Paysandú, Domingo 23 de Febrero de 2014
Locales | 22 Feb El diputado nacionalista Álvaro Delgado subrayó a EL TELEGRAFO que su sector Aire Fresco resolvió mantener su postura favorable a la baja de la edad de imputabilidad para los menores de edad, y por lo tanto trabajar para que se llegue a votar una reforma constitucional en octubre con este fin.
Observó que luego de haber participado en la campaña de recolección de firmas, la Lista 404 deja de manifiesto su “coherencia de pensamiento y acción” y que frente a este tema no hay lugar para el oportunismo electoral, “solo para la responsabilidad”. Subrayó que “la responsabilidad de brindar protección y seguridad a la población es una cuestión de Estado y el sistema político debe dar señales y acciones claras. La baja de la responsabilidad penal de 18 a 16 años y las medidas complementarias son respuestas frente a la delincuencia y no contra los jóvenes. La iniciativa busca desestimular la participación de adolescentes y jóvenes en situación de delito, por lo cual es absolutamente falso que la iniciativa pretenda llevar a los jóvenes infractores a las cárceles comunes o que le corte su adolescencia o que se aumentará la inseguridad”.
Delgado consideró que “los delitos cometidos por menores de edad no se previenen con palabras lindas, sino haciendo lo necesario para mejorar la educación. Y eso es justamente lo que no hacen quienes critican la baja de la edad de imputabilidad”.
Recordó que “encomendamos a la Coordinadora de Jóvenes de la Lista 404 el desarrollo de una serie de actividades para que desde la propia juventud se genere una campaña informativa y un plan de movilizaciones en este tema”.
Asimismo destacó que su sector, que respalda la precandidatura a la Presidencia de la República del diputado Luis Lacalle Pou, manifesta su preocupación “sobre la confirmación, lo que ha sido reiteradamente planteado por referentes de la Lista 404, de las denuncias sobre presiones que han recibido los profesores por parte de las autoridades en forma directa y a través de los inspectores y directores, para que los alumnos se promuevan sin aprender”.
“Esa práctica deja a los jóvenes sin futuro. No sólo porque no aprenden lo que deberían aprender, sino porque le quita valor a los certificados de estudio. Por este camino vamos hacia un país en el que sólo conseguirán buenos empleos aquellos que hayan podido estudiar en colegios privados de calidad”, consideró.
A su vez evaluó que una enseñanza que “no enseña ni exige, que no controla las inasistencias y no transmite normas de convivencia es una enseñanza generadora de pobreza, de marginalidad, y en los casos extremos de delincuencia. Estamos frente a un desafío que debemos encarar ya”.
Por lo tanto, destacó, “si queremos realmente la inclusión social debemos exigir, enseñar a manejar la libertad para la construcción de la ciudadanía, educar en la cultura del trabajo y del esfuerzo”.
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