Opinion | 09 Mar El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales respecto a las drogas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) --dependiente de ONU-- aseguró que Uruguay se encontraba en “completa contravención” con las disposiciones vigentes, tras aprobar el proyecto de ley que despenaliza la producción y distribución de la marihuana”. Según el equipo de trece expertos que integra la JIFE, la ley aprobada traería “graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido de cannabis entre los jóvenes”, solicitando a las autoridades uruguayas una consideración de “todas las consecuencias posibles antes de tomar una decisión”.
La Convención de Viena, firmada en 1988, prevé en su artículo 3° que los países firmantes deberán penar la “producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica”. La ley aprobada en el Parlamento, pone en manos del Estado la distribución del cannabis, en tanto que la producción queda a cargo de privados.
Una vez conocida la noticia, el presidente de la JIFE, Raymond Yans, se manifestó “sorprendido” por el hecho de que el gobierno uruguayo “haya decidido deliberadamente” ignorar las disposiciones de ese tratado.
Resulta que ahora la ONU se encuentra elaborando un documento que presentará en el marco de una reunión donde se evaluará el incumplimiento de los objetivos para la lucha mundial contra las drogas, en los próximos días en Viena.
El informe de 22 páginas indica que “la ‘despenalización’ del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de ‘descongestionar’ las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación”. No obstante, aclara que la despenalización no supone legalizar ni liberar el acceso a las drogas, que solo se utilizará con fines médicos o científicos pero no recreativos. En el año 2009 se lanzó un ambicioso objetivo para “eliminar o reducir considerablemente” la oferta y demanda de drogas hasta 2019. Por el momento, está muy lejos de cumplirse y con la declaración que está elaborando, la ONU pretende dar un paso hacia ese reconocimiento.