Paysandú, Lunes 27 de Enero de 2014

Ministerio de Salud Pública sancionará prestadores por incumplimientos de tiempos de espera en especialidades

Nacionales | 22 Ene De acuerdo a Subrayado, la Junta Nacional de Salud (Junasa) realizará en febrero la primera auditoría a los centros de salud respecto al cumplimiento de los tiempos de espera en todas las especialidades médicas. En tanto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con un nuevo sistema para controlar datos específicos.
En muchos casos, los tiempos de espera para tener hora con un especialista llegan a los tres meses y en el interior del país pueden demorar más tiempo todavía, lo cual se debe a que se triplicaron las consultas desde que se instaló el Sistema Nacional Integrado de Salud.
“La mayoría de las instituciones no cumple con los tiempos de espera. Hay muchos prestadores (de salud) que no adecuaron su personal y sus técnicos a la masa de usuarios”, denunció en el programa Poder Pensar de Canal 20 Lilián Rodríguez, del Movimiento Nacional de Usuarios. Sin embargo, desde marzo del 2013 el Ministerio de Salud Pública comenzó a implementar, mediante la Junasa, un nuevo sistema de control a las instituciones para que cumplan con los tiempos de espera.
En tal sentido, se estipuló que las consultas de medicina general, pediatría y ginecología no pueden demorar más de 24 horas. En tanto, a partir de enero de este año, el control se amplió a todas las especialidades, excepto cirugías. Lo que establece la nueva normativa es que los centros de salud no pueden demorar más de 30 días para otorgar consulta en cualquier de las otras especialidades médicas. En tal sentido, las mutualistas y ASSE no pueden tardar más de un mes en atender a un paciente cuando requiera un profesional específico. A partir de los incumplimientos a la normativa, la Junasa realizará el primer control de todas las especialidades a los centros de salud con datos específicos mediante el nuevo sistema centralizado. El presidente de la Junasa, Luis Gallo, indicó a Subrayado que ahora el MSP cuenta con un instrumento que permite auditar de forma real y no mediante la información que pasaban las instituciones o las denuncias de los usuarios. En tal sentido, las instituciones médicas que no hayan cumplido con los tiempos de espera serán sancionadas económicamente, aunque se contemplarán situaciones que tengan que ver con la falta de personal, puesto que fundamentalmente en el interior del país las instituciones no pueden conseguir cierto tipo de especialistas. Además, cuando se tengan los resultados de la auditoría, los mismos se harán públicos para que la población pueda analizarlos.

URUGUAY: PAÍS DE LA REGIÓN QUE INVIERTE MENOS EN SEGURIDAD
En la presentación de su informe “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” en Guatemala, el subsecretario general de la ONU y director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, informó que Uruguay es el país de la región que menos gasta en seguridad, señaló El Observador.
En su análisis regional, el diplomático consideró “preocupante” la situación de Centroamérica, donde el caso más grave es Honduras, con 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras en Guatemala la tasa es de 34 asesinatos por cada 100.000. En tanto, este guarismo para Uruguay fue de 8 cada 100.000 en 2012.
En la presentación, Muñoz señaló que en América Latina se registran más de 100.000 homicidios por año. “La región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional y avanza en la reducción de la pobreza y desi-gualdad, crecimiento económico y estabilidad financiera; sin embargo, algunos desafíos persisten (...), sufre la pesada carga de la violencia con más de 100.000 homicidios registrados por año”, enfatizó. “La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidios con niveles de epidemia, según una clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos”, aseguró el representante de la ONU.

DISCUTIR SI LA PROSTITUCIÓN ES UN TRABAJO
La diputada y exministra del Interior, Daisy Tourné, propone discutir si la prostitución es un trabajo. “Los cuerpos no son una materia comercial” y puso como ejemplo Suecia, donde se penaliza al cliente, informó Sub rayado.
“Creo que lo que falta y sigue faltando es conciencia popular”, manifestó en el Parlamento la legisladora frenteamplista, en referencia a la prostitución en el país. Consideró que el “intercambio del cuerpo por dinero” no debería ser un “trabajo”.
“Los cuerpos no son una materia comercial. Estoy hablando de lo que es legal en Uruguay en los adultos, que es la prostitución”, dijo Tourné. Agregó que “deberíamos pensar si el intercambio del uso del cuerpo de una persona por dinero es un trabajo. Pensemos si no es hora de ir un poquito más adelante, si el cuerpo y la sexualidad de las personas es un producto de mercado”.
En cuanto a si plantea prohibir la prostitución, la diputada expresó que “no exactamente”. “Estoy planteando madurar como sociedad. Suecia, por ejemplo, penaliza al cliente. Pero solo planteo empezar a pensar si poner el cuerpo a servicio de otro se puede llamar trabajo”, enfatizó.

GREGORIO ÁLVAREZ PODRÍA PERDER LOS DERECHOS DE FFAA
El exdictador Gregorio Álvarez, condenado por sus crímenes durante la dictadura, será juzgado por el Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas, que podría degradarlo y eliminar sus beneficios por pertenecer a la institución, informó a Efe una fuente oficial.
“Lo resolvió el señor presidente de la República y el ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro” a través de una resolución firmada, señaló el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y de Derechos Humanos, Roberto Caballero. Agregó que el tribunal juzgará “su conducta moral y su comportamiento ético y si concluye que no representó a las Fuerzas Armadas con honestidad y ética profesional, las sanciones pueden llegar a la pérdida de su jubilación y del derecho del uso de su uniforme o de ser atendido en el Hospital Militar”.
Asimismo, Caballero negó que la resolución sea una forma de “repudio” para el exgeneral de 88 años sino “una sanción moral”, aclarando que el Poder Ejecutivo resolvió la composición del Tribunal de Honor que lo juzgará, que estará integrado por los excomandantes en jefe del Ejército, Jorge Rosales, Carlos Díaz y Ángel Bertolotti.
Los miembros del tribunal “tienen que ser de su mismo grado”, por lo que ni Rosales, Díaz y Bertolotti pueden negarse a intervenir en el caso pese a estar jubilados, porque “los oficiales del Ejército, una vez que pasan a retiro, durante un período de varios años, están sujetos a disciplina”, agregó la fuente.
Álvarez fue comandante en jefe del Ejército entre 1978 y 1979, y gobernó “de facto” entre 1981-1985, está en prisión desde 2007 y fue procesado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978, informó El Observador.


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