Opinion | 10 Mar Cuando el Uruguay ha sufrido en los dos últimos meses un recrudecimiento de la inflación, equivalente al 50 por ciento ya a la de todo el año anterior, corresponde tener presente que de acuerdo al informe Global de Competitividad 2013-2014, países como Ecuador, Georgia, Macedonia, Botswana, Croacia, Rumania, Armenia y las islas Seychelles superaron a Uruguay en lo que refiere a la competitividad, por lo que ha retrocedido al puesto número 85. Todos esos países estaban más abajo en el ranking 2012-2013, cuando Uruguay ocupaba la posición 74, pero ese lugar ya representaba una pérdida de competitividad respecto al informe anterior, cuando era el 63° del ranking.
Este informe, divulgado el año pasado, habían generado malestar en el gobierno, que ha rechazado también un documento presentado por gremiales empresariales cuestionando las políticas del gobierno que han deteriorado la competitividad, por lo que en buena medida este informe respalda la postura de las gremiales y agregó un elemento que implica cuestionamientos a esa gestión.
Precisamente el escenario a que hacemos referencia tenía lugar en el país al iniciarse el cuarto trimestre del año, cuando las cinco principales cámaras empresariales del país presentaron un crítico informe sobre competitividad que generó molestia en el Poder Ejecutivo. Allí se identificaban entre los factores que afectan a las empresas el gasto público, tipo de cambio real, inversión pública, regulaciones, relaciones laborales, ciencia, tecnología e innovación, inserción internacional, educación y seguridad.
El punto es que entonces el gobierno, a juzgar por los hechos registrados desde entonces, desestimó el informe de referencia, por cuanto poco y nada ha cambiado, desde que a un aumento significativo del dólar le ha seguido un recrudecimiento de la inflación en el Uruguay, y por lo tanto los dólares que se transforman en pesos rinden menos o lo mismo que antes de la devaluación gradual de nuestra moneda.
La constante ha sido que integrantes del equipo económico indiquen que no hay responsabilidad del gobierno en lo que refiere a la competitividad, al punto que el ex titular de Economía, Fernando Lorenzo, expresó en un foro que el problema pasa por la falta de productividad de las empresas y no por consecuencias de la política económica.
Mucho mejor hubiera sido asumir realmente las responsabilidades de medidas de gobierno, que las hay, y muchas, pero sobre todo apuntar a corregirlas, pese a los costos políticos iniciales que tales acciones invariablemente tendrían, porque siempre estamos hablando de afectación de intereses de un lado o de otro, pero en este caso con las miras puestas en reactivar al sector exportador que incorpora valor agregado, es decir mano de obra nacional.
Debe tenerse presente que el índice global define a la competitividad como “la serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.
La desmejora de Uruguay en el nuevo ranking, que incluye a 148 países, se debe a una combinación de factores que incluyen “un deterioro de las condiciones macroeconómicas, una alta tasa de inflación que afecta el acceso a la financiación en el país, las condiciones laborales restrictivas y las debilidades en la calidad de educación y la capacidad de innovar”, de acuerdo al informe de referencia.
La suba que ha registrado últimamente el dólar en el Uruguay, sobre todo en los últimos meses de 2013, ha mejorado la relación cambiaria para los exportadores, pero el rebrote inflacionario equivale a un incremento de costos y por lo tanto erosiona esta mejora en la competitividad.
Que no es solo tipo de cambio, pese a que este factor tiene gran influencia, sino que se trata de los costos que se aplican a los productores de bienes y servicios por los precios de la energía, otros servicios, insumos, cargas sociales e impuestos, además de la logística que incrementa costos de transporte, como elementos principales en una “canasta” que atenaza el desenvolvimiento de la actividad exportadora, pero que además afecta a quienes deben competir con los productos similares que ingresan desde el exterior.
Pero lo que es peor, la sola enumeración de los factores en juego permiten visualizar que el margen de maniobra del gobierno para incrementar la competitividad es muy acotada, salvo medidas puntuales para algún sector específico, por cuanto sigue manejándose el ancla cambiaria contra la inflación, y el gasto público conlleva necesidades fiscales que hacen que tampoco se pueda hacer mucho por el lado de los impuestos, si realmente no se reduce y racionaliza el gasto estatal.