Paysandú, Lunes 17 de Febrero de 2014
Opinion | 10 Feb Tras la reciente devaluación del 25 por ciento y de más de un cuarenta por ciento en pocos meses, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha cuidado muy bien de admitir que la devaluación es consecuencia de sus propios errores, y en cambio ha tratado de atribuir toda la culpa a los especuladores, empresarios, productores del campo, bancarios y hasta dirigentes sindicales no afines al gobierno.
Pero además, considera que la devaluación no tiene por qué seguir empujando los precios al alza, sino que se trata siempre de una movida de los especuladores que quieren enriquecerse rápidamente y a la vez para dejar en blanco al gobierno que trata de poner las cosas al alcance de los sectores populares, a quienes entiende ha beneficiado todos estos años con medidas populistas.
A partir de la suba de precios que se ha registrado tras la devaluación, el gobierno ha convocado a la población a “cuidar” los precios y a establecer un boicot contra supermercados y comercios que han remarcado valores de los productos de sus góndolas, e incluso ha convocado a las asociaciones de defensa del consumidor a sumarse a esta cruzada.
Lo que es una alternativa siempre válida y muy sana, que es además moneda corriente en países desarrollados, como Estados Unidos, donde estos grupos tienen gran influencia y son capaces de llevar a la quiebra hasta al negocio mejor montado si queda marcado ante la opinión pública por aplicar precios abusivos, no cumplir con lo que publicita o entregar mercadería en condiciones reñidas con lo que se promueve.
Pero las cosas en Argentina son muy distintas, y porque además todo se ha politizado desde el propio gobierno para intentar cubrir sus acciones erráticas y desafortunadas para mantener un “modelo” que hace tiempo que hace agua por todos lados.
En esta oportunidad, los argentinos han sido convocados a sumarse a un “apagón de consumo” que invitaba a no comprar en supermercados, cadenas de electrodomésticos ni cargar combustible durante todo el día, en protesta por los aumentos de precios tras la devaluación de la moneda.
El llamamiento del viernes se vio beneficiado por las intensas lluvias y tormentas que se abatieron sobre gran parte del país, incluidas la capital y su cono urbano, y tuvo su principal difusión en las redes sociales, donde ha contado con más de 200.000 adhesiones, además de ser respaldado por algunas de las principales asociaciones de consumidores del país, como Usuarios y Consumidores, o la Unión de Consumidores Argentinos (UUC).
Pero claro, una cosa es un boicot de un día o de dos, y otra muy distinta el poder consolidar una situación más o menos duradera, cuando ciudadanos y empresas deben reabastecerse y se encuentran con que por más que recorran o consulten, los precios al fin de cuentas no tienen mayor variación de un lugar a otro, porque ante una situación de incertidumbre como la que se ha generado en el vecino país, nadie sale a regalar nada, sabiendo que una vez vendida a precio viejo –o”cuidado”, como dice el gobierno-- la mercadería que tenía, tiene que salir a reponerla como sea en los distribuidores, y se va a encontrar con que muchas veces tiene que pagar más que el precio por el que la vendió, sin alternativas.
Cuando una economía como la de Argentina, sostenida sobre subsidios, medidas proteccionistas y el precio artificial del dólar oficial, se debate en un mar de incertidumbre sobre lo que va a pasar en un futuro próximo --porque todo indica que el dólar va a seguir subiendo-- al igual que la inflación, por efectos de arrastre y expectativas, la temporal retracción de consumo no alcanza para afectar un esquema que tiene orígenes mucho más profundos que la producción y la intermediación hasta llegar al consumidor final. Uno de los problemas sustanciales que afecta a la Argentina, además, es la pérdida de credibilidad del gobierno, agravada por un proceso de pérdida constante de divisas que indujo a la devaluación, pero porque además de la depreciación reconocida con el dólar oficial, no se ha anunciado a la vez un plan de contingencia que sumara elementos complementarios a la devaluación para sostener el andamiaje de la economía en jaque.
Mal puede pensarse entonces que con estas expectativas negativas se pretenda contener una inflación agregada que inevitablemente se va a dar, porque se estaría soslayando nada menos que leyes fundamentales de la economía y expectativas negativas muy bien fundadas, de acuerdo a como se han desarrollado los acontecimientos.
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