Opinion | 08 Mar En las últimas horas se supo que el exintendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral (Partido Socialista), fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y público, junto a la directora de Acondicionamiento Urbano de su gestión y el esposo de ésta, un arquitecto que dirigió obras de refacción del Museo Agustín Araújo y en el Cine Teatro Municipal, realizadas en 2008.
El procesamiento se basa en que la directora de Acondicionamiento Urbano contrató para realizar las obras a la empresa en la que trabajaba su esposo, quien además había sido director de Cultura de la comuna entre 2005 y 2006.
Si bien los implicados declararon que el arquitecto era un asesor honorario de la empresa y que no daba órdenes, en el juicio surgió lo contrario, pues se probó que fue el técnico responsable de la obra (“brindaba sus opiniones y formulaba instrucciones”) y él mismo había elaborado los planos del proyecto de refacción de la obra cuando se desempeñó en la intendencia, según consta en el auto de procesamiento al que accedió El Observador.
Asimismo, la jueza penal Mariela Tejera afirmó que en los siete meses en que trabajó en la intendencia, “elaboró un anteproyecto aconsejando la remodelación del Teatro Municipal”, por lo que a su juicio existió “una confusión entre el interés público (…) con otro interés de carácter particular o privado, en asuntos sometidos a su responsabilidad por razón de su cargo”.
Paralelamente, el intendente “estaba en pleno conocimiento del vínculo matrimonial existente” entre la jerarca y el arquitecto y éste “con aquiescencia del jefe comunal, tomó decisiones sobre los recursos humanos y materiales de la comuna”, en tanto respecto a la directora municipal, la jueza dijo que tuvo “la intención directa e inequívoca de beneficiar a la empresa con la cual su esposo mantiene hasta el presente vinculación laboral”.
La jueza evaluó que en el transcurso de la obra se produjo un incendio en las instalaciones del cine, causando daños en varios sectores, “debido a una falta de prevención y seguridad por parte de los responsables de la empresa”. Agregó que si bien en caso de incumplimiento el pliego preveía una multa del 10% de la oferta aceptada, no se cobró a la empresa.
Evidentemente, de la indagatoria y auto de procesamiento se desprende que hubo hechos irregulares que no son menores en esta instancia, por más que el Partido Socialista se haya solidarizado con el exjerarca.
Así queda en claro que en el ejercicio de la función pública se cometen errores, se está sujeto a tentaciones de pasar por arriba de las normas pese a que éstas están precisamente para evitar conjunciones de intereses como en el caso que nos ocupa.
Pero además, que la honradez y transparencia no es patrimonio de ningún partido político e ideología, y que de una forma o de otra, hay muchas maneras de meter la mano en la lata, como decía Tabaré Vázquez.