Nacionales | 14 Feb Según informó Presidencia, más de 2.500 personas con discapacidades severas podrán contar con un asistente personal que los ayude a mejorar su autonomía. El Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) trabaja en la elaboración de estrategias y en cómo se implementará esta prestación, para comenzar a brindarla a mediados de año. Es un avance en la reglamentación de la Ley de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, señaló la directora del programa, María José Bagnato. Agregó que actualmente se trabaja en reglamentación del capítulo 4 de dicha ley, que establece la necesidad de una asistencia personal para quienes sufren discapacidades severas y por lo tanto dependen de un tercero.
Bagnato consideró que se trata de un gran avance y el objetivo es que a mediados de este año comience su ejecución, para lo cual el Banco de Previsión Social (BPS) transferirá dinero para la contratación de asistentes personales a aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia severa. Con el apoyo del Banco de Previsión Social (BPS) y del Ministerio de Desarrollo Social, el Pronadis implementa una encuesta representativa para profundizar sobre el número de personas con discapacidad y las características de sus dificultades. Además, mediante la evaluación técnica determinará la necesidad de ayuda de una persona para hacer efectiva la transferencia para su contratación. Bagnato explicó que “no se realiza un corte por discapacidad, sino por la dependencia”, por lo que personas con diferentes discapacidades se encuentran en una situación de dependencia igualitaria. La intención es que esta tarea sea realizada de una manera profesional, destacó, puesto que no se trata de proporcionar un cuidador, sino alguien que ayude a mejorar la autonomía de la persona con discapacidad. Para lograr este objetivo, el BPS designará personal, tras organizar varias capacitaciones y reconocer la experiencia en este tipo de tareas. Los requisitos para seleccionar a los asistentes personales incluyen la participación en cursos de capacitación y la experiencia en el desempeño de esta tarea. La funcionaria señaló que según los datos actuales se puede estimar que el beneficio será para 2.500 a 3.000 personas, por lo que valoró especialmente la formación de quienes deseen desempeñar los referidos servicios.
POSTERGARON EDIFICIO DEL BANCO REPÚBLICA
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, anunció en el Parlamento que la aprobación de la construcción del nuevo edificio del Banco República (BROU) fue postergada, aunque aclaró que comparte la “conveniencia” del proyecto, informó Montevideo Portal.
El jerarca compareció ayer ante la Comisión Permanente, convocado por el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle, quien lo cuestionó por la construcción de la nueva sede, valuada en 50 millones de dólares, y sobre las acciones tomadas por la Dirección General Impostivia (DGI) respecto al empresario Francisco Casal. En enero, trascendió que el presidente del BROU Fernando Calloia había “acordado” la construcción del edificio con el presidente José Mujica, luego que el titular sufriera el pedido de procesamiento por su participación en el otorgamiento del aval a la empresa Cosmo para la subasta de aviones de Pluna.
Bergara defendió la “conveniencia” del emprendimiento aunque afirmó que no es el momento para comenzarlo. En tal sentido, anunció que el proyecto quedará para el próximo período. La medida había sido cuestionada en la sesión por Lacalle, criticando que Calloia no concurriera a la sesión. Además ironizó el diálogo entre Calloia y Mujica sobre el tema: “como el propio ministro dijo que se había negociado con el presidente, no caben dudas de que son los dos cargos más importantes del país, el presidente de la República y el presidente del República. Negoció de igual a igual con el presidente de la República, ese sí que es un hombre poderoso, el hombre se ata al mástil y se hundirá con el barco pero no se va”, señaló sobre el presidente del BROU. “Será después de este período cuando empiece tal obra arquitectónica, que junto con el Cilindro estamos en eso de los proyectos inmobiliarios de los entes”, agregó Lacalle.
Asimismo, el senador nacionalista cuestionó a Bergara por las acciones desarrolladas por la DGI en torno al empresario Francisco Casal, luego de que el Poder Ejecutivo decidiera dejar sin efecto el juicio al empresario.
“No me cabe duda de que esta persona, Francisco Casal, fue perseguida por la administración”, afirmó. “Hubo una actuación que no nos gusta y esperamos que sea nada más un mal momento de la administración fiscal, porque es un arma política y es terrible si se está dispuesto a utilizarla con intencionalidad, como parece surgir en este caso”, agregó. También criticó que la decisión para dejar sin efecto el reclamo contra Casal “no se operó porque era lo correcto, sino cumpliendo un pacto” con el empresario.
El ministro aclaró que “todas las acciones de la DGI se basan en el principio de igualdad”, destacando que el organismo actúa sobre “contribuyentes de todo tipo y tamaño”. Además sostuvo que “en ningún momento el Estado renunció a tomar decisiones ni delegó a ningún consultor externo la definición de una deuda tributaria ni de ninguna resolución”.

OTORGARÁN CRÉDITOS A FAMILIAS CANARIAS
Las familias afectadas por las inundaciones del departamento de Canelones podrán acceder a un crédito especial del Banco República (BROU) para atender las necesidades más urgentes, según el convenio firmado ayer por esta entidad y la Intendencia de Canelones, informó el portal de Presidencia. Los funcionarios de “República Microfinanzas se encargan básicamente de visitar a cada uno de los beneficiarios de este programa, evaluar su capacidad financiera, el deterioro de los objetos en su hogar y, de acuerdo a ello, conceder préstamos para recomponer los bienes perdidos”, indicó el presidente del BROU, Fernando Calloia. Agregó que República Microfinanzas tiene como límite de crédito 6.000 dólares, pero en esta circunstancia supone montos más pequeños para asistir a estas familias canarias en cuestiones de primera necesidad, lo que puede estar en el entorno de los 20.000 pesos. Insistió en que se trata de un crédito, no de una asistencia financiera sin retorno, por lo cual se evaluará la capacidad de pago de cada familia y se dará un préstamo acorde a ello y a sus necesidades. Por su parte, el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, manifestó su dolor por la situación que están viviendo muchos hogares de su departamento, que han perdido todos los objetos de su vivienda, “los que habían comprado con mucho esfuerzo y trabajo, y que forman parte de la vida cotidiana, que ayudan a vivir en mejores condiciones aunque lo hagan en zonas precarias y vulnerables. Entendíamos que debíamos buscar una solución para que, rápidamente, las familias que están volviendo a sus hogares pudieran tener una herramienta para poder recomponer su situación”, señaló. Destacó también la rápida respuesta que recibió de las autoridades del BROU ante el requerimiento de una asistencia especial, a través del organismo de Microfinanzas, y la pronta instrumentación de ésta para ya estar trabajando con las personas más afectadas. “Cuando se suma una institución como el Banco República con la voluntad de la Intendencia de Canelones y la necesidad que los vecinos tienen, rápidamente se encamina una solución que va a permitir salir de una situación tan crítica”, indicó Carámbula.

PARO HOY DE LA FEDERACIÓN DE
SALUD PÚBLICA
En diálogo con El Espectador, el dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, informó que decidieron parar hoy en Montevideo y el área metropolitana en apoyo a los funcionarios del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología que fueron citados a declarar ante la Justicia por sus medidas de protesta en reclamo de más camas y personal.
Los funcionarios del instituto cerraron con candados salas como forma de reclamo pero ASSE los denunció por el bloqueo de camas. Pereira explicó que los trabajadores denunciados declararán hoy ante la Justicia y que se realizará una manifestación en apoyo frente al Juzgado, ubicado en Bartolomé Mitre. Además, el sindicato solicitó al departamento jurídico que analice redactar una demanda contra ASSE por omisión de asistencia, porque consideran que no tienen la mínima cantidad de personal.