Opinion | 03 Mar Recientemente la Comisión Permanente del Parlamento recibió al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, a efectos de dar cuenta de su gestión y evaluar los logros que entiende han sido alcanzados en su cartera, instancia en la que dijo no estar “eufórico” por los logros con los resultados de los programas sociales, pero subrayó avances en disminución de la pobreza en el país a partir de 2005.
El secretario de Estado reconoció que “hay un sector que ya salió de la pobreza pero que todavía es vulnerable. Lo dice Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) cuando agrupa a la población de toda América Latina y Uruguay tiene en efecto una población que ya salió de la pobreza y es vulnerable, pero es la más baja de América Latina e incluso es menor que en Argentina”.
Ocurre que más allá de la definición internacional de pobreza, que siempre puede tener aspectos discutibles, en nuestro país se ha tomado en cuenta para las estadísticas de salida de la pobreza elementos que son temporales, como la asistencia que precisamente otorga el Mides a través de canastas y pagos a familias incluidas en los programas por los que se canaliza esta asistencia.
Si bien no puede dudarse de los registros que indican que los ingresos que perciben estos núcleos familiares colocan a estas familias por sobre la línea divisoria, debe tenerse presente que todavía informes académicos indican que en Uruguay hay unas 400.000 personas que aunque han salido de esta franja aún viven con grandes dificultades el día a día, y a la vez hay cerca de 1,8 millones de uruguayos que tienen una, dos o más necesidades básicas insatisfechas.
Es de toda lógica que se razone que las transferencias monetarias que se efectúan en el marco de los programas asistenciales del Mides no necesariamente implican que se elimine la exclusión social, y tampoco que esa familia beneficiaria de estas transferencias no vuelva a atravesar la línea de pobreza hacia abajo, cuando se interrumpa una asistencia que no debería ser permanente, sino un elemento paliativo y generador de condiciones para que los beneficiarios lleguen a su autosustento, como debería ser.
Por otro lado, debe tenerse presente que las favorables condiciones en que se ha desenvuelto la economía en la última década, a partir de 2003, sobre todo, tras la aguda crisis de 2002 y al amparo de condiciones externas muy favorables para la exportación de productos primarios, como los granos y la carne, a lo que se agrega la madera, ha llevado a una mejora en los ingresos y calidad de vida de sectores de la población que habían resultado muy castigados durante la depresión. Es decir que como consecuencia del comportamiento de la economía, se ha registrado un derrame de beneficios económicos sobre todo el espectro socioeconómico, teniendo en cuenta que la economía obra como vaso comunicante, y hay un efecto multiplicador que reproduce riqueza. Pero existe a la vez un sector de la población que por su marginación o hábitos no ha mejorado sus condiciones a través de su esfuerzo, sino que total o parcialmente recibe transferencias del Estado, es decir con dinero de todos los uruguayos, a través de organismos del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, ello ha pesado en los porcentajes de ciudadanos que han salido de los niveles mínimos de pobreza para quedar por encima de este umbral.
Esta salida ha quedado registrada en las estadísticas y ha sido mencionada por voceros del gobierno y del propio Mides como un éxito de estas políticas sociales, pero entre otros aspectos debe considerarse que con estas transferencias miles de familias han quedado apenas por encima del umbral de pobreza, es decir que cualquier variación puede hacer que un porcentaje muy importante quede nuevamente por debajo, como dato estadístico.
El desafío radica en que esta mejora se pueda consolidar y persistir a futuro, lo que se logrará solo si se sostiene un crecimiento en la economía que permita mantener los niveles actuales de ocupación o mejorarlos. Tal como se han venido desarrollando los programas sociales, con algunas excepciones en cuanto a capacitación y apoyo a pequeños emprendimientos familiares, el asistencialismo solo significa una mejora efímera que se esfumará tan pronto se suspenda la asistencia, por la causa que sea, como podría ser una caída en la recaudación por un deterioro o una paralización de la economía.
Aparece por lo tanto como imprescindible consolidar y hacer sustentable esta mejora, porque cuando decae la economía los primeros que sufren son los sectores menos calificados y los empleos precarios, que son desempeñados precisamente en gran porcentaje por su quienes han quedado apenas por encima del umbral de la pobreza.