Opinion | 21 Feb Las calles sanduceras inundadas de basura como consecuencia de un conflicto por reclamo salarial de los funcionarios municipales sindicalizados pone sobre el tapete una problemática muy delicada y compleja, que refiere a conflictos de intereses y prioridades, que se acentúa sobre todo cuando no solo está en juego el interés general por un aspecto menor, sino que hay una afectación grosera de la higiene y generación de riesgos para la salud que trascienden los objetivos de un conflicto para situarse en la pertinencia o no de los medios que se utilizan. Nos negamos enfáticamente a suscribir el maquiavélico razonamiento de que “el fin justifica los medios”, sostenido por quienes consideran que lo único que importa es el alcanzar el objetivo que se plantean y todo lo demás puede esperar por tiempo indeterminado.
En este caso concreto el tema de fondo pasa por un reclamo sindical sobre cuya justicia ni siquiera nos corresponde fundamentar, porque este es un aspecto que en realidad no está en entredicho: un trabajador, del área de actividad que sea, tiene derecho a percibir no solo un salario digno, sino que además éste le debe permitir tener acceso a una vivienda decorosa y a satisfacer sus necesidades básicas y de las otras, con pleno derecho a horas suficientes de descanso y esparcimiento.
El punto es que estos aspectos deben ponerse en el contexto de la realidad del empleador y en el caso de un organismo público, tener en cuenta que no es una empresa capitalista que paga el salario -- que además naturalmente tiene que equilibrar su situación económica en un medio donde existe la competencia y si tiene pérdidas se funde--, sino que se trata del dinero de los contribuyentes, como ocurre en todo organismo del Estado, y que legítimamente aspiran --es la esencia de las cosas-- a que el organismo en cuestión les devuelva en servicios y obras el dinero que dejan en ventanillas.
En los últimos días precisamente los contribuyentes sanduceros están siendo afectados por una medida de paro de los trabajadores municipales en todas las áreas, que incluye el servicio de recolección de residuos domiciliarios y del nuevo sistema Girsu de volquetas.
Lamentablemente con el paso de las horas, no solo se han desbordado las volquetas en toda la ciudad, sino que la población ha dejado en torno a ellas los residuos de los días sucesivos, que no han sido recogidos, mientras los hurgadores y los animales sueltos desparraman y rompen bolsas y cajas, dejando residuos a la intemperie, ya con olor nauseabundo y con moscas y otros insectos completando el cuadro de suciedad y abandono que hoy tiene la capital sanducera.
Y aquí es que llegamos al eje del asunto, al conflicto y choque de intereses y prioridades: ¿corresponde que por un reclamo gremial, más allá de su pertinencia o no, se deje de prestar un servicio esencial como la recolección de basura durante días, sin que a nadie se le mueva un pelo? Cuando por ejemplo hay organismos como el Ministerio de Salud Pública en plena campaña para prevenir la aparición de enfermedades como el dengue, así como patologías infecciosas que se transmiten fácilmente en el verano por las altas temperaturas y la putrefacción de residuos orgánicos, ¿puede haber quien impunemente contribuya a poner en riesgo la salud de la población por no cumplir con su obligación laboral?
Y no se trata de criminalizar el reclamo sindical o de cualquier persona que pretenda hacer valer sus derechos en el área que sea, sino que en una democracia, los derechos de unos llegan hasta donde rigen los de los demás, en base al libre juego de las instituciones, y no hay por lo tanto reclamo laboral que justifique el tener de rehén la salud de la población el tiempo que sea, al extremo de llegar a una “montevideanización” del escenario urbano.
Esto es, repetir la historia de frontales enfrentamientos entre la Intendencia frenteamplista de Montevideo y el sindicato Adeom, que incluso en 2010 llevó a la intendenta capitalina, Ana Olivera, a considerar --y manifestar públicamente su intención-- decretar la esencialidad de la recolección de residuos, en esa oportunidad con apoyo del Ministerio de Salud Pública y el propio Ministerio de Trabajo.
Es decir, que si bien estamos más o menos acostumbrados, a que el objetivo de una movilización sindical sea conmover a quien tiene el poder de decisión afectando su normal funcionamiento para que trasciendan sus reivindicaciones, no debe llegarse al extremo que mencionamos, porque quiérase o no estamos ante un servicio esencial, que mucho importa y nos cuesta a todos los contribuyentes.
Y si es esencial, como todos estamos de acuerdo, cuando las cosas llegan a un extremo como al que estamos asomando, es hora de hacer lo que se debe hacer y decretar la esencialidad del servicio, si es que no hay alternativas a la vista, por la intransigencia y radicalización de un conflicto que, contrariamente a lo que Adeyom busca lograr, sólo logra poner a la opinión pública en contra.