Nacionales | 25 Feb En el año que lleva en vigencia la ley 18.987 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, se realizaron en Uruguay 6.676 procedimientos en centros asistenciales públicos y privados. El 18% del total (1.240) corresponde a adolescentes menores de 19 años. La mayoría de estas prácticas fueron realizadas en el sector privado (59%) y el porcentaje restante (41%) en centros de salud del área pública, según datos presentados por el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo.
En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de los abortos fueron realizados en Montevideo (64%), mientras que el restante 36% fueron realizados en el Interior. De acuerdo al análisis, el promedio mensual de abortos en Uruguay entre los 12 meses estudiados fue de 556 y se informó que no se reportaron muertes maternas en los procedimientos realizados en el marco de la ley, pero que sí hubo una muerte materna por un “aborto ilegal” realizado en Montevideo en el “sector público”. En tanto, hubo reportes de complicaciones graves, como una histerectomía post interrupción voluntaria del embarazo y “un ingreso a un CTI post aborto inseguro”, de acuerdo al informe oficial. Según El País, la cifra de abortos es mucho más baja que el estimativo que manejaba el Frente Amplio en 2012 cuando impulsaba la ley.
En ese momento hablaba de 33.000 abortos en clínicas clandestinas. Briozzo justificó que esta diferencia no quiere decir que se siguen realizando abortos fuera de la ley, sino que tiene que ver con las políticas de educación sexual aplicadas dentro del gobierno.

MAGISTRADOS INICIAN
JUICIO MILLONARIO AL ESTADO
Al menos 500 magistrados resolvieron iniciar un millonario juicio salarial contra el Estado. En asamblea dejaron ver su “profundo malestar” con el gobierno y denunciarán la situación ante organismos internacionales.
Tras la reunión del lunes 17 entre el presidente José Mujica y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el mandatario dejó clara su negativa a otorgar a la Corte un crédito por $ 258 millones para pagar un aumento salarial correspondiente a 19 meses a jueces y defensores de oficio, bajo un reclamo que deriva de la ley de Presupuesto con vigencia al 1° de enero de 2011 redactada por el Ejecutivo. Directivos de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se reunieron con los ministros de la Corte en la sede de la gremial, donde además de realizar un homenaje al flamante presidente de la Corporación, Jorge Larrieux, analizaron en profundidad la postura del Ejecutivo con relación a su reclamo salarial y se retiraron con la convicción de que el Ejecutivo no pagará.
En una asamblea, con la participación personal de 100 magistrados y la representación por poder de 110, resolvieron por unanimidad --y con un extendido aplauso tras la votación-- “iniciar juicio de cobro de pesos en el plazo de sesenta días, facultado a la Comisión Directiva”. El presidente de AMU, Rolando Vomero, dijo que hay “mucho malestar” entre los magistrados por la actitud que ha asumido el Ejecutivo. Jueces que asistieron a la asamblea confiaron a El País que hubo mociones muy duras que aludieron a la “violación de la ley” en la que incurre el Ejecutivo. La Comisión Directiva fue mandatada a seguir negociando por lo que solicitará en los próximos días una reunión al secretario de la Presidencia. Además, los magistrados resolvieron denunciar la situación ante la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados. En la ley de Presupuesto aprobada en 2010, el Poder Ejecutivo tuvo la intención de mejorar las remuneraciones de los ministros del gabinete. Así, se incluyó un artículo por el cual equipararon los salarios de los secretarios de Estado a los de los legisladores.
La redacción dada a la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.
En la Justicia, por ley los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el aumento beneficiaba a los magistrados de todas las categorías.
El artículo 85 de la Ley 15.750 establece que la dotación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede ser inferior a la de un ministro Secretario de Estado. Norma que, a su vez, indica como serán los salarios de cada una de las categorías de jueces (Ministros de Tribunal de Apelaciones, 90%, Jueces Letrados de Montevideo, 80%, Jueces Letrados del Interior, 70%) y así hasta los Jueces de Paz Rurales.
Ante el aluvión de reclamos, el Poder Ejecutivo, que buscaba incrementar solo los salarios de los ministros del gabinete, promovió la ley interpretativa 18.738 con la que determinó que los aumentos regían solamente para esos casos. Pero la Suprema Corte la declaró inconstitucional tras un recurso de los ministros del Tribunal de Cuentas. Los jueces reclaman que se les paguen los aumentos entre la vigencia de la ley de Presupuesto y la vigencia de la ley que la dejó sin efecto. Sobre esa ley interpretativa hay un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 440 magistrados que, según fuentes judiciales, se saldará en la Suprema Corte a su favor, tal como ocurrió con el recurso del Tribunal de Cuentas. Una vez que esto ocurra, el aumento salarial quedará firme en el tiempo y volverán a accionar con otro reclamo millonario. Ante la Suprema Corte, según Búsqueda, Mujica dijo que “mi gobierno no va a pagar un peso, no voy a hacer que mi pueblo cargue con esa cruz”.

INCAUTARON 25.000 KILOS DE PAPA BRASILEÑA
Un hombre de 36 años que manejaba un camión por la Ruta 31 rumbo a la ciudad de Salto, fue detenido por la Policía Caminera, a la altura del kilómetro 71, mientras transportaba 25.000 kilos de papas de procedencia brasileña.
Dicha mercadería iba a ser entregada en la capital salteña, indicaron fuentes de Caminera. La papa es uno de los artículos que vio incrementado su precio debido a las inundaciones que afectaron al país, lo cual lo vuelve un producto de primera necesidad apetecible para los contrabandistas.
Paralelamente también se pudo determinar que dicho vehículo no correspondía con la matrícula y documentación exhibida, tratándose de un vehículo de origen brasileño. El hombre fue procesado con prisión, mientras el vehículo y la mercadería resultaron incautados.
INTERNOS DEL COMCAR RECONSTRUIRÁN LOS “BANCOS VARELA”
Los reclusos de la Unidad de Santiago Vázquez refaccionarán y rediseñarán los añejos bancos de la escuela vareliana, a través de un convenio que prevé extender este trabajo al resto de las carpinterías de las cárceles en todo el país.
El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, resaltó que el acuerdo permite “seguir construyendo acciones entre ambas partes y abre puertas para un futuro trabajo coordinando”. Por su parte, Patricia Peralta, en representación del Patronato señaló que los trabajos comenzarán en el taller de carpintería de la Unidad de Santiago Vázquez, “pero el objetivo es extenderlo al resto de las unidades penitenciarias del país. La particularidad del convenio es que los internos podrán ver que sus trabajos están en las escuelas donde tal vez estudien sus hijos”, acotó. La ANEP y el Patronato suscribirán además convenios complementarios para la adquisición de productos fabricados en los centros penitenciarios, como bloques y ladrillos con destino a las obras de infraestructura edilicia, y la contratación de personal –por un año-- para desempeñar funciones en los centros educativos.