Opinion | 28 Ene Con un ojo puesto en lo que sucede en estos días en la Argentina, porque todo lo bueno o malo que ocurra en la vecina orilla nos afecta, directa o indirectamente, hemos ingresado en nuestro país en año electoral, lo que significa que se van a incorporar más que nunca a la marcha de la economía y otras áreas decisiones gubernamentales con una contaminación teñida de alta subjetividad e intereses en juego.
Ello indica que difícilmente sea un escenario propicio para revertir o corregir políticas que se han instrumentado durante la administración, por más que en el mediano y largo plazo resulten inevitables a efectos de evitar males mayores.
Y en este contexto, no puede soslayarse que el uso criterioso de los dineros públicos debería ser una premisa que presida las decisiones que se adopten en esta materia, por encima de los cortoplacismos y los réditos electorales inmediatos que se buscan por regla general en el gobierno que sea en este período tan particular.
Estas reflexiones vienen a cuenta de un planteo formulado a través de un informe elaborado para la Cámara de Industrias del Uruguay por una economista, que indica que el Fondo para el Desarrollo (Fondes) que creó el gobierno en 2011 con parte de las utilidades que obtiene el Banco de la República (BROU) para apoyar emprendimientos autogestionados por los trabajadores es “dinero tirado al vacío” porque “lo único que se logra” es “dilatar el cierre definitivo” de esas empresas, según consigna el semanario “Búsqueda”.
El documento fue elaborado por la economista Ana Laura Fernández a pedido de directivos de la gremial empresarial para utilizarlo como insumo en la política de la cámara y según la profesional, esta modalidad de financiamiento de emprendimientos genera inquietud y preocupación.
“Dado que la gran mayoría de los casos son empresas que se han fundido o que no han tenido resultado exitoso en su funcionamiento, surge la inquietud de si los proyectos que reciben el dinero tienen realmente las capacidades financieras y productivas suficientes para continuar funcionando”, argumenta el informe.
Si bien reconoce que de esta manera “se están salvando los puestos de trabajo que se perderían en caso de que la empresa cerrara definitivamente”, se pregunta por qué, si ese es el objetivo principal, no se extienden estos beneficios “para el resto de las empresas, sean autogestionadas o no y que precisan en determinado momento un apoyo financiero con facilidades”.
Y este es precisamente el punto: ocurre que la ayuda para la autogestión forma parte del centro ideológico de una política que pasa por traspasar empresas en dificultades a la autogestión de los trabajadores, como si esta fuera la solución, en lugar de generar condiciones para que los emprendimientos puedan seguir desenvolviéndose por sus propietarios, por encima de su viabilidad, porque se pretende combatir al “capitalismo”, que en su óptica es el origen del mal.
Lo que se hace en realidad es institucionalizar una ayuda permanente a través del Estado, con el dinero de todos los uruguayos, y atar a los beneficiados por la fuente de trabajo a la discrecionalidad del gobierno de turno, haciendo que la empresa solo pueda sostenerse si se le sigue subsidiando indefinidamente.
Si bien siempre estuvo claro el objetivo, lo señala la economista precisamente cuando considera que “el tema es que acá, más allá de salvar puestos de trabajo, el objetivo último de parte de las autoridades es promover una nueva modalidad de producción basada en la autogestión de las empresas por parte de los trabajadores”.
Aludió en este sentido a declaraciones del presidente José Mujica, en el sentido de que el mandatario dijo que es partidario de que existan más empresas autogestionadas, por lo que “claramente de la lectura de las declaraciones” se entiende que este proyecto es visto como un primer paso de uno hacia largo plazo con el propósito de ir “hacia una sociedad autogestionada”.
Al respecto podría decirse que la intención es buena, pero en cambio preocupan los medios utilizados para alcanzar ese objetivo, porque la idea se sustenta con “utilidades que genera una empresa pública brindando servicios financieros”, pero mucho más preocupante aún es “saber que el dinero otorgado a estos proyectos, la experiencia ya lo está demostrando, termina siendo un dinero tirado al vacío, ya que lo único que se logra en muchos casos es dilatar el cierre definitivo de la empresa, aunque en ese camino se constituyan nuevas pérdidas que asume toda la sociedad”. Por lo tanto el Fondes “pasa a ser una palanca que sostiene proyectos que todo el mundo sabe que están llamados a fundirse”.
Y este es el punto, porque en lugar de tender a hacer un país más barato, con menos presión tributaria y costos de servicios públicos y energía, que pueda competir en productos de exportación con valor agregado y a la vez con los importados, se promueven asistencialismos por los cuales en base a subsidios del Estado, se eternizan empresas que no son sustentables, solo porque están en manos de los trabajadores.