Opinion | 01 Mar La ecuación gastos-ingresos es sin dudas uno de los aspectos que signa la gestión de todo gobierno en lo que refiere a los números macroeconómicos, que se traduce eventualmente en un equilibrio, en déficit o en superávit fiscal, de acuerdo a la tendencia de esta ecuación, pero naturalmente, no todo debe reducirse a números, sino que está en juego el diseño y la ejecución de políticas sostenidas en base a las correspondientes dotaciones presupuestales, previsiones y gastos rígidos que asuma el Estado.
Por lo pronto, debe tenerse presente que no existe en ningún lugar del mundo gobiernos que hagan milagros, porque además por regla general quien ingresa a un cargo electivo, aunque más no sea por instinto de supervivencia, trata de hacer las cosas lo mejor posible, sobre todo cuando debe comparecer ante la ciudadanía y dejar su suerte librada al voto popular.
El punto es que esta obligación de rendir cuentas cada cuatro o cinco años, de acuerdo al país que se trate --son cinco años en el Uruguay-- también condiciona severamente el margen de acción, porque están en juego intereses político-electorales, y lo que se haga por ejemplo en el último año de gobierno generalmente incide sobre el talante del cuerpo electoral, y hay por lo tanto fuerte inclinación al aumento del gasto público para atender planteos voluntaristas que rindan votos en la próxima consulta popular.
En nuestro país estamos precisamente en año electoral, y no es buen momento por ejemplo para promover medidas de gobierno que rindan sus frutos a mediano o largo plazo, sino que desde el oficialismo y la oposición se lanzan planteos para causar impacto en la opinión pública en el corto plazo. Es en este período tan especial y precario que el ciudadano debe discernir entre la sustancia y la espuma inherente a toda lucha electoral, para no quedar envuelto en este juego perverso de acusaciones, contraacusaciones, iniciativas lanzadas alegremente al viento, muchas veces sin mucho asidero, y las críticas que con mayor o menor fundamento le salgan al paso a quien propone algo que sacuda la campaña.
Pero cuando ingresamos en el plano de la ecuación económica, de los recursos que se captan y del gasto del Estado, se entra en un terreno muy delicado. Primero, porque a nadie le gusta pagar impuestos, y segundo, a quien paga mucho menos le hace gracia que el dinero que obtiene no sin poco esfuerzo se gaste a la ligera por los gobernantes a los que le ha tocado administrar los recursos que son de toda la comunidad.
Ergo, en lo que debería tenerse especial cuidado en la evaluación por el ciudadano, tanto como la situación fiscal, es en la calidad del gasto, y sobre todo, discernir entre lo que es una coyuntura y el escenario estructural del país. Es decir los condicionamientos que se tienen por ejemplo en servicio de deuda y gastos fijos de funcionamiento del Estado, que están por encima de la coyuntura, porque se dan tanto en bonanza como en crisis.
En situaciones de relativa bonanza, como la que todavía tenemos, el hacer frente a estos compromisos fijos, como los salarios públicos y las pasividades a través de las transferencias desde Rentas Generales, se puede absorber sin mayor zozobra, pero cuando se ingresa en un escenario de crisis, como nos ha tocado vivir no hace mucho a los uruguayos, este compromiso puede corroer las entrañas de la economía, porque la actividad no alcanza para obtener una recaudación con la que atender ese gasto comprometido.
Y si bien cuando se ingresa en estos desfasajes, el común denominador es generalmente la búsqueda de más recursos mediante la implantación de nuevos impuestos o de incrementar los ya existentes, la consecuencia directa de esta voracidad fiscal es condicionar seriamente el desempeño de los sectores reales de la economía, de los que generan la riqueza, porque no se baja el gasto, se afecta la rentabilidad de las empresas, hay más desempleo, caen los salarios y se pierde calidad de vida.
Lo ideal, sin dudas, es llegar a un equilibrio en la ecuación gastos-ingresos y en lo posible actuar en forma contracíclica, es decir resistir la tentación de gastar lo que ingresa de más durante la bonanza, para obtener un colchón de recursos y margen de maniobra para atemperar los efectos de las crisis, como que debe hacerse en toda circunstancia, en lugar de vivir el momento, que es lo que no se ha hecho tampoco durante las dos últimas administraciones.
Ello explica, ante el porfiado déficit fiscal, que se esté hablando de impuestos que llevarían al aumento de la carga tributaria casi a la altura de un país desarrollado, pero solo para seguir dando servicios propios de naciones africanas, mientras ni se menciona priorizar la calidad del gasto para optimizar el uso de los recursos.