Opinion | 17 Feb A partir de la aprobación de la nueva ley de vivienda de interés social, hace poco más de dos años, se han presentado unos 260 proyectos, que comprenden más de 8.400 unidades habitacionales en zonas no costeras de Montevideo y el Interior, de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno.
Indica el informe que la gran mayoría de estos proyectos ya fueron aprobados por el Poder Ejecutivo y equivalen a unas 6.000 viviendas con destino a venta y arrendamiento, de las que están en obra unas 4.000.
De estos 260 proyectos, más de dos tercios corresponden a Montevideo y el resto al Interior. Fuera de la capital, los proyectos se localizan en los departamentos de Maldonado principalmente, con 29 iniciativas y Canelones con 14 (es decir más de la mitad de los proyectos radicados en el Interior). También hay en Colonia, Florida, Paysandú, Soriano, Salto, Durazno, San José y Cerro Largo.
Entre los objetivos de la ley de vivienda figura el incorporar una buena dosis de inversión privada para la construcción de casas a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias.
La idea es reforzar oportunidades de acceso a sectores de ingresos medios, y paralelamente otros programas cuentan con apoyo directo del Estado que son canalizados hacia sectores de la población de menores ingresos en una serie de áreas, posibilidades y subsidios parciales de cuotas, entre otras alternativas.
Lamentablemente, la coyuntura en cuanto a costos no es la más favorable para el desenvolvimiento de estos proyectos, si se tiene en cuenta que el año pasado el aumento en el costo de construcción de la vivienda se ha situado por encima de la inflación, del aumento promedio de salarios y naturalmente, de la evolución del dólar, lo que pone de relieve que para el ciudadano promedio asumir el costo de levantar su propia vivienda se sitúa cada vez más lejos, teniendo en cuenta la relación entre los ingresos promedio y el costo de esta inversión.
Esta es la realidad a la que se ve enfrentado el ciudadano todos los días, ante encarecimiento de materiales y mano de obra, agregado a las serias dificultades para acceder a un terreno para construir, sin olvidar la gravosa incidencia de impuestos y cargas sociales que aplica el Estado.
Promedialmente, el costo de una unidad habitacional modesta, de unos 56 metros cuadrados, es de no menos de 55.000 dólares y hasta los 70.000, de acuerdo a la calidad constructiva, lo que da una pauta de las razones de la brecha entre los ingresos de una familia tipo para lograr la solución habitacional, y que no es porque sí que la problemática de condicionamientos para acceder al techo propio sigue vigente. Así, lejos de tender a solucionarse, el déficit habitacional se agrava en nuestro país, más allá de que se han intentado respuestas durante décadas, con menor o mayor éxito, a través de modalidades como el cooperativismo y emprendimientos de vivienda de interés social por el Estado para franjas de menores ingresos.
Sin dudas que las respuestas que se van alcanzando no alcanzan para ir reduciendo la brecha entre soluciones y necesidades, porque el problema sigue manifestándose en toda su magnitud. No es porque sí que hay terrenos y construcciones en las que conviven dos o tres generaciones, ante los costos prohibitivos de la construcción.
Consecuentemente, la única posibilidad de acceso para familias de clase media con determinado poder de compra es el apoyo a través del Estado por lo menos en forma parcial, promoviendo acciones directas o como se está intentando actualmente, apoyando créditos para la compra de vivienda usada, a lo que deberían agregarse planes específicos para construir viviendas económicas, más allá de las posibilidades que ofrece el sistema cooperativo, aún teniendo en cuenta el aporte que significa esta modalidad.
Las dificultades no se limitan, además, solo a la construcción de una unidad habitacional nueva, sino que también resulta onerosa la reparación, mantenimiento, ampliación y reciclaje de inmuebles, aún aprovechando por ejemplo construcciones de muchos años que cuentan con todos los servicios y se encuentran en plena zona urbana.
Es que el costo no pasa solo por los materiales y la mano de obra, que no son poca cosa, sino que hay que tener en cuenta además el monto de aportes al BPS y otros costos aplicados por el Estado, que hacen que quien tenga que enfrentarse a la disyuntiva de pagar o quedarse con lo que está, opte frecuentemente por la construcción en negro, es decir por fuera de las normas legales, como única alternativa para construir.
En todos los casos, sin dudas que la voracidad fiscal, y también el costo de sostener beneficios sociales, pesa onerosamente sobre los hombros de quienes de una forma u otra pretenden alcanzar la solución habitacional, por lo que todo apunta a que deberían buscarse esquemas más razonables, adecuados a la realidad, de los aportes que se reclaman, para facilitar la construcción de interés social, en el área que sea.