Opinion | 23 Feb Lejos de calmarse las aguas, ha subido de tono en los últimos días el debate que generado en torno a la conveniencia o no de firmar el contrato con la minera Aratirí --que planea realizar la mayor inversión privada en la historia del Uruguay--, y el más reciente escenario de confrontación ha sido el Parlamento, en esta oportunidad poniendo énfasis en cuanto a los tiempos que pretende darse el gobierno y los que la oposición entiende deberían ser los más convenientes.
El eje de la discusión se ha centrado en el interés del Ejecutivo de firmar los contratos con la empresa antes incluso de que esté la autorización ambiental --que debe ser previa-- en base a los correspondientes estudios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Para exponer sobre el particular fue convocado el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, y el de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. En efecto, el senador colorado Ope Pasquet, promotor de la convocatoria, expuso en la oportunidad que el artículo 25 de Ley de Minería de Gran Porte, que es la normativa específica para esa actividad, determina que el contrato no puede firmarse sin esas autorizaciones.
Argumentó así que si las autorizaciones ambientales derivan en la solicitud de nuevas inversiones para Aratirí la empresa podría exigir una renegociación. “Entiendo el beneficio para la empresa de firmar antes. Pero, ¿de qué le sirve al Estado uruguayo firmar el contrato antes de la Autorización Ambiental Previa? El sentido común me dice que hay que firmar después. Hacerlo antes desemboca en la renegociación y es una fuente potencial de dificultades y litigios”, sostuvo con lógica el senador. Además, afirmó que la firma implicaría poner “presión” sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente, lo que también es obvio. “Se va a decir: Rucks, (Jorge, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente) cuando usted diga que se puede, el Estado empieza a facturar”, señaló el legislador colorado. Recordó que el propio Rucks ha reconocido públicamente que la dirección recibe presiones, y de hecho el sólo exponer públicamente que se pretende obviar el estudio de impacto ambiental previo, ya es una forma de presión sobre el organismo.
Con argumentos similares se expresaron otros legisladores de la oposición, más allá de la postura respecto a la conveniencia o no de la explotación del hierro de Valentines, en tanto los representantes del gobierno se esforzaron por dar seguridades respecto al contrato y la certeza de que no se va a firmar nada que signifique deslindarse del compromiso de preservar el medio ambiente.
Pero, de todas formas, hay aspectos que es conveniente separar, para no entreverar las cartas en un tema de particular importancia, dada la magnitud de la inversión, que podría dejar al Uruguay una rentabilidad neta de unos 400 millones de dólares al año durante más de dos décadas.
Inequívocamente, de nada le sirve al país tener bajo tierra una montaña de hierro sin obtener provecho, en aras de dejar todo como está y porque hay explotaciones de base agropecuaria y puntualmente en una zona que eventualmente podrían ser afectadas.
En la relación costo-beneficio, que es como se evalúa la pertinencia o no de una inversión que pueda tener alguna afectación significativa del medio ambiente, los argumentos en favor de sacar el mineral de hierro son contundentes, porque estaríamos así muriendo abrazados al espíritu de la “vaca sagrada” de la India. De lo que se trata, lisa y llanamente, es de establecer las condiciones contractuales que le sirvan al país, a cuyos efectos se aprobó la Ley de Megaminería, y establecer los controles necesarios para que se cumpla al pie de la letra con lo que se ha acordado.
Ahora, más allá de ratificar que es por lo tanto de interés general que se explote el mineral de hierro, que generaría unos 400 millones de dólares al año de rentabilidad para Uruguay, durante más de veinte años, que debería reinvertirse en gran medida en infraestructura y generar condiciones para consolidar el crecimiento con desarrollo en una diversidad de áreas, no es menos cierto que no es de recibo que se pretenda acelerar este proceso suscribiendo un contrato con la empresa sin contar previamente con el aval de la Dinama en cuanto a la inocuidad del proceso, porque se estaría poniendo la carreta delante de los bueyes. Y de eso este gobierno ya conoce las consecuencias, aprendidas duramente con el tristemente célebre caso de Pluna.
Asimismo, hasta que no se cuente con el visto bueno del organismo de control medioambiental, el Poder Ejecutivo y la empresa pueden avanzar en una serie de áreas, incluyendo un borrador de contrato a suscribirse tan pronto se tenga la autorización medioambiental, porque al fin de cuentas, no nos va a ir la vida a los uruguayos que la puesta en marcha de un proceso se retrase tres, cuatro o seis meses, cuando hemos pasado toda la vida de espaldas a esa riqueza.