Opinion | 17 Feb La Ciudad Vieja de Montevideo tiene 321 cámaras de filmación o denominadas “de seguridad” para prevenir el delito y desde su instalación, el pasado 23 de diciembre, ha logrado su cometido. Las rapiñas bajaron un 56% y la curva permanece descendente.
El punto en cuestión es que para quienes viven del delito, esto significa cambiarse de barrio. Trasladarse a otras muchas zonas de la ciudad donde no se encuentra este émulo del Gran Hermano que todo lo ve, es relativamente fácil.
Esta tecnología que se encuentra a disposición desde hace varios años en otras capitales del mundo, apareció como una gran novedad hace dos meses y sus resultados han sido difundidos con gran pompa.
Este último aspecto genera –al menos-- dos apreciaciones. En primer lugar, las situaciones de inseguridad que se viven en determinadas zonas de Montevideo y otras ciudades del país no eran parte del imaginario colectivo que confundía la realidad con la sensación térmica sino la demostración de que había que hacer algo para bajar esos índices y evitar que un barrio se vuelva intransitable a determinadas horas. Y en segundo lugar, que un aparato de estas características obliga a mantener distancia a quienes “están en otra”.
Después habrá tiempo para comparar si violencia es la que se vive en México o Guatemala, en relación con Uruguay. El asunto es que nuestra idiosincrasia pueblerina y acostumbrada a “vivir tranquila” sigue sin querer aceptar el argumento de las comparaciones.
Ahora la iniciativa se ampliará al centro de la capital y colocarán otras 115 en las principales calles, con la posibilidad de llegar a zonas comerciales y barrios con alto poder adquisitivo a través de la iniciativa privada.
Incluso el apoyo de las cámaras a la fuerza policial en sí misma es evidente. El poderoso argumento de la falta de recursos humanos tendrá en cada equipo al “efectivo” que hace falta, porque en el caso de Ciudad Vieja, con 28 operadores y visualizadores de esta tecnología, se ha logrado un descenso sustancial de la delincuencia.
Algunas ciudades del interior del país ya cuentan con cámaras de vigilancia y en el caso de Paysandú, la propuesta se encuentra avanzada. En referencia a los costos, si tomamos en cuenta las prioridades relativas al momento de definir una inversión en Uruguay, decir que mensualmente la totalidad del plan en Montevideo supera U$S 30.000 no significa hablar de grandes cifras en función de la devolución que tiene en la comunidad.
Entonces había que hacer algo; lo que ocurre es que primero debían reconocerlo las autoridades y convencerse que los ciudadanos no estaban tan equivocados o bien atravesar por experiencias cercanas para comprender que la preocupación por la seguridad ciudadana no era un asunto cautivo de unos pocos que tenían ganas de polemizar porque se trataba de un buen argumento para hacer política.
Hubo que atravesar por varios cruces de opinión, pero nuevamente la matemática, la acción y el tiempo volvieron a dar la razón.