Doctor Adolfo Casaretto

Rurales | 25 Ene El veterinario Adolfo Casaretto, integrante de la comisión de seguridad rural de Paysandú que funciona desde hace más de un año y medio en el departamento, sostuvo a EL TELEGRAFO que en el grupo “decimos que todo lo que no se pueda progresar en este aspecto es retroceso”.
El jefe de Transferencia del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), explicó que el ingeniero agrónomo Marcelo Grattarola –también técnico de la institución lanera-- “ha sido de los promotores en Paysandú de la Comisión de Seguridad Rural, donde se ha procurado integrar a todas las fuerzas vivas e instituciones del departamento, instalándose un lindo foro de discusión y análisis, pero además de ejecutividad”.
“Hemos tratado de encontrar soluciones, juntando las partes y evidenciándose la brutal indignación que hay sobre el tema y de la deuda que entendemos tiene el sector político con respecto a este tema, y la poca sensibilidad que hay del colectivo de la seguridad rural y el abigeato”, dijo.
Para el profesional “la legislación actual es totalmente ina-decuada para la situación que se vive con la inseguridad tanto urbana como rural, que están muy vigentes”.
Se refirió a los avances tecnológicos existentes que “nos los recoge la legislación que tenemos”, al referirse a los celulares y formas de funcionamiento de los abigeatos que “desbordan el respaldo que tenemos”.
Habló sobre la trazabilidad y precisó que tanto “este sistema como la caravana no figuran en el marco legal, es decir que dolos a la caravana aún no están contemplados y sigue siendo la marca a fuego la que se tiene en cuenta en los procedimientos”.
Manifestando el sentir de los integrantes de la comisión, “todos son coincidentes que la legislación que tenemos no es la más adecuada, y se entiende que las penas son muy leves y los expedientes que se deben armar son muy complejos”.
Para Casaretto, “pasa que el poder político en el legislativo no se pone de acuerdo en los distintos proyectos de ley existentes, donde hay empantanados actualmente proyectos mejores a los que tenemos hoy, pero no logramos consenso ni agilidad”.
Al referirse a temas de público conocimiento, como los abigeatos ocurridos a mediados de diciembre en la zona de Constancia, donde se constataron “escasos procesamientos ante la cantidad de involucrados que actuaban a distinto nivel en forma combinada”, o el sonado caso de cientos de cabezas de ganado desaparecidas en la zona de Cuchilla del Fuego hace un año y en donde hasta ahora no hubo ningún procesamiento, señaló que “genera desánimo en los distintos actores, en los damnificados, y en la misma Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra), de la que estamos muy satisfechos, no solo por los logros ejecutivos que han tenido, sino por la actitud y dedicación, como también por la receptividad por las propuestas que se le hacen”. “Todo lo que no progresemos va generando progresivamente un deterioro y desánimo muy nocivo y perjudicial, en donde el rubro ovino es el que lo siente con mayor impacto y mayor dureza”, indicó el profesional.
La citada comisión entiende que “teniendo en cuenta lo grave que resulta el delito de abigeato para la producción ovina y bovina del departamento de Paysandú, y las consecuencias negativas que provoca desde el punto de vista social y económico, así como el desánimo para seguir con la actividad, esta comisión se encuentra a las órdenes para consulta o asesoramiento a productores de cómo actuar en determinadas circunstancias”.

LOS CASOS
La Comisión Asesora de Seguridad Rural de Paysandú expresó recientemente su “profunda desazón por los resultados finales a nivel de la Justicia”, en el hecho registrado en Constancia, y en donde el administrador de una estancia, de 29 años, su capataz y el de otro establecimiento de la zona de Constancia fueron procesados sin prisión por la Justicia Penal tras comprobarse su participación en el robo y la comercialización de al menos 13 vacunos.
El otro hecho que preocupa a la Comisión de Seguridad Rural de Paysandú es la estafa por cientos de miles de dólares que afectó a un número importante de firmas ganaderas y permitió constatar la falta de más de 400 animales, en Cuchilla del Fuego; de lo que aún no se conocen resultados concretos a nivel de la Justicia, a pesar del exhaustivo trabajo desarrollado por la Bepra y la seccional 9ª de Paysandú. El procedimiento comenzó con recuentos en un establecimiento de la zona de Cuchilla del Fuego, que trabaja con una importante firma consignataria de ganado, donde se detectaron animales que carecían del dispositivo establecido por el Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG) para controlar toda la información relativa a los movimientos desde del nacimiento de cada animal. En la oportunidad, se practicaron indagatorias que permitieron corroborar que esos instrumentos de contralor habían tratado de ser eliminados sin éxito, al parecer con el propósito de ocultar una maniobra iniciada en el año 2009, que consistía precisamente en la manipulación de la herramienta instaurada por el SNIG. En el marco de la investigación, fue detectada la falta de más de 400 reses, de las cuales se encuentran efectivamente denunciados 300 vacunos y 18 toros Abeerden Angus, indicaba EL TELEGRAFO, precisando que la investigación había permitido individualizar al presunto responsable de la estafa, al que 33 firmas ganaderas habían confiado sus animales, basado en el citado sistema de control del SNIG. Este trató de evadir –a través de diferentes engaños, como una mortandad inexistente de ganado-- su responsabilidad en las irregularidades detectadas, a pesar de las numerosas pruebas reunidas en su contra.