Opinion | 03 Feb Entre los temas incluidos en el informe periódico del gobierno nacional al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, figura el planteo de que a juicio del Poder Ejecutivo el traslado de la jueza Mariana Mota de su sede penal a una civil resuelto hace un año por la Suprema Corte de Justicia, pudo haber sido inconstitucional.
Debe recordarse que la actuación de esta magistrada en el procesamiento de varios militares y su participación en la investigación de decenas de causas vinculadas a violaciones de derechos humanos en dictadura, estaba desde hace tiempo en consideración en el máximo órgano de Justicia, y que la decisión de su traslado generó una fuerte polémica que enfrentó al Poder Ejecutivo con los ministros de la Corte.
Paralelamente, grupos radicales de izquierda, liderados por la organización Plenaria Memoria y Justicia, protagonizaron una asonada que se trasladó al interior de la sede del Poder Judicial el día que Mota debía jurar su traslado, lo que terminó con siete procesados por su participación en los desmanes.
Estos elementos notoriamente son formas de presión de grupos ultras, que tienen una visión unilateral sobre “derechos humanos” que están asimilados a su ideología extremista y que considera que hay “enemigos” que hay que eliminar de la forma que sea, aun violando normas constitucionales y legales, porque la “verdad” está de su lado.
Lamentablemente, en el Poder Ejecutivo parece haber más de uno que está en sintonía con este modo de razonar, más allá de la ponderación que debe presidir los actos de gobierno, y por lo tanto no puede extrañar que tras el enfrentamiento del año pasado en ambos poderes hayan quedado resabios que ahora se traducen en un informe que pretende sembrar dudas y cuestionamientos en el exterior hacia otro poder del Estado. En la Suprema Corte cayó mal no solo que el gobierno insistiera con el tema en su informe ante ONU, sino que además lo hiciera en esos términos, lo que se considera una “nueva presión”.
El futuro presidente de la corporación, Jorge Larrieux --quien asume este lunes-- admitió su sorpresa al semanario Búsqueda por este planteo, en tanto otros integrantes de la corporación coincidieron en señalar que hay malestar porque el tema “parecía saldado” con el gobierno y se “insiste en depreciar” la imagen internacional de la Corte.
El secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero, en su informe ante la ONU sostiene que “un hecho que tuvo una importante repercusión sobre la opinión pública uruguaya fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia (15 de febrero de 2013) de trasladar a la jueza Mariana Mota de la sede penal a la civil. La jueza Mota tenía bajo su competencia numerosas causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos. El Poder Ejecutivo no conoce las razones de servicio que motivaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia para el traslado de la jueza Mota, ni si las mismas se ajustaron a los requisitos procedimentales establecidos en el artículo 246 de la Constitución uruguaya. Sin perjuicio, cabe señalar que el traslado ha sido impugnado y el caso se está instruyendo de acuerdo a los mecanismos de la jurisdicción administrativa”.
Ocurre que además del caso Mota --que contrario a su condición de jueza está notoriamente embanderada con causas de izquierda, lo que pone en duda su imparcialidad para administrar justicia en estos casos-- se registraron entredichos entre la Corte y el Ejecutivo por el fallo que declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley interpretativa de la Caducidad sancionada en este período legislativo.
Lamentablemente, la falta de convicción republicana de algunos sectores de la fuerza de gobierno se reflejan en actitudes que ponen en tela de juicio decisiones del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes independientes del Estado, que se debe guiar por la Constitución y la ley por más que las normas no “convenzan” a quienes entienden que todo lo que se haga debe pasar por su ideología.
Y cuando las decisiones basadas en la normativa vigente y la Carta Magna no los conforman, denuncian y presionan tratando de torcer veredictos, porque no toleran que haya una Justicia independiente, sino que ésta debe estar al servicio de sus “causas”, apoyándose en eslóganes y descalificaciones hacia quienes piensan distinto, porque tal como lo ha señalado en más de una oportunidad el presidente José Mujica, lo político está por encima de lo jurídico.
Lo que precisamente es un argumento impresentable para justificar la forma descarnada de llevarse por delante la ley cuando su aplicación imparcial genera fallos con los que se está en desacuerdo por motivos ideológicos, como ha ocurrido en más de una oportunidad.