona. Estos consideran que la extracción de hierro y el movimiento de apoyo generarán serios trastornos medioambientales en una zona productiva. Han puesto como ejemplo, entre otros aspectos, que los emprendimientos de hierro en otros países están enclavados en zonas áridas, donde evidentemente no hay afectación significativa de un entorno de por sí agreste y sin otras producciones a la vista.
Precisamente, el sentido común indica que debería haber factores muy contundentes --que por ahora no han sido puestos sobre la mesa-- como argumento para impedir que nuestro país busque maneras de explotar el mineral de hierro que yace en el subsuelo, que representa miles de millones de dólares que dejaríamos de percibir simplemente por mantener todo como está.
La oposición de grupos de ambientalistas y productores de la zona, en el marco de su movilización, ha dado lugar a que el mes pasado se lanzara una campaña de recolección de firmas para que con las elecciones nacionales se vote una reforma constitucional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto.
Por supuesto, estamos en democracia y felizmente todos los sectores representativos de la sociedad tienen derecho a expresarse según su leal saber y entender, sus intereses y también fundamentalismos, llegado el caso, por lo que el ciudadano común debe tener la capacidad de discernir entre los eslóganes y la realidad, los beneficios y los costos, y así compartir o discrepar con estos planteos.
Y no es sensato oponerse a rajatabla a cualquier producción que signifique alguna afectación al medio ambiente, como evidentemente siempre ocurre en mayor o menor medida, en el entendido de que no hay actividad del hombre que sea totalmente inocua, como tampoco lo son la ganadería y la agricultura, por mencionar dos ejes de nuestra economía.
Por lo tanto las cosas nunca son tan simples como para ponerlas en blanco y negro, y más allá de lo episódico y atribuir intenciones, surge que un país necesita no solo explotar sus recursos naturales, sino sobre todo hacerlo en forma racional y en el marco de una visión estratégica de desarrollo, que son los aspectos primordiales a respetar en la minería de cielo abierto, en lugar del rechazo tajante a priori.