Opinion | 13 Feb Las copiosas precipitaciones que se han registrado en lo que va del presente mes, además de pautar que mal que nos pese, estamos ante una tropicalización de nuestro clima, han confirmado notorias falencias en materia de infraestructura y servicios para hacer frente a situaciones que se salgan de determinados carriles de normalidad, pero también ponen de relieve que la precariedad y la improvisación, la falta de previsión para evitar contingencias, son la causa principal de los problemas que se han generado.
Recientemente el gobierno nacional ha recibido planteos de varias intendencias, sobre todo aquellas cuyos departamentos han sufrido con mayor gravedad las contingencias del tiempo, fundamentalmente por desbordes, y en el Consejo de Ministros fue ratificada la decisión del presidente José Mujica en el sentido de que frente a una situación de emergencia como la que se está viviendo, hay que destinar recursos desde distintos frentes para generar apoyos y mecanismos de ayuda.
Con este fin están trabajando de forma conjunta las intendencias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y precisamente el director de esta última dependencia, Gabriel Frugoni, expuso que “las cosas hay que hacerlas en el largo plazo y bien hechas. No basta con que solo haya recursos, sino pensar en el largo plazo con el tema de la sustentabilidad”, y por ejemplo recordó que después de la última gran granizada subió la cantidad de seguros a más del 80%. Por supuesto, no es que estemos de repente ante una verdad revelada, sino que se trata de una forma de actuar que todos deberíamos practicar en el ámbito que sea, aunque lamentablemente no hace migas con nuestra idiosincrasia, y mucho menos con la forma de gobernar y hacer política que se ha dado tradicionalmente en nuestro país.
El punto es que el común denominador pasa por regla general porque priman decisiones cortoplacistas y en el caso de los gobiernos --tanto nacionales como departamentales, con alguna excepción-- se trabaja en código electoral, es decir apuntando a la siguiente elección, sobre todo a no pagar costos políticos y en la búsqueda del rédito fácil, por lo que no extraña que las “soluciones” sean pan para hoy y hambre para mañana, dosificando recursos de acuerdo a las necesidades inmediatas y con retorno electoral.
Por lo pronto, en el caso de la caminería, es notorio que a la vez que se administran recursos siempre insuficientes, tanto en lo que refiere a los recursos municipales genuinos como en las obras por convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay déficit en alcantarillas, obras de arte y canalizaciones, además de tratarse de pavimentos a los que hay que repasar frecuentemente por fallas en la base, afectadas por enchorradas precisamente por carencias en canalizaciones de pluviales, a lo que debe agregarse un mantenimiento que no se realiza con la asiduidad debida, además de que muchas veces vecinos desaprensivos circulan durante y tras las lluvias y contribuyen a destrozar los caminos.
Por lo tanto es notorio que en la caminería hay deficiencias estructurales en todo el país y problemas puntuales por mantenimiento y calidad de los trabajos, lo que realmente “explota” cuando hay una sucesión de lluvias, los caminos son afectados y resulta imposible atacar los problemas con “poder de fuego” suficiente en maquinaria y personal para devolver transitabilidad a las conexiones afectadas.
Otro punto que tiene mucho que ver con improvisación ha sido por ejemplo puesto de relieve en la Ciudad de la Costa y zonas vecinas, en las adyacencias de Montevideo, donde por razones de inversión inmobiliaria y costos, miles de familias han construido en áreas que no han sido contempladas urbanísticamente en ningún ordenamiento territorial, y por lo tanto presentan serias deficiencias en servicios, tanto en lo que refiere a pavimentos como en drenajes y canalizaciones de pluviales, entre otros problemas que se ven agravados tanto por la cantidad de casas como por la extensión de las áreas urbanizadas en forma errática.
Aunque se trata en estos casos de familias de buen poder adquisitivo, en alguna medida se recrea en esta zona del país lo que ocurre con muchos asentamientos que se han levantado en la periferia de las ciudades, mediante construcciones precarias levantadas generalmente en terrenos fiscales o invadiendo propiedad privada, donde se crean situaciones de hecho que se van multiplicando y a las que es preciso luego llevar servicios y regularizar, con una inversión mucho mayor que si se hubiera actuado en todos los casos a través de un plan urbanístico adecuado y tomando en cuenta un mínimo de ordenamiento territorial.
Estamos padeciendo pues las consecuencias del “vale todo”, de la ausencia de planificación y de fiscalización, de acuerdo a los casos, y la comunidad, todos los uruguayos, de alguna forma tendremos que pagar sobrecostos para regularizar y seguir apagando incendios, lo que justifica lo señalado por Frugoni respecto a que las cosas “hay que hacerlas con mirada a largo plazo y sustentabilidad”, aunque en su momento no pague réditos políticos.
Un buen ejemplo para tomar nota, porque aquellos polvos trajeron estos lodazales y, lo que es peor, no serán los últimos.