Opinion | 10 Mar El secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, afirmó en una entrevista radial que el “gobierno no ha hecho mucho” para tener “un Estado ágil”, porque en los hechos no ha concretado “ningún tipo de política” en ese sentido. Alcanza con recordar que el anuncio de llevar adelante “la madre de todas las reformas” data desde el primer día del gobierno de Tabaré Vázquez y hasta el momento se ha logrado un Estatuto que establece un mínimo de ocho horas laborales diarias para los nuevos contratados y un régimen de sanciones de hasta 10 días, sin necesidad de un sumario previo.
En tanto, el presidente José Mujica señaló en una entrevista con el diario El Mercurio de Chile que los funcionarios públicos “no pueden durar más de 10 o 15 años en su puesto. Que venga otro, y otro, rotando”. No obstante, tras el polémico cierre de Pluna y su –no menos polémico-- aval otorgado por el Banco República que derivó en la renuncia de Fernando Lorenzo al Ministerio de Economía, Mujica se negó a remover a Fernando Calloia. “Habrá que hablar con él porque ya tiene 42 años de banco. Pero estamos convencidos que humanamente está más allá de estas circunstancias”, dijo el mandatario y elogió el desempeño del actual presidente del BROU. Calloia no pertenece a una generación de puestos rotativos, ni tampoco al mandatario se le hubiera ocurrido atar aquellas declaraciones con éstas.
Los tiempos políticos y electorales influyen de manera insoslayable al momento de adoptar una solución que demuestre que con la burocracia engreída se puede hacer algo. Es casi como creer que se puede impulsar una carretilla con un solo brazo.
En un país donde las culpas por la ineficiencia y la mala gestión se atraviesan como dardos en el camino que el contribuyente debe transitar entre ventanilla y ventanilla para seguir esperando, hay muy pocos que han realizado una autocrítica positiva. Mientras tanto, se sigue pensando que esos funcionarios únicamente se encuentran detrás del mostrador de una oficina. Cabe recordar que también están instalados en el Parlamento y en Presidencia.
Si por tener un “Estado ágil” se entiende la inclusión de nueva tecnología, la eliminación de trámites innecesarios y el control de los “ñoquis”, entonces resta bastante camino por recorrer.
El punto es tratar de introducir cambios profundos sin que existan amenazas tales como que “el gobierno debe atender los reclamos de los trabajadores porque así como hace un año estas cosas en Brasil no pasaban es probable que puedan pasar aquí”. Esas palabras de López anunciando que en Uruguay podrían ocurrir movilizaciones similares a las que se llevaron adelante en el país norteño con muertos, heridos y una nación paralizada a mediados del año pasado, dan cuenta del grado de pirotecnia verbal existente.
Ese “mientras tanto” es lo que cuenta. Y por ahora confirma la presupuestación de 2.600 nuevos funcionarios, tarifas caras, falta de competitividad con el resto mundo y un alto costo para el país, sostenido por burócratas.