Nacionales | 20 Feb La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos de inconstitucionalidad presentados por las defensas del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, contra el delito de abuso de funciones.
Además, por resolución anticipada, la Corporación rechazó una acción similar promovida el año pasado por el intendente de Colonia, Walter Zimmer y por el director de Hacienda de esa comuna, José Aunchain, acusados por el mismo ilícito por irregularidades en el empadronamiento de vehículos. El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, dijo a El País que en ambos casos las resoluciones se adoptaron por unanimidad de cinco votos. Los pronunciamientos son por resolución anticipada y por esa razón las sentencias no desarrollan los argumentos sino que remiten a fallos anteriores. Con el pronunciamiento de la SCJ, la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos estará en condiciones de resolver sobre los pedidos de procesamiento sin prisión contra Lorenzo y Calloia, que formuló el fiscal Juan Gómez el 20 de diciembre de 2013. El fiscal acusó a Lorenzo y Calloia por las gestiones que hicieron para que el Banco República otorgara el aval de U$S 13,6 millones a la empresa española Cosmo para que esa compañía pudiera presentarse en el remate de los aviones de Pluna que se realizó en octubre de 2012. El banco estatal, según concluyó Gómez, otorgó la garantía sin seguir el procedimiento correspondiente.
La defensa del presidente del Banco República, Fernando Calloia, presentará más pruebas ante la Justicia que, según afirma, probarán la inocencia del titular del BROU. Además, se espera que la jueza de los Santos haga lugar a las mismas y retrase su fallo respecto al pedido del procesamiento sin prisión por parte del fiscal.
Gonzalo Fernández, que dirige la defensa de Calloia, dijo a Subrayado que las pruebas “ya están prontas”, aunque no adelantó de qué se tratan las mismas y afirmó que se espera que la magistrada haga lugar a las pruebas y las pueda analizar antes de decidir si hace lugar al pedido de procesamiento.
En tanto, el diputado de Vamos Uruguay, Juan Manuel Garino, solicitó la renuncia del titular del BROU y argumentó su posición en diez razones. En una de ellas lo acusó de “frívolo” y aseguró que cuando Calloia se enteró “que un fiscal de la República pidió su procesamiento, se fue al Club Carrasco Lawn a ver tenis y luego a cenar a café Misterio. Lejos de preocuparse, se muestra indiferente ante la Justicia”.

DEFENSA INVESTIGA IRREGULARIDADES
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó en Metrópolis FM que esta semana resolverá la situación de la funcionaria de confianza, la contadora Carmen Deambrosis, involucrada en una compra directa efectuada por el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, aclaró que aún no recibió la información del Tribunal de Cuentas sobre la observación impuesta a la licitación que favoreció a la empresa, cuya propietaria es Deambrosis. El ministro destacó que de acuerdo a los abogados que lo asesoran, contadores que trabajen en dependencias del Estado pueden presentarse en licitaciones estatales pero no en las dependencias que trabajan.
Fernández Huidobro agregó que de comprobarse irregularidades no continuará contando con la funcionaria como asesora de su cartera y ésta podría volver al Ministerio de Educación, desde donde revistió en pase a comisión. Carmen Deambrosis es la titular de la empresa Ritelur S.A., a la que el Ejército le adjudicó la compra de equipos informáticos por U$S 11.858. Deambrosis se desempeña desde mayo de 2011 como adscripta de Fernández Huidobro en el

MINISTERIO DE DEFENSA
La presencia de Deambrosis como titular de la empresa contratada por el Ejército fue detectada por el Tribunal de Cuentas de la República, que observó la compra por esa situación.

NO HAY DELITOS POR SLOTS, SEGÚN CHÁ
El director de Casinos, Javier Chá, informó que el organismo que dirige no pagó multas, recargos ni tributos por los slots que adquirió. “Si no hubo perjuicio económico y no hay interés afectado, no hay ilegalidad, sino una irregularidad en un proceso administrativo”, dijo Chá.
La investigación judicial sobre la compra ilegal de slots por Chá en 2011 culminó y en las próximas semanas declararán en el juzgado especializado de Crimen Organizado funcionarios de la Dirección General de Casinos que participaron en la compra y también el director de Casinos, quien está “muy comprometido judicialmente”, informaron fuentes vinculadas al caso a El Observador.
Sin embargo, Chá considera que no cometió delito. “¿Cómo voy a estar comprometido con un tema en el que no hay ninguna ilegalidad? ¿Cómo puedo estar comprometido con algo en lo que no hay perjuicio económico?”, expresó a El Observador. “Casinos no pagó multas ni recargos por los slots que compré”, agregó.
Esto contradice una resolución interna firmada por él --y publicada por el semanario Brecha en abril de 2013-- en la que expresaba que las consecuencias por la compra de los slots “han sido de tal gravedad que han afectado la imagen y el prestigio del organismo y de su director (se refiere a sí mismo), constatándose un perjuicio económico para la Dirección General de Casinos”.
Pero Chá aclaró que ese perjuicio económico finalmente no se concretó, porque las multas y recargos que Aduanas pretendió cobrar a Casinos, por la nacionalización y regularización de esas máquinas que estaban en el país de forma irregular, no se pagaron. “Casinos no paga impuestos por la compra de máquinas, porque tiene inmunidad tributaria autorizada por el Ministerio de Economía”, señaló Chá. A su vez, no le corresponde a Casinos pagar multas ni recargos a Aduanas porque ambos organismos responden al Ministerio de Economía y por lo tanto, la caja es la misma.
Uruguay planteó “urgente” resolución del tema portuario
El subsecretario de Relaciones Exteriores, y canciller en ejercicio, Luis Porto, dijo a Telebuendía que Uruguay le planteó a Argentina que para el gobierno de José Mujica es “urgente” encontrar una salida a la decisión de prohibirle a barcos argentinos realizar transbordos en puertos uruguayos.
“Nosotros tenemos que resolver esto el mes que viene, para dentro de dos meses, porque están en juego puestos de trabajo. Entonces si nosotros vamos a la vía institucional, al Mercosur puede llevar dos años”, señaló.
A su vez, el gobierno de Cristina Fernández presentó también sus temas prioritarios, los que Porto no quiso revelar.
“Ahora comienza nuevamente una etapa de trabajo. Se hizo un intercambio de los temas que importan a cada uno y no solo de la importancia sino de las urgencias. Nosotros así expusimos el tema de las cargas y de los puertos. Ellos pusieron otros temas que no me corresponde decir cuales son y nos vamos a reunir y empezar a trabajar. Pero de nuevo el esquema de negociación es todos los temas sobre la mesa. Esto es un tablero de ajedrez en el que tenemos que ir colocando todas las piezas”, aseguró el jerarca.
Porto agregó que “en materia de puertos se venía avanzando” hasta que un tema “contaminó a los otros y fue la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el incremento de producción a UPM”.
Al ser consultado sobre si las trabas portuarias fueron una respuesta directa a esa decisión, Porto fue cauto. “No sé si calificarla, porque yo analizo objetivamente los hechos. Sucedió al otro día. Prefiero no calificarla porque hay que construir y cualquier calificación mía puede distorsionar el proceso de negociación de la semana que viene. Primero fue necesario reconstruir confianza y eso lo hicieron los cancilleres (Héctor) Timerman y (Luis) Almagro. Y gracias a que reconstruyeron confianza se pudo hacer la reunión de presidentes en La Habana”, dijo Porto.