Opinion | 18 Feb En año electoral como es este 2014 se van perfilando algunos temas que serán eje de campaña de los respectivos partidos, cada uno seguramente maximizando las áreas en que sus adversarios, sobre todo el oficialismo, han exhibido flaquezas, y por el lado del Frente Amplio haciendo hincapié seguramente en los temas en que se siente más seguro en cuanto a la percepción y adhesión ciudadana de cara al acto electoral.
Es decir, más de lo mismo que se da en cada acto electoral, donde el aporte novedoso respecto al escenario de décadas atrás es que los tres principales partidos han estado ejerciendo el poder y por lo tanto están en condiciones de exhibir fortalezas y flaquezas para rendir examen ante el electorado, a lo que naturalmente hay que agregar subjetividades que provienen de los votantes cautivos que cada partido tiene, que son los picos de adhesión electoral y el poder de convencimiento que tengan sobre el grueso de los ciudadanos que se manifiestan independientes y que son al fin y al cabo los que definen cada elección.
Igualmente, en toda campaña hay elementos adicionales que se agregan como condimento y que en alguna medida pueden llevar agua para uno u otro molino, de acuerdo a como se den las circunstancias y a como el tema sea explotado por los rivales cuando insistan en acentuar vulnerabilidades e incongruencias.
Seguramente uno de los temas más sensibles para el ciudadano, que estará sobre la mesa en esta campaña que recién se inicia es la inseguridad, un problema real que viven los uruguayos en el día a día, consecuencia de una serie de factores de carácter socioeconómico, aunque sin ignorar que evidentemente el partido de gobierno no le ha dado en ningún momento la importancia que tiene, salvo alguna referencia sectorial por ejemplo del grupo que lidera el vicepresidente Danilo Astori.
Pero mal que le pese a los sectores del oficialismo que insisten con que es meramente un problema social que tiene su origen en el “neoliberalismo” practicado por los partidos tradicionales y que por lo tanto se va a solucionar solo a través de políticas sociales como las que indican está en marcha, la porfiada realidad demuestra otra cosa.
Y en el pecado está la penitencia, porque esta inacción del Frente Amplio en las sucesivas administraciones de Tabaré Vázquez y José Mujica solo ha dado argumentos a quienes han señalado, no faltos de razón, que se han priorizado los derechos humanos de los delincuentes y no de la población agredida, con la “justificación” de que quienes así actúan lo hacen producto de su marginación social por las grandes mayorías, que los han llevado por la senda del delito. No puede excluirse de este análisis la ley promovida por el exministro del Interior de la Administración Vázquez, José Díaz, de la “humanización” del sistema carcelario, que liberó a miles de delincuentes antes de cumplir la pena, con el pretexto del hacinamiento y en una decisión que no tuvo en cuenta que se devolvería a la calle a delincuentes que volverían a agredir a la sociedad en cuanto tuvieran la oportunidad, como ocurrió.
En esta campaña estará en juego, además, el plebiscito de reforma constitucional para bajar a 16 años la edad de imputabilidad, que es promovida por el Partido Colorado y un sector del Partido Nacional, y que es resistida abiertamente por el Frente Amplio.
De acuerdo a las encuestas, no menos del 64 por ciento de los uruguayos, es decir las dos terceras partes del electorado, está a favor de bajar la edad de imputabilidad, aunque todavía el tema no ha sido incorporado como tal en el fragor de la discusión pública, pero nadie duda que signará la batalla electoral en ciernes y que puede influir decididamente en la percepción del ciudadano a la hora de decidir a quien acompañará con su voto en octubre, cuando se plebiscitará simultáneamente esta reforma.
Hasta ahora se ha utilizado argumentación contundente tanto de una como de otra parte acerca de este proyecto de ley, unos pretendiendo convencer al ciudadano que se necesita bajar la edad de imputabilidad para que efectivamente pueda contenerse debidamente a menores que delinquen a edad cada vez más temprana, y los otros señalando que a partir de los 13 años los menores ya son susceptibles de proceso que incluye pérdida de libertad.
Ocurre que más allá de los aspectos técnicos controvertidos, y la eventual eficacia o no de la norma que sea sometida al veredicto ciudadano, creemos no equivocarnos al interpretar que las cosas al fin de cuentas son mucho más simples de evaluar, y que la gran mayoría del electorado enviará a la dirigencia política el claro mensaje de “hagan algo” con los delincuentes que son cada vez más precoces, y que ante la oportunidad de una reforma constitucional que por lo menos significará la esperanza de cambiar en algo el statu quo vigente, se inclinará por un contundente mandato en favor de la baja de la edad. Y al que no quiere caldo, dos tazas, como bien sostiene el refrán.