Locales | 30 Ene “La diversificación de la matriz productiva del país debe pasar por todo lo que significa un mayor crecimiento para el uruguayo en general. Esto es, considerando la parte agrícola, ganadera, hortifrutícola, forestal, de servicios, de la parte de informática”, dijo el diputado por Paysandú Miguel Otegui, antes de referirse a Aratirí, con la que el gobierno uruguayo se apresta a firmar contrato, aun cuando no se ha dictaminado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre el impacto ambiental del emprendimiento.
“La única diferencia es que esta actividad es extractiva”, dijo refiriéndose al emprendimiento de Aratirí.
“Una vez que se saque ese material, lo que va a quedar es un gran pozo, que todavía no tenemos claro cómo se va a utilizar. Porque si uno piensa que es una mina a cielo abierto, adonde además ahora puede ser del tamaño que el emprendimiento lo necesite, porque de la ley se sacó la parte que determinaba una superficie máxima, se debe ser más que cuidadoso; no se trata de recursos naturales renovables”, acotó.
“Además”, agregó, “estamos hablando de emprendimientos multimillonarios y multinacionales, donde seguramente la empresa que vaya a realizar la explotación tenga una capacidad económica más grande que todo el Uruguay”.
Otegui se mostró especialmente preocupado porque “el convenio que será firmado tendrá cláusulas de confidencialidad. También dicen, es cierto, que no van a obligar a la Dinama estableciendo un tiempo para que se expida y que además para tranquilidad y transparencia no van a permitir que comience la explotación hasta que la Dinama apruebe la parte ambiental”.
“Pero el convenio tendrá si cláusulas de confidencialidad. Y eso es sumamente preocupante”.
“Porque realmente no entiendo”, agregó, “por qué firmar un contrato con cláusulas de confidencialidad si todavía no tenemos el resultado del estudio de la Dinama. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nos explicaron, el mineroducto, un caño en circuito cerrado, transportará el hierro mezclado con tierra al futuro puerto de aguas profundas, donde con un circuito de grandes electroimanes se extraerá el hierro. Pues este mineroducto atravesará zonas de protección ambiental. ¿Tendrá eso consecuencias? No lo sabemos. Pero pueden estar contempladas en una de esas cláusulas de confidencialidad”.
“Realmente, no creo que un proyecto que maneja un presupuesto estimado en 3.500 millones de dólares de inversión deba firmar un contrato antes de tener la habilitación ambiental, y cuando se dice que no se comenzará a trabajar hasta que se la tenga, solo puede por lo menos llamarnos la atención. Porque de esas cláusulas de confidencialidad no deberá responder el gobierno del presidente Mujica sino el próximo, o los próximos gobiernos. Pero mucho más grave, todos y cada uno de los uruguayos”, subrayó. “La información solamente la tiene el Poder Ejecutivo, pero ni siquiera está a disposición de los legisladores. Eso, me parece, nos impide cumplir con uno de nuestros roles. Y quien puede verse perjudicado es todo el pueblo uruguayo”, sentenció Otegui.