Paysandú, Martes 04 de Marzo de 2014
Rurales | 27 Feb Catorce trabajadores del Instituto Nacional de Colonización (INC) que cumplían funciones en el Vivero Ros de Oger lograron una solución a sus reclamos y fueron presupuestados, tras cuatro años.
El asesor legal del mencionado grupo, Juan Lamas Eraso, dijo a EL TELEGRAFO que finalmente se arribó a tal resolución “contra la opinión del ex presidente del INC, Gonzalo Gagero, y el exintendente Julio Pintos que habían provocado un pase de los funcionarios hacia la Intendencia mediante un convenio en el que serían trasladados desde un ente autónomo hacia un gobierno departamental y que desde aquel entonces anunciábamos que legalmente no era correcto”.
El profesional detalló que “luego de realizado ese pase, comenzamos a hacer los reclamos respectivos para estos funcionarios, algunos de los cuales cuentan con más de 30 años de antigüedad”. Tras los planteos efectuados, “finalmente se nos dio la razón y los 14 fueron presupuestados, pero en aquel momento cuando los pasaron hacia la Intendencia, el INC decidió la presupuestación del resto de los trabajadores, dejando afuera únicamente a los 14 del vivero”, dijo Lamas.
El asesor legal recordó que “en ese momento peleábamos porque fueran considerados igual que los demás funcionarios, en tanto, por un pase en comisión nunca dejan de pertenecer al organismo de origen que es el INC”. Según Lamas, “antes de esto, en el año 2009, los amenazaron con un cierre del vivero y que se quedarían sin trabajo. Inclusive le propusieron formar una cooperativa y que dejaran de pertenecer a la plantilla activa del INC”.
Lamas resaltó que los funcionarios en cuestión “se abroquelaron en la lucha. Me dieron todo el respaldo y cada uno de los 14 estuvo preocupado por el otro”, además de destacar el rol cumplido “por el maestro Marcelo Noriega y el intendente Bertil Bentos que debió subsanar el error de su antecesor”. Este grupo reconoció que suscribieron tal contrato “para no perder la fuente laboral en su calidad de contratados”.
No obstante, el abogado informó que “luego de la presupuestación hay otras reivindicaciones que están presentando porque consideran que sigue existiendo una especie de persecución. Si bien los tuvieron que presupuestar por imperio de la ley, los están trasladando a lugares inhóspitos de trabajo, con viáticos diferentes a los que cobran otros funcionarios por igual tarea dentro del instituto”.
En tal sentido, dos delegados presentes en el estudio de Lamas explicaron que deben cumplir jornadas de trabajo por “más 21 días y solo seis en el mes estamos con nuestras familias”. El abogado aclaró que este grupo “queda a disposición de Colonización en la fracción que estén cuidando, por ejemplo en Rocha, por lo tanto sábado y domingo deben permanecer en el lugar porque es imposible que puedan volver”. “En los feriados no laborales tenemos que quedarnos igual”, calculando que en el mes trabajan más de lo estipulado, aseguraron.
Los funcionarios denunciaron además que cobran “un viático diferencial al resto de los trabajadores del INC”, que los perjudica en función de los traslados que deben efectuar hacia Paysandú, donde residen.
Finalmente, Lamas puntualizó que recibieron el apoyo del sindicato de los trabajadores de Colonización, nucleados en Afinco y de la Asociación de Colonos del Uruguay, “pero no del Pit Cnt”.
Los 14 relataron que la situación detallada “aconteció a vista y paciencia de las organizaciones sociales, sin que el Pit Cnt moviera un dedo para la defensa de las fuentes laborales de los compañeros sindicalizados, a pesar de que los trabajadores fueron a buscar su apoyo”.
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