Opinion | 02 Mar El Poder Ejecutivo confirmó en la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores que no esperará a la Autorización Ambiental Previa (AAP) para firmar el contrato con la minera Aratirí. El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, reconoció que la empresa aún no entregó información a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre el mineroducto, el plan de cierre y su impacto urbano.
Por su lado, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y el subsecretario de la cartera, Edgardo Ortuño, fundamentaron las razones por las cuales el gobierno no aguardará a obtener la AAP para firmar el contrato con la minera.
Ortuño citó un informe del abogado Carlos Roselló, encargado de la Asesoría Jurídica del ministerio, que asegura que “es la actividad la que se condiciona a la autorización y no el instrumento jurídico”, en este caso el contrato, al tiempo que argumenta con la Ley de Medio Ambiente, que establece la necesidad de la AAP para ejecutar las actividades.
No obstante, el Artículo 25 de la nueva Ley de Minería de Gran Porte (MGP), señala que “las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes. Ninguna de las disposiciones contractuales podrá considerarse que exima al titular del proyecto de MGP del cumplimiento de las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”.
La firma del contrato sin la AAP, es una nueva presión para la Dinama, que ya había aprobado de forma exprés el proyecto de regasificadora en Puntas de Sayago, reconociendo la existencia de plazos muy cortos para la evaluación técnica, ante el apuro político por llevar adelante la iniciativa ubicada en la categoría “C”, que implica un impacto ambiental importante.
A pesar de tratar de posicionar a la investigación en los diversos niveles educativos técnicos e impulsar las propuestas terciarias para tal fin, en la práctica se hace otra cosa, en tanto debe enfrentarse un proyecto que mantiene aspectos de relevancia bajo un interesante signo de interrogación.
A la regasificadora y la minera, se suman el puerto de aguas profundas, la cuenca de Santa Lucía y UPM, entre otras, y si bien es una fortaleza la infraestructura destinada a la Dinama ante las últimas inversiones realizadas en un laboratorio instalado en el LATU, las debilidades pasan por la consideración hacia su trabajo técnico.
Mientras, la oposición reclama conocer los detalles del contrato que no serán divulgados hasta que sea firmado, de acuerdo a la ley. Las dudas existentes comprenden cuestiones formales, certificados notariales y qué se hará en cada predio. No obstante, el apuro por mostrar logros en el último año de gobierno frenteamplista se complementan con otras iniciativas que marcan el reloj electoral trabajando a contrapelo del técnico y ambiental.