Locales | 01 Feb La Dinama intimó a Aratirí a presentar un estudio de impacto ambiental sobre su proyecto minero. La oposición afirma que no están dadas las condiciones para firmar el contrato con la empresa y convocará al Parlamento a Kreimerman y Beltrame. En tanto, los impulsores del plebiscito nacional por un Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, sostienen que el gobierno pretende imponer esta actividad por encima de las normas constitucionales y legales.
“Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura”, advirtió el Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto.
“La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento. En la actualidad, esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus predios”, señalo el Movimiento para agregar luego que “la Ley 19.126 viola el principio de igualdad del Articulo 8 de la Constitución al otorgar beneficios extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo entre distintos interesados”. “También viola el Artículo 47 sobre la preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras, pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad productiva permanente”.
Señaló además que la firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del Artículo 5 o el plan de cierre del Artículo 13. Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por 160 millones de dólares.
“Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un proceso semejante en la gestión de Pluna. Al igual que Leadgate, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional”, afirmaron los impulsores del plebiscito contra la referida ley.
“El gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de la autoridad ambiental. La imposición de la decisión presidencial sobre la autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las autorizaciones. Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama, Jorge Rucks. ¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos de autorización ambiental del proyecto?”, señaló el Movimiento días antes que la Dinama intimara a Aratirí a presentar su estudio de impacto ambiental.

“FALTA INFORMACIÓN”
A pocos días de que se cumpla el plazo previsto por el Poder Ejecutivo para firmar el contrato de inversión con la minera Aratirí (que inicialmente era el 20 de enero pero luego se postergó para los primeros días de febrero), la oposición advirtió que falta “información decisiva” que impediría dar ese paso.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a mediados de enero a Aratirí a presentar “un estudio de impacto ambiental completo” de su emprendimiento, según información que maneja el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay), según informó El País. “Hasta donde sabemos nosotros, la empresa no cumplió con ese requerimiento de la Dinama”, dijo Pasquet y agregó que está faltando “información decisiva” de parte de Aratirí, por lo cual “es más que claro que no puede firmarse el contrato”. Además, Pasquet señaló que sin la autorización ambiental y sin que la empresa haya aportado al Estado una garantía del 5% de la inversión (que en total es de U$S 3.000 millones) no es posible firmar el contrato, según lo que establece la ley de Minería de Gran Porte aprobada en setiembre de 2013. “Acá no hay ni autorización ambiental previa, ni estudios de impacto ambiental y hasta donde sabemos nosotros tampoco se cumplió con la garantía”, añadió.